¡Qué seguidilla! Antivacunas, periodistas, feministas radicales... Estas columnas definitivamente no están ampliando la base de amigos de este autor.

Y la de hoy no será la excepción, porque pensamos “meternos” con otro gremio que desde hace unos años se ha convertido en el rey del debate público: los economistas. Antes de que los amigos Munyo, Bonilla, Iturralde, Lema, De Haedo, y tantos otros empiecen a buscar números de sicarios en el 1122, permítasenos argumentar un poco.

En plena espiral de crecimiento de la pandemia, dos noticias forzaron a llevar la discusión del CTI al bolsillo. Primero, una encuesta de Cifra que reveló que a los uruguayos les preocupa más hoy la economía que el virus: 38% a 37%, con la salvedad de que algunas consultas se habrían hecho antes de este subidón en los casos. Pero igual es un número revelador.

La segunda, el aumento de las cifras de pobreza, que en Uruguay viene creciendo hace tres años, y en el último año habría afectado a unos 100 mil uruguayos más.

Esto generó una avalancha de diagnósticos, vaticinios y polémicas. Sobre todo por la salida de dirigentes de la oposición que usaron el dato para acusar al gobierno de no haber tomado medidas suficientes ante este problema.

Acá hay que hacer un corte. Porque una parte de esta dialéctica es lógica y razonable: el gobierno gobierna, y la oposición critica. Así funciona una democracia. Pero hay algunas críticas que resultan sorprendentes, viniendo de profesionales de la economía.

Lo primero que incomoda son evaluaciones de que si el gobierno hubiera gastado 0,5% más del PBI (o algo así), se habría evitado que tanto por ciento de la gente cayera en la pobreza. A ver... ¿hablamos de pobreza o de estadísticas? Porque todos sabemos que los quintiles y dólares por día son cálculos útiles y bonitos, pero que el que vive de changas en un “cante” no deja de ser pobre por 200 pesos más de asignación familiar.

El Estado puede ayudar un poco más o un poco menos. Pero la pobreza es otra cosa. Y así como esos números daban lindo hasta hace poco por malabares estadísticos, el sacudón de la pandemia dejó en claro que la pobreza en el país, pese a 15 años de bonanza, seguía ahí... latente y lacerante.

Un segundo tema tiene que ver con que hay varios casos donde los mismos que piden que el gobierno encierre a la gente, se quejan de que aumenta la pobreza. ¡Una cosa es consecuencia de la otra! Muy lindo reclamar ayudas, rentas universales y eso, pero salir de la pobreza de manera genuina implica ser autosuficiente.

Un detalle. Los sectores más pobres, los que viven del día a día, entienden esto a la perfección. Y hoy ven que quien defiende que puedan salir a trabajar es el gobierno, mientras que la oposición que se autodefine como portavoz de los humildes, los quiere encerrar y tirarles una limosna. Tema que puede tener gran impacto político a futuro.

Hay un tercer asunto donde la postura de algunos economistas resulta difícil de entender, al menos para un abogado/periodista con cabeza de almacenero. Y son esas salidas que llaman a gastar, sin medir consecuencias. “No hay que ser tímido para gastar”, dijo Astori. Y para justificarlo se basan en análisis de la Cepal (nada menos), o en lo que hacen otros.

Pero no es lo mismo. En Uruguay en 2019, gobierno del FA y antes de la pandemia, el Estado gastó unos 1.700 millones de dólares más de lo que ingresó. Año en que exportó de carne menos de mil millones, para tener una comparación. El resto lo pagó con deuda, atada a un interés que depende del grado inversor, que estamos a punto de perder.

Pero hay otro agravante. Hay países que tienen cargas tributarias más bajas, y se pueden dar el lujo de gastar porque en el peor de los casos, suben algún impuesto y equilibran. ¿Alguien cree que en Uruguay hay margen para eso? Alguien razonable, no gente como Andrade o Olesker que deliran que está lleno de millonarios escondidos a los que fajar.

¿En qué momento se volvió impune gastar más de lo que se tiene? ¿Qué teoría económica justifica agrandar el pufo de las cuentas públicas, en medio de una tormenta que no se sabe cuándo termina?

Hasta acá son dudas económicas, que bien pueden atribuirse a la ignorancia de este autor. Aunque, perdonen la desconfianza, 2+2 seguía siendo 4 la última vez que revisamos. Pero hay otra que es política. Dirigentes de la oposición argumentan que el gobierno hizo un “ajuste” para perjudicar a los pobres. En una democracia, donde el poder político se gana con votos, ¿quién sería tan idiota de, por gusto, perderse el favor de las “amplias masas populares”? Los partidos hoy en el poder tienen casi dos siglos de historia, y parecería que aspiran a seguir en la vuelta un tiempo más. ¿Qué los llevaría a hacer algo tan tonto? De nuevo, atribúyalo si quiere a la burrez de este escriba, pero no encontramos respuesta racional a estas preguntas tan obvias. O que, al menos, deberían serlo.