PABLO DA SILVEIRA

La retórica del ministro Ehrlich se va afinando. Hace unas semanas hablaba de trabajar en "el límite de la autonomía". Últimamente ha manejado la posibilidad de "poner un pie más allá del borde". Si sigue por este camino, en poco tiempo estará hablando de dedos y de uñas.

Estas sutilezas serían innecesarias fuera de fronteras. Lo que Ehrlich está sugiriendo con tanto prurito es lo más normal del mundo: dado que es el ministro de educación, aspira a incidir sobre la enseñanza. Así es como funcionan todas las democracias, menos la uruguaya. Aquí tenemos un mal llamado régimen de "autonomía" que deja fuera de las decisiones importantes a los representantes de la ciudadanía.

La autonomía charrúa va mucho más allá de una sana protección de las decisiones técnicas que todos aceptamos. A nadie sensato se le ocurre que los políticos deban seleccionar materiales didácticos o dar orientaciones pedagógicas a los docentes. Discutir como si alguien defendiera esas ideas es levantar cortinas de humo.

La verdadera cuestión es quién debe definir las orientaciones fundamentales del sistema educativo. Por ejemplo, quién debe fijar los grandes objetivos estratégicos, quién debe establecer las prioridades presupuestales y quién debe dar la aprobación final a los planes de estudio (que siempre serán elaborados por especialistas).

En el mundo democrático, esas tareas las cumplen los ministros de educación bajo control parlamentario. Pero en Uruguay lo hacen unas autoridades que no rinden cuentas a nadie. Esas autoridades administran una inmensa cantidad de dinero que se extrae a los contribuyentes y toman decisiones que afectan gravemente a cada nueva generación de uruguayos. Sin embargo, consideran "un atrevimiento" (como dijo una de ellas hace pocas semanas), que alguien pretenda fijarles metas o controlar sus resultados. Dos argumentos suelen emplearse para justificar este estado de cosas. El primero dice que así se impide la politización de la enseñanza. El segundo dice que así se mejora la calidad de las decisiones. Pero ambos son falsos.

Como todos sabemos, la enseñanza uruguaya está profundamente politizada. Y lo peor es que se trata de una politización semi escondida, alimentada por decisiones que se toman entre cuatro paredes. En las democracias "normales" se reconoce que las decisiones educativas pueden tener un fuerte impacto político y por eso se las somete al escrutinio público.

En cuanto al argumento que apela a la calidad de las decisiones, las cosas están muy claras. La calidad de las decisiones se juzga por sus frutos, y los que cosechan las autoridades autónomas son cada vez más amargos. En particular, son mucho peores que los que logran otros países donde la enseñanza está bajo el control del sistema político. Todo lo que el ministro Ehrlich ha dicho en estos días suena sensato. Lástima que practique el doble discurso típico de la izquierda uruguaya y se sienta obligado a defender públicamente un régimen que ya casi nadie defiende en privado. La dirigencia frentista le haría un gran favor al país si admitiera de una vez que llegó la hora de revisarlo.

"Como todos sabemos, la enseñanza uruguaya está profundamente politizada".