La crisis de gabinete, el "brete" judicial de la intendenta de Montevideo, la amenaza de cierre de una empresa japonesa, el préstamo para Alas-U... hasta el insólito boicot contra una aplicación informática que permite el milagro de encontrar taxis. Casi todos los temas importantes de la semana tienen algo en común, una línea que los cruza transversalmente: el creciente y cada vez más explícito poder que vienen acumulando las corporaciones en Uruguay.

La crisis de gabinete, el "brete" judicial de la intendenta de Montevideo, la amenaza de cierre de una empresa japonesa, el préstamo para Alas-U... hasta el insólito boicot contra una aplicación informática que permite el milagro de encontrar taxis. Casi todos los temas importantes de la semana tienen algo en común, una línea que los cruza transversalmente: el creciente y cada vez más explícito poder que vienen acumulando las corporaciones en Uruguay.

Lo más impactante ha sido la renuncia del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, uno de los jerarcas clave de la administración Mujica. Al parecer lo que habría motivado su salida sería la imposibilidad de cumplir un acuerdo salarial con funcionarios de su cartera. Kreimerman habría acordado una serie de metas de ahorro internos, con la condición que el fruto de esos ahorros sería luego volcado a mejoras salariales. Esto no fue aceptado por Economía, que argumentó que en un contexto de desmejora de las cuentas públicas, los ahorros deberían volver al Estado para llenar otras necesidades, y no volcarse a mejorar los ingresos de funcionarios que ya figuran entre los mejor pagados de la administración. Algo que suena razonable, pero que desató la furia de COFE, que al grito de "los convenios se cumplen", amenazó con incendiar la pradera.

Resulta ilustrativo que un jerarca que tiene en sus manos temas que rozan tantos intereses, desde Aratirí hasta la ley de medios, renuncie por diferencias sobre un convenio salarial con empleados del ministerio.

El otro gran tema en estos días ha sido la decisión de la Justicia de dar vía libre a la demanda penal contra la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, ante el reclamo del sindicato por la muerte de un trabajador en un accidente laboral. Esto en el marco de la nueva ley de responsabilidad penal empresarial, impuesta por el gremio de la construcción, aun contra la voluntad expresa de varios sectores del oficialismo. El hecho tiene aristas llamativas desde que alguien tan importante como el jefe comunal de la capital pueda ser procesado por un hecho del que no pudo estar al tanto (la comuna tiene casi 10 mil empleados), hasta que esa figura pertenezca al mismo partido que impulsó la norma apelando a su brazo sindical.

También se supo que una empresa de autopartes que emplea a unas 600 personas en San José, está por cerrar debido a los permanentes conflictos sindicales. En este caso los gremialistas afirman que la empresa funciona a la hora de los ajustes salariales como si fuera una textil y no una metalúrgica. Algo extraño, pero que, según el intendente Falero, fue parte de la negociación para su arribo. Cambiarle las reglas de juego una vez instalada, parece algo inapropiado, sobre todo cuando se suma al permanente clima de conflicto que afecta al sector autopartista. De hecho se sabe que no es la única que podría irse por este motivo, y que varias empresas estudian mudarse a Brasil o Paraguay.

Por si esto fuera poco, hubo dos temas más que mostraron el poder de este "lobby" sindical. Por un lado la decisión del gobierno de conceder un préstamo para habilitar el funcionamiento de Alas U, esa aerolínea autogestionada por exempleados de Pluna, cuya viabilidad y conveniencia parecen discutibles. De hecho hace poco el gobierno volvió a extender el seguro de paro para estos empleados, que ya llevan en ese régimen desde julio de 2012, pese a que lo legal es que no dure más de 6 meses.

Y por otro lado, el gremio del taxi, en este caso aliado con la patronal, decidieron declarar la guerra a unas aplicaciones informáticas que permiten conseguir vehículos por fuera de los sistemas habituales de radiollamada. Las aplicaciones habían logrado enorme éxito ya que permitían escapar al pésimo servicio de estas compañías. Otro lobby que pese al notorio déficit de taxis en la capital, ha logrado frenar cada intento de la intendencia por licitar nuevas patentes de taxis.

Al sumar esta serie de hechos, que aislados pueden pasar por simples tensiones propias de cualquier sociedad, no es difícil ver el efecto de un país que lentamente se va deslizando hacia un sistema corporativo. Un sistema donde los derechos e intereses de los individuos, desde el ciudadano que paga impuestos hasta el cliente del taxi, pasan a la intrascendencia a menos que cuente con un gremio o círculo de poder que lo defienda. Un sistema desigual, injusto, que fomenta la corrupción, y del cual los únicos que se benefician son quienes ocupan puestos de dirección de esos centros de poder; paralelo y hasta contrario a lo que prevé un sistema democrático saludable.