Alumbró la “Ley de Urgencia”. Y una vez conocido su texto, las reacciones han sido de todo tipo y color, como era esperable ante una norma con casi 500 artículos, y que abarca desde internet, hasta los chorizos de rueda, pasando por normas penales, y cambios al régimen jubilatorio.

¿Cómo abordar un texto así de amplio? Una buena forma es a través de sus críticas.

La primera crítica que se escuchó, es formal. Que sería una norma demasiado amplia, que desnaturaliza el instrumento de la ley de urgencia, y por ello violaría la constitución. Para alguien que pasó casi diez años en la Facultad de Derecho (en mi defensa, daba todo libre y trabajaba al mismo tiempo) no termina de sorprender la cantidad de expertos en algunas de las áreas más complejas, como Financiero o Constitucional, que tiene el país. ¡Es maravilloso!

Para no repetir lo que se critica, no vamos a asegurar nada sobre la constitucionalidad del proyecto. Pero lo que se puede decir es que el redactor de la ley, el Dr. Rodrigo Ferrés, es considerado el mejor técnico en la materia de su generación. A la hora de juzgar autoridad en el tema técnico legal, entre Ferrés y digamos... Javier Miranda, si uno tuviera que poner unos pesos, tiene claro por quién se volcaría.

Una segunda crítica tiene que ver con el tema seguridad, que ocupa casi 100 artículos de la ley. Se dice que es “punitivista”, porque agrava penas, y da a la Policía un rol más prevalente, por ejemplo, al decir que faltarle el respeto a un agente, será sancionado severamente. Además se dice que si se cumple, se agravará el problema de hacinamiento carcelario.

Habiendo recorrido las cárceles uruguayas (como turista, aclaremos), es un tema que de veras preocupa. Pero hay que hacer dos consideraciones: primero, que las cárceles son una máquina de violar los derechos humanos desde hace mucho tiempo, y los 15 años de gobiernos frentistas, con recaudaciones récord, no mejoraron mucho el panorama como para que sus dirigentes pongan el grito en el cielo ahora.

Segundo, que el próximo gobierno fue electo con un mandato popular claro de poner orden en una convivencia social que para la mayoría de los uruguayos es hoy disfuncional. Con cifras de delitos inaceptables, y una ausencia de autoridad pública. Si este gobierno no hace algo claro en ese sentido, la sociedad solo buscará alguien que ofrezca mano más dura.

Si hablamos de que esto puede generar excesos, tal vez sea verdad. Pero lo que nadie puede negar es que llevamos años con excesos del lado opuesto, por lo cual es difícil culpar al nuevo gobierno, o a sus votantes, por exigir medidas más severas.

Un tercer tema objeto de crítica es la eliminación de la obligatoriedad de la llamada “inclusión financiera”, que ha puesto al borde de la histeria a buena parte del gobierno saliente. Dos preguntas al respecto: ¿Por qué si es tan buena, tiene que ser obligatoria? ¿Hay algún otro país que haya impuesto esa obligatoriedad? Más allá de esto hay un tema contradictorio en estos críticos. Por un lado, se acusa a cualquiera que no esté de acuerdo con esta norma de estar a favor de la evasión. Sin embargo, cuando esas mismas personas se expresan en contra de que se pueda pedir documentos o que se castigue la ofensa a la Policía, no estarían de acuerdo con que se diga que están a favor de los delincuentes, ¿Verdad?

Por último, se ha criticado mucho desde algunas filas el hecho de que se termine con el tema de las ocupaciones sindicales y se prohíban los piquetes en las calles. Destacadas juristas como la Dra. Goyeneche, han dicho que sería una “ley de atropello que elimina libertades, restringe derechos y atenta contra la clase trabajadora.” Pero todos sabemos que los derechos de uno, terminan donde empiezan los ajenos. ¿Dónde dice en la Constitución que el derecho del huelguista o del que protesta, están por encima del derecho del que quiere trabajar, del que quiere circular libremente, o del que invirtió en una empresa y quiere entrar a su oficina?

Por último, muchos dirigentes del FA han usado la palabra “resistir”, con un tono épico, romántico, casi “robinhoodeano” y de lucha de clases. Se ve que esa gente hace mucho que no pisa barrios humildes, porque es de allí de donde surge con más fuerza la voz que exige severidad y mano dura contra el delito y ciertos excesos que han marcado estos años. Para seguir, porque nadie puede negar que la plataforma que refleja esta ley, fue con la cual los partidos que integran hoy la llamada “coalición multicolor” pidieron el voto a la ciudadanía. Que, por si alguno ya no se acuerda, ¡se lo dio! Argumentar, discutir, dar elementos, todo eso es muy válido, y seguro hay cosas de la ley a mejorar y que tal vez no están plasmadas de la mejor manera. Ahora, “resistir” de otra forma las decisiones legítimamente tomadas por un gobierno electo con claras mayorías parlamentarias, no parece ser algo que hable muy bien del espíritu democrático de quien lo plantea.