El sistema político uruguayo discute con pasión cual debe ser el rol y dimensión del Estado. Este asunto es central en el debate político nacional y un elemento que organiza ideológicamente a los jugadores políticos y ciudadanos todos.

Sin embargo, es un debate excesivamente ambicioso en el actual “status” de nuestro país. El drama del funcionamiento de nuestro Estado tiene raíces previas y mucho mas profundas a resolver, no relacionadas necesariamente con el tamaño y rol de este. En Uruguay se han cumplido las peores pesadillas de Max Weber o Robert Merton en relación con las consecuencias indeseadas de la organización burocrática.

Sea cual sea el devenir del tamaño del Estado y sus roles, nunca podrá estar a la altura de un país moderno, eficiente y desarrollado si la cultura Estatal sigue manteniendo una doble característica, cuya interacción es letal al momento de aportar valor. Por una parte, nuestros jerarcas públicos son reguladores compulsivos. Honestamente creen que generar regulaciones, un nuevo requisito, un nuevo sello, un nuevo certificado, un nuevo trámite es hacer una buena gestión. Tan es así que el propio parlamento nacional suele medir su productividad en cantidad de leyes aprobadas, como si aprobar leyes “per se” tuviera alguna virtud.

La excesiva aprobación de normas y regulaciones es un indicador que algo no marcha bien. Sistemas normativos simples y estables, son enormemente valorados, mientas que los sistemas normativos difusos y en constante cambios son considerados inseguros. A pesar de ello, en Uruguay festejamos cuanta mas cantidad de normas se aprueban en nuestro parlamento y los jerarcas sienten como una “cucarda” a su gestión si logran un nuevo permiso, autorización o sello a colocar.

Por otra parte, todo este cúmulo de nuevas regulaciones creadas y acumuladas de manera infinita una sobre otra, recaen sobre un aparato estatal en el cual prima la desidia y la ausencia total de eficiencia. Estos dos elementos combinados, condenan al Estado a no participar como debería en la generación de valor en los procesos económicos y sociales, por el contrario, el Estado forma parte de una red de obstáculos al momento de generar valor.

Esta red de obstáculos debe ser soportada tanto por actores privadas como por el propio Estado, que deben destinar miles de horas a cumplir con formalidades y procesos inocuos.

Toda organización posee culturas de trabajo y estas culturas de trabajo son entidades vivas que se transmiten de generación en generación. Así es que, en algunas organizaciones, el valor cultural es el sacrificio y la excelencia. Así recuerdo en unos de mis primeros trabajos, se me observó por no colocar los “ganchitos” de engrampadora alineados todos en un mismo sentido y ubicados en el mismo lugar en un “set” de documentos. Esa reprimenda -en una actividad elemental y básica- era sostenida cultural y éticamente por toda la organización, me enseño que la cultura de trabajo en ese lugar era apuntar a la excelencia y no había lugar para ser mediocre.

Tristemente nuestra cultura de trabajo Estatal se fundamenta en una máxima que uno escucha una y otra vez repetir, esta máxima pone una lápida en cualquier posible mejora en la eficiencia y calidad de los servicios que recibimos del Estado. Está máxima se puede resumir en una frase muy concreta; “si igual me pagan lo mismo”. La función pública en Uruguay es una vaca sagrada a la cual acceder permite asegurar la estabilidad económica para el resto de la vida, sin estridencias, sin variaciones, sin mucho esfuerzo y también sin demasiadas recompensas.

En definitiva, hemos creado una enorme estructura institucional con una gigantesca fuerza laboral, que prácticamente no tiene ninguna motivación para realizar su trabajo con eficiencia, dedicación y apuntar a la excelencia.

Es muy complejo que una organización de tal dimensión funcione adecuadamente si sus integrantes no están sometidos a premios y castigos. Esforzarse, dedicarse y trabajar comprometidamente vale lo mismo que no hacerlo, no hay premios para el excelente funcionario y no hay castigos para el mal funcionario; “si igual me pagan lo mismo”. Este diseño institucional tracciona en una cultura local la cual notoriamente no posee el nivel de exigencia autoimpuesta que pueden tener otras culturas. Obviamente, existen destacadísimos funcionarios públicos que conocemos en cada oficina pública, estos mismos deben soportar la desidia e ineficiencia de sus propias organizaciones. Y también existen “oasis” de eficiencia en el “Estado” que también conocemos, pero son eso, “oasis” en un desierto de desidia e ineficiencia. En general estos “oasis” se fundamentan en jerarcas excepcionales que contra viento y marea logran cambiar la cultura de su pequeño “oasis”.

Los desafíos culturales que presenta nuestra institucionalidad estatal son de una profundidad enorme, piedra angular de cualquier cambio estructural. Para los que creen que el Estado debe ser pequeño y con roles esenciales este es un asunto fundamental por resolver, pero para quienes creen en un Estado amplio este asunto es aún mucho más relevante ya que los recursos destinados y áreas de influencia son aún mayores.

En definitiva, los partidarios de un Estado mínimo como los partidarios de un Estado amplio tienen un imperativo previo, combatir las características culturales que hoy gobiernan a nuestro Estado, que a su vez son parte de nuestra identidad nacional. Si lo logramos, habrá sido la transformación más radical y removedora que haya tenido nuestro nuestro país.