A quién le importa el cemento en días de tanta agitación política? ¿Por qué enfocarse en el pórtland de Ancap en estos momentos?

Es que tanto en los detalles de esta polémica entre gobierno y sindicato, como en el análisis de esta actividad, se explica mucho de los dramas actuales y de los desafíos que tiene el país por delante.

Tal vez el lector recuerde el episodio en el que un grupo de manifestantes se acercó al Presidente, de gira en Paysandú, y lo “apretó” por este tema. A lo que Lacalle Pou respondió con una oferta de reunión, que finalmente tuvo lugar esta semana. Al salir, el presidente del gremio de Ancap, Gerardo Rodríguez, dijo que “fue una reunión correcta y amena. Hablamos sobre el pórtland y las posibilidades que concebimos como país”. Pero agregó que “pensamos que hay un objetivo de desmantelar Ancap más que nada por el herrerismo”. Esto, según Rodríguez, porque ese sector del Partido Nacional se opuso a Ancap desde su creación en 1931.

Arranquemos por el principio. El “negocio” del pórtland es uno de los más ruinosos que haya acometido alguna vez una empresa pública. Ha perdido plata todos y cada uno de los últimos 16 años, en los que los uruguayos hemos tenido que cubrir pérdidas por US$ 211 millones.

En 2007, en pleno furor desarrollista del por entonces flamante gobierno del FA, se planificaron inversiones para potenciar la división cemento de Ancap. La idea era invertir poco más de 100 millones de dólares, pero entre pitos y flautas el gasto se nos fue a 251 millones. Entre estas inversiones planificadas en la era progresista se gastaron US$ 80 millones en un horno, que sería la clave para “dar vuelta la taba”. Nunca se instaló, sus piezas yacen en contenedores en Paysandú hace años, y se teme que se hayan perdido las garantías. Ponerlo a funcionar costaría al menos otros 100 millones de dólares.

Otro detalle interesante, cuando todavía era presidente de Ancap, la ingeniera Marta Jara había dicho que instalar ese horno no era viable, porque para poder llegar al punto de equilibrio, se tendría que poder exportar exactamente el doble de todo lo que produce hoy Ancap en cemento. ¡El doble!

El problema se agrava porque existen otras plantas de cemento en el país, que funcionan en régimen privado, que son rentables. Y que compiten con enormes ventajas en materia de costos. La rama de cemento de Ancap tiene más de 700 empleados, con todas las ventajas del régimen de trabajo estatal. Un ejemplo a la pasada: solo en horas extras, la empresa llegó a pagar más de 2 millones de dólares al año. Pasando raya entre este caos de números, la sociedad uruguaya lleva más de 16 años subsidiando una actividad que pierde plata sistemáticamente. Plata que además se debe sacar del precio de los combustibles, por lo cual eso golpea la competitividad de todo el resto del país.

Durante los gobiernos más afines con la manera de ver el país del sindicato, se realizaron inversiones pornográficas, que no solo no sirvieron para equilibrar los números, sino que dejaron en evidencia las ineficiencias y derroches típicos de las empresas que no arriesgan su propio dinero al gastar.

Mire, haga una simple comparación. Según los laudos del ministerio de Trabajo, un auxiliar administrativo gana al año como base unos 10 mil dólares. Solo con las pérdidas en cemento de Ancap, el estado podría haber pagado ese sueldo a 1300 personas al año durante los últimos 16. O sea un hotel Enjoy/Conrad entero, cuatro plantas como UPM Fray Bentos. Todo para mantener esos 700 puestos en Ancap.

Cualquier persona normal creería que con estos antecedentes, nadie se enojaría si los dueños de Ancap, o sea los uruguayos todos, dan a un nuevo gobierno instrucciones de terminar con esta sangría. Sobre todo ante los pésimos números generales de la economía. Y que los trabajadores del sector, pero sobre todo sus dirigentes sindicales que trabajaron ideológicamente codo a codo con quienes administraron la empresa los últimos 15 años, harían un modesto “mea culpa”, y tratarían de apoyar este proceso.

Pues no solo no pasa eso. Sino que el presidente del gremio, Rodríguez, dice que este gobierno, elegido por la gente, es “de derecha, neoliberal y autoritario” (todo con respeto, eso sí). Y amenaza que si la propuesta del gremio no es atendida, que pasa por volcar otro par de cientos de millones más para intentar equilibrar los números, la van a “defender en la calle”.

Esto muestra muy claramente el dilema político que vive el país en cuanto a las empresas públicas. Si en una donde el negocio es tan claramente ruinoso, donde se probó la receta desarrollista inversora, y solo se agravó el desastre, la reacción del gremio es insultar al gobierno votado por el pueblo y decir que si no hace lo que ellos quieren, va a haber lío en la calle. ¿Quién es el dueño de la empresa?

Si esta es la receta para el funcionamiento de las empresas públicas, en vez de ser un empuje articulador para el desarrollo nacional, más bien serán los zapatos de pórtland que nos hundan a todos.