Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Autonomía

Durante largas décadas, los partidos de izquierda se presentaron en este país como los más férreos defensores de la autonomía de la enseñanza. La lectura que tradicionalmente hicieron del artículo 202 de la Constitución los llevó a rechazar de plano cualquier “injerencia de los políticos”, no sólo en el nivel universitario sino también en lo que suele llamarse la “educación básica”, es decir, la primaria y la media.

Durante largas décadas, los partidos de izquierda se presentaron en este país como los más férreos defensores de la autonomía de la enseñanza. La lectura que tradicionalmente hicieron del artículo 202 de la Constitución los llevó a rechazar de plano cualquier “injerencia de los políticos”, no sólo en el nivel universitario sino también en lo que suele llamarse la “educación básica”, es decir, la primaria y la media.

Pero esta realidad ha cambiado hasta un punto que sería difícil de creer para cualquier defensor de aquella vieja bandera. Una buena prueba al respecto es una noticia recientemente divulgada por la prensa. Según se informó hace unos días (la cita está tomada del diario El Observador) “el presidente José Mujica dio la orden a sus ministros y a las autoridades de la educación de que de ahora en más no cedan en ningún aspecto de la negociación con los profesores de Secundaria, que están en conflicto por el método de elección de horas docentes”.

Que el presidente de la República dé una orden a un ministro está dentro de las reglas de juego usualmente aceptadas por los uruguayos. Pero que el presidente de la República dé una orden concreta a “las autoridades de la educación” (es decir, a los miembros del Codicen y de los consejos desconcentrados, en este caso el Consejo de Secundaria) hubiera resultado escandaloso a ojos de la izquierda tradicional. Sin embargo, en este inicio del año 2014 no se escuchó una sola voz de protesta. Ninguno de los legisladores del Frente Amplio, ninguna autoridad de ANEP, ningún dirigente sindical, ni siquiera la relativamente díscola Constanza Moreira tuvieron nada que decir acerca de esta noticia. El gobierno, por lo tanto, no tuvo necesidad de salir a rectificar ni a dar precisiones.

Esta situación hubiera sido impensable hace apenas diez años, pero hoy no resulta tan sorprendente. En el transcurso de los dos gobiernos frentistas, la izquierda parece haber ido aceptando la idea de que, después de todo, “la injerencia de los políticos en la educación” no es algo tan malo como parecía. Y además ha tomado decisiones en perfecta coherencia con esa evolución.

El primer cambio importante fue la creación del Plan Ceibal. Como se sabe, ese Plan se ejecutaba inicialmente en las escuelas dependientes de ANEP (ahora también en instituciones de enseñanza media) pero el presupuesto y la capacidad de decisión están en Presidencia de la República. Más adelante se incorporaron otras iniciativas que también impactan sobre el funcionamiento cotidiano de los centros educativos, pero implican la intervención del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Programa Maestros Comunitarios, iniciado en 2005, y el Programa Formación Profesional Básica, creado en 2007, son co-financiados por ANEP y el MIDES, que interviene en la ejecución. El Programa Compromiso Educativo, aplicado desde 2011, incluye un programa de becas financiado por el Ministerio de Educación y Cultura: el MEC aporta el dinero y las condiciones de otorgamiento, pero el gasto se ejecuta en ANEP.

Parecería que, después de tantos años, en todos los partidos se acepta que “los políticos” no son una suerte de agente tóxico, sino los representantes de esa misma ciudadanía que financia la enseñanza y se beneficia o se perjudica con los resultados.
Este es un elemento central del nuevo consenso que se está creando en materia educativa.

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