Uruguay se encuentra en un momento de tensión política particular. Esta tiene su foco inicial en la activación del recurso de referéndum contra la Ley de Urgente de Consideración, impulsado por el movimiento sindical con apoyo del Frente Amplio.

Esta instancia electoral agita las aguas políticas y genera en su órbita un sinfín de conflictos, cuyo principal objetivo es alimentar el debate y presión sobre el gobierno. En este marco es que se ha desarrollado la paralización del Puerto de Montevideo, el conflicto de UPM y seguramente sigan sucediendo otros eventos que contribuyan a este ambiente. Naturalmente el oficialismo defenderá intensamente su accionar y ello también incrementará la tensión política.

La situación referida no es grave ni extraña, es lo que acontece en cualquier campaña electoral y lo real es que estamos en campaña.

Afortunadamente, Uruguay posee actores políticos e instituciones que responderán de manera superlativa a estas tensiones. Seguramente -salvo algún episodio aislado- no se pondrá en riesgo de manera alguna la pacífica convivencia de nuestro sistema político y sociedad.

Sin embargo, el daño colateral de este ejercicio democrático es que gran parte de nuestro sistema político estarán por casi un año con foco y dedicación a esta batalla electoral, quitando la atención de las reformas que el Uruguay necesita hace décadas.

En este sentido, es central que el Poder Ejecutivo no distraiga sus esfuerzos en seguir promoviendo cambios y reformas. Dado que seguramente no sea el momento de grandes modificaciones, el Poder Ejecutivo debería iniciar una avalancha de micro medidas con dos objetivos: i) iniciar un cambio cultural estatal y ii) simplificar y aliviar la vida de los administrados.

Esta avalancha de cambios debería consistir no en crear o generar nada nuevo, sino por el contrario un mandato concreto y preciso a cada ministerio y organismo estatal de eliminar inútil burocracia estatal.

Cada jerarca máximo del Estado debería determinar cien derogaciones o simplificaciones a requisitos, normativas, procedimientos, tasas, formalidades, comunicaciones, avisos, autorizaciones, formularios, agendas, formas de pago, etc. que le faciliten la vida a las personas y empresas.

Quizás sea el momento de quebrar esa inercia inflacionaria normativa y que la reforma sea eliminar, derogar, simplificar. El Estado uruguayo vive e influye en cada actividad y rincón de este país. Quizás podamos aprovechar la coyuntura, para, con simples actos administrativos sobre temas menores, alcanzar un cambio cualitativo en la relación del Estado con las personas.

Un certificado notarial menos, un documento que en vez de procurarlo el ciudadano lo hace la propia administración, eliminar una tasa, sustituir un permiso presencial por una declaración jurada web, buscar cada uno de los miles de absurdos requisitos o procedimientos que existen en el Estado y desterrarlo.

Una avalancha de micro reformas, puede provocar una gran reforma, pero requieren de foco y presión del Poder Ejecutivo sobre cada jerarca, ya que al final del día, nos será más que una primera batalla contra nuestro ADN regulatorio, en vez de aprobar, derogar.