Desde la Antigua Roma nuestra sociedad occidental mantiene una expresión que constituye un valor central cuando analizamos cuestiones de ética y probidad en el accionar de los ciudadanos.

Esta expresión completa de consideraciones morales aún es más relevante cuando nos referimos a la función pública; “no solo hay que serlo sino también parecerlo”.

Este concepto de “ser y parecer”, coloca la exigencia ética en que las conductas deban ser ajustadas a derecho y a la probidad media -en relación con lo que cada sociedad considera honrado en cada momento-. Adicionalmente y con especial énfasis en los servidores públicos, el serlo no es suficiente, también deben parecerlo.

Este “dicho popular”, además de tener un profundo raigambre cultural, también ha sido recogido de manera expresa por nuestra legislación. En tal sentido, el Artículo 13 de la Ley de Ética en la Función Pública, lo elevó a categoría de exigencia legal y el “parecer” es también una obligación jurídica.

El valor del “parecer” es central, ya que, constituye una polea de transmisión de la ética media en la sociedad. De esta manera los servidores públicos, proyectan en la sociedad la ética media y así constituimos nuestro sistema de premios o castigos morales. Miles de actitudes individuales y en particular la de los funcionarios públicos de proyección nacional, son claves en este proceso.

Todos sabemos que el Estado uruguayo, desde tiempos inmemoriales, ha estado plagado de clientelismo y nepotismo. Nadie se sorprendería si dijéramos que todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, según el momento histórico, su posición, jurisdicción territorial o jerarca de turno, han utilizado a diestra y siniestra los dineros y estructuras públicos para recompensar esfuerzos electorales, otorgar premios consuelos, hacer una “gauchada” o darle una mano a un familiar, amigo o correligionario. Seguramente parte del subdesarrollo del Uruguay se explica por la enorme inversión Estatal que se desvanece en vínculos que no generan valor alguno en la prestación de los servicios públicos.

Nadie esta libre de pecado en relación con este uso indebido, pero hasta hace pocos días, existía una línea que nadie se había animado a cruzar.

Si bien, todo el sistema participa en estas prácticas, con amplia complicidad cultural de la sociedad uruguaya, el sistema mantiene la vergüenza. O sea, estas prácticas se realizan bajo el manto de la opacidad o maquinando elaboradas justificaciones, en todos los casos parecer que son probos -aunque no lo sean- sigue siendo un objetivo en sí mismo.

Para un político uruguayo, el presentarse como ético y ajeno a las prácticas clientelisticas es un valor que intentan mantener y por ello se avergüenzan, disimulan u ocultan sus prácticas, al menos en el discurso público.

La situación descripta, es por sí misma desdeñable, por su hipocresía y daño efectivo. Sin embargo, mantiene intacto el “ser”, del “deber ser”; nadie cuestiona pública o éticamente que el clientelismo y amiguismo es algo efectivamente negativo para el desarrollo de la Sociedad.

Hace unos días, increíblemente y ante la sorpresa de demasiados pocos, la Ingeniera Cosse, ha cruzado todas las fronteras posibles y ha derribado la última trinchera ética; la de la “vergüenza”.

Esta ha justificado con orgullo y brutal honestidad, que una serie de vínculos que ha concertado la Intendencia de Montevideo, se deben a que; “ellos cuidaron a Tabaré toda su vida, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré”. Posteriormente, en nuevas declaraciones la Intendenta de Montevideo -luego de una justificación que parecía retomar las viejas tradiciones de no ser, pero parecer- vuelve a ratificar la motivación central; “no me voy a detener en mi forma de actuar porque tengo claros mis principios y mis lealtades”.

No queda duda que la posición de la Ingeniera Cosse es violatoria del Artículo 59 de la Constitución de la República, la Ley de Ética en la Función Pública y seguramente varias normas adicionales. El incumplimiento y falta legal en su accionar es notoria, aunque, no será la primera ni la última vez, que un político uruguayo incurre en referidas prácticas. Práctica frente a las cuales los uruguayos ya poseemos grandes dosis de anestesia.

El hecho nuevo y alarmante de la situación, no es el ser sino el parecer. Es la primera vez que un personaje público de primer nivel, seguramente el segundo jerarca mas relevante del Uruguay en simbolismo político, pretende naturalizar y otorgar valor moral positivo, a un acto que además de ilegal es tradicionalmente inmoral.

En Uruguay estamos acostumbrados a que muchos políticos no lo sean, pero al menos intenten parecerlo. Cuando el parecer probo y ético pierde relevancia y el jerarca pretende instaurar una nueva ética alternativa -la propia de sus intereses particulares- es que los cimientos de la República y el Estado de Derecho se ponen seriamente en juego.

El personalismo exacerbado de la Intendenta de Montevideo, yuxtapuesto a una carencia de valores republicanos, la ha transformado en una personalidad con peligrosas veleidades monárquicas -como los propios funcionarios TV Ciudad bromean en sus transmisiones-

La frontera que ha cruzado es legal y ética, sin vínculo partidario alguno. Es necesario una fuerte condena del sistema político, instituciones y ciudadanía. No tengamos dudas que, de no hacerlo, y triunfar la naturalización del ejercicio antojadizo del poder, habrá muchos -sin distinción de color- que se verán tentados en dar también un paso más y así abonar en la paulatina y lenta degradación de nuestros valores republicanos.

En definitiva, a la Intendenta de Montevideo la exhortamos a que, aunque no lo sea, al menos, intente parecerlo.