Martín Aguirre
Martín Aguirre

Vacuna obligatoria

La pandemia nos está llevando a agotar la palabra “récord”. Récord de casos, récord en el CTI, récord de muertes... Acosados los periodistas por el dilema entre impacto y rigor, hay otro récord que no tiene tanta difusión, el de las vacunas.

Entre jueves y viernes se vacunaron 70 mil personas, y ya se ha alcanzado a casi el 10% de los uruguayos. Sin embargo... siempre hay un sin embargo... hay sectores que siguen reacios.

El informe de Qué Pasa de hoy analiza lo que sucede con algunos nichos que se consideraron “clave”, y por tanto privilegiados en el orden de vacunación, que se han mostrado refractarios. Policías, funcionarios de la salud, y de la educación. En este último sector, según el ministro Salinas, apenas 60% de quienes podían vacunarse accedió a ello. Esto ha despertado todo tipo de especulación. ¿Hay un 40% de antivacunas entre los docentes? ¿Se está especulando con el tipo de vacuna? O lo más complicado, ¿hay una intencionalidad política en esa decisión?

Esto despierta otra polémica: ¿debería ser obligatoria la vacuna?

El presidente Lacalle Pou, en una apuesta a la libertad individual, ha dicho que no impondrá una vacunación obligatoria, como sí ocurre con otras enfermedades. Y no deja de ser llamativo que algunos dirigentes gremiales de la educación se amparen en eso para escapar a la jeringa, ya que más de uno ha dicho que apelar a la libertad individual “es de derecha”.

Pero, hay muchas formas en que la vacunación se puede volver forzosa, sin que haya una ley o una exigencia estatal al respecto.

Hace ya unos meses, el Dr Gonzalo Ramírez publicó una columna aquí en El País donde planteaba cuestiones desafiantes. Ramírez se preguntaba si sería legítimo que un prestador de salud decida no afiliar a personas que no estén vacunadas, que una institución de enseñanza privada no admita a estudiantes no vacunados, que se le exija la vacunación a los docentes para poder trabajar. O que si una cadena de farmacias, por ejemplo, publicitara que todos sus empleados están vacunados, cuánto demoraría para que sus competidoras tuvieran que tomar una medida espejo para subsistir.

Ramírez citaba al artículo 10 de la Constitución, que dice: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Este artículo es la base del principio de libertad. Pero, incluso allí dice que serán libres “las acciones que no perjudican a un tercero”.

Supongamos que un padre manda a su hijo a una escuela. Y que allí se contagia de COVID por un docente infectado. Docente que pudo haberse vacunado y no lo hizo. Eso genera un daño en el niño y su familia, que puede ir desde pérdidas económicas hasta la muerte. ¿No sería viable una acción contra ese docente o contra esa institución que, pudiendo haber evitado razonablemente ese daño, no lo hizo?

A nivel público estas cosas siempre son más complejas, pero ¿alguien tiene dudas de que a nivel privado en poco tiempo se va a imponer un derecho de admisión donde solo se permitirá el ingreso a quien esté vacunado? Con un agregado interesante. Como explica Ramírez, si esto se basa en un motivo razonable nadie podría alegar discriminación ilícita.

Se trata de un tema complejo, y que choca a alguien con una visión libertaria como este autor. Pero, si hay un momento, si hay una causa que puede justificar poner el bien común por encima del derecho individual, es la salud.

Puede haber discusiones eternas sobre hasta dónde las personas, cuando aceptamos vivir en una sociedad, renunciamos a nuestra individualidad. Hasta dónde toleramos que se nos saque parte de nuestros ingresos, que se nos prohíba consumir determinadas sustancias, o a tener armas para defendernos. Pero, hay algo que es básico: el principio de no dañar al de al lado. Y que en caso de hacerlo, incluso sin querer (daño culposo), hay una obligación de reparar ese daño.

El ministro Salinas, sin ganas de meterse en profundidades legales, apeló a algo más “barrero”. Y sugirió que se hisope regularmente a los docentes que no tengan comprobante de vacunación. La reacción indignada de los líderes gremiales de esta área, los mismos que hicieron paro el primer día de clase luego de un año terrible como el pasado, ha llevado a que mucha gente apoye la idea de Salinas.

Otros, menos delicados, han sugerido que ese hisopado tal vez no debería ser hecho por las gentiles manos de una enfermera, sino que quien aplique el cotonete en fosa nasal del que no se quiere vacunar, sea parte de alguna brigada del sindicato de trabajadores rurales, convocada especialmente para la ocasión. Tal vez con esa perspectiva se baje el escepticismo de algunos titubeantes, y tengamos un récord de vacunados en todos los ámbitos.

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