Tras la toma de la Bastilla, Luis XVI -de apellido Capeto- se vio obligado a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, y hasta aceptó que le retirasen la pomposa denominación de Rey de Francia y Navarra para convertirlo solo en “el Rey de los franceses” y más tarde en el simple ciudadano Capeto.

Cuando le tocó, también aceptó su trágico destino.

Siguiendo las órdenes de la Asamblea, Luis se trasladó a las Tullerías en París para mantenerse al frente de esta nueva monarquía constitucional. Todo parecía que marchaba hacia un sistema de gobierno parecido al británico -aunque los franceses habían optado por una Asamblea unicameral, en lugar de la bicameral inglesa que mantenía los privilegios de los aristócratas- hasta que el 20 de junio de 1791 la familia real intenta escapar a Austria.

Los monarcas fueron reconocidos en una taberna de Varennes y aunque una guardia de leales seguidores se ofreció a defender su huida, el Rey se opuso a todo derramamiento de sangre y fue conducido una vez más a París.

Este intento de evasión creó susceptibilidades entre las fracciones más enardecidas que deseaban proclamar una república como la norteamericana. El hallazgo de una carta que dio cuenta de un intercambio epistolar que el Rey mantenía con Austria y Prusia, con el objetivo de restituir un régimen absolutista, fue tomado como una clara intención de traicionar a la patria y, sobre todo, a sus nuevas instituciones democráticas.

En septiembre de 1791, semanas después de su fallida huida, el Rey pronunció un aclamado discurso reconociendo la nueva constitución que le concedía al monarca el derecho de vetar leyes proclamadas por la nueva Asamblea legislativa. Haciendo uso de esta prerrogativa vetó la ley que condenaba a muerte a los nobles emigrados y la norma que exigía al clero prestar juramento de lealtad ante la Asamblea.

Obviamente estos vetos no le fueron simpáticos a los grupos más radicales, que atacaron las Tullerías cuando Austria y Prusia invadieron Francia con la intención de reinstaurar una monarquía absolutista. Ante esta agresión, la Asamblea suspendió las funciones del monarca y proclamó la República.

En el seno de la sociedad se estableció un intenso debate sobre el futuro del Rey. Por un lado, Robespierre, al frente de los jacobinos, sostenía que el Rey debía morir, mientras los más moderados o girondinos, con Danton a la cabeza, proponían un juicio y sostenían que los delitos debían imputarse.

Cabe destacar que Robespierre había adquirido cierto prestigio como abogado por su posición contraria a la pena de muerte. Mientras tanto el Rey y su familia fueron alojados en la tenebrosa prisión de Temple. Un año más tarde el ciudadano Capeto fue juzgado por atentar contra los legítimos órganos de gobierno, haber usado al ejército contra el pueblo, intentar corromper a miembros de la Asamblea y apoyar la intervención armada al país, además de desviar fondos del gobierno francés con destinos dudosos.

El Rey rechazó los cargos -presentados por el fiscal Fouquetenville con la forma “Luis, la nación francesa os acusa”- y negó la legitimidad de algunos documentos presentados como prueba de su venalidad.

Pero bien sabía el ciudadano Capeto que su condena ya estaba escrita. “No espero convencer a los diputados ni tampoco conmoverlos” dijo, y destacó que todo su accionar se basaba en su profundo amor a la patria.

Robespierre se encargó de rebatir los argumentos presentados por la defensa y el 15 de enero los 691 miembros de la Asamblea votaron la culpabilidad del ex monarca. Solo 13 se abstuvieron y ninguno votó en favor del ciudadano Capeto.

Su culpabilidad fue votada a viva voz: 387 fueron a favor de aplicar la pena capital, 28 propusieron indultar al Rey y 334 votaron en contra de la ejecución. La suerte estaba echada y así se lo hicieron saber a Luis XVI en la prisión de Temple. Éste no mostró sorpresa ni contrariedad, estaba dispuesto a aceptar con dignidad su terrible destino.