Más allá de cuestiones religiosas, de las jineteadas, y la incombustible nota en TV con las pescaderías del Buceo, Semana Santa, en Uruguay, es sinónimo de carretera.

Más allá de cuestiones religiosas, de las jineteadas, y la incombustible nota en TV con las pescaderías del Buceo, Semana Santa, en Uruguay, es sinónimo de carretera.

Buena parte del país se vuelca hacia el interior, algo que en muchos casos implica alejarse, tal vez por única vez en el año, de la zona costera. Y, por lo tanto, darse de frente con el penoso estado de las rutas nacionales.

Para quienes forman parte del genuino “Uruguay productivo”, esto no es novedad alguna. Pero para quien vive inmerso en los apuros de la ciudad, y se le hace difícil separar la palabra “infraestructura” de los discursos grandilocuentes de algún político en campaña, recorrer las carreteras uruguayas es un verdadero shock de realismo. Ver esos inmensos camiones, circulando a paso de hombre entre los cráteres, a las motitos haciendo maniobras propias de un París Dakkar, o a los frágiles cero kilómetro contemporáneos gestionando los saltos inevitables entre pozo y pozo, resulta una experiencia penosa. Por no hablar de lo difícil que es, a cada nuevo impacto en los amortiguadores, no recordar la rubicunda cara del ex ministro Pintado, asegurando que las inversiones viales iban viento en popa.

Según datos oficiales, solo un 25% de las rutas del país se encuentra en buen estado, mientras que más de la mitad está en categoría regular, o directamente mala situación. Si bien el panorama es particularmente malo en las llamadas rutas “trasversales”, como las 12, 14, 26 o la 30, (tristemente recordada por el caso de los pacientes quemados de Artigas cuya ambulancia debió ir por Brasil para llegar a Montevideo), en el resto no es mucho mejor. La ruta 8, la 7, la 14 y hasta la 5, muestran el impacto de un país que no ha podido mantener en nivel aceptable su red vial.

Esto genera dos preguntas inevitables: ¿que pasó para llegar a un punto tan bajo? y ¿se podrá resolver ahora, en momentos en que el Estado parece que tendrá menos dinero para invertir?

La primera pregunta tiene a su vez dos caras de la misma moneda. Por un lado es claro que en los últimos 10 años el país tuvo un crecimiento explosivo, tanto en su producción como en su parque automotor, todo lo cual implica un esfuerzo extra sobre las carreteras. Pero también que, pese a ser años de bonanza económica innegable, y de un aumento exponencial del gasto en el Estado, la inversión en mantener las rutas no ha sido la necesaria.

Un informe de la Cepal sostenía que Uruguay esta en el último puesto regional en cuanto a promedio de inversión en infraestructura en el período 2005 a 2012. Y un estudio local hecho por la Ceeic (Centro de Estudios de la Industria de la Construcción) valuaba en casi 4 mil millones de dólares la inversión necesaria para poner a punto la red vial del país.

O sea, pasando raya, en esta década el país creció mucho, pero el gobierno si bien aumentó su inversión, estuvo lejos de los niveles mínimos necesarios.

Para responder la segunda pregunta es esencial el tema de la inversión privada, según ha dicho hasta el cansancio el nuevo ministro de Transporte, Víctor Rossi. De hecho, se vuelve a escuchar hablar de las míticas PPP, acuerdos de inversión público-privada, que pese a haber formado parte del discurso oficial permanente en el gobierno pasado, la verdad es que tras cuatro años de votada la ley, recién se ha logrado concretar un proyecto. Que de modo muy significativo acerca de las prioridades del país ha sido...¡una cárcel!

Este tipo de instrumento legal es clave para poder canalizar hacia la mejor de rutas y caminos, aunque sea algo de los más de 10 mil millones de dólares que hoy manejan las AFAP, por ejemplo. Lo mismo que para volver atractiva la idea a los millones en ahorro privado que parecen ávidos de ofertas de inversión seguras y rentables, como quedó en evidencia hace unos días con la oferta hecha por UTE para invertir en energía eólica.

El desafío en este rubro parece ser, igual que en tantos otros, el ogro de la burocracia estatal, asociado a la desconfianza que existe en buena parte del oficialismo hacia todo lo privado. De hecho el actual ministro Rossi en campaña hizo una declaración reveladora al afirmar en una entrevista radial que el sistema de peajes, por ejemplo, no es más utilizado debido a que su administración es “bastante cara”. Algo que a otra escala puede explicar por qué tras 5 años de gran crecimiento del país, y pese a que Mujica dejó las arcas públicas con un agujero importante, la obra pública no despegó como se había prometido.

En momentos en que la economía del país parece frenarse, y cuando se achica el margen de ganancia de los productos nacionales, parece clave el manejo de este aspecto tan importante. Tras años de postergación, Semana Santa parece un buen momento para pedir por este milagro.