Martín Aguirre
Martín Aguirre

La próxima cruzada

Una nueva cruzada está en marcha. Así como hace un tiempo empezó la guerra abierta contra el tabaco, así como se lanzó el plan para regular el uso de drogas, y hasta del consumo de dulces en las escuelas y sal en los restaurantes, ahora el blanco es el alcohol. Una campaña que se vende lindo, pero que encierra un serio problema de fondo.

Una nueva cruzada está en marcha. Así como hace un tiempo empezó la guerra abierta contra el tabaco, así como se lanzó el plan para regular el uso de drogas, y hasta del consumo de dulces en las escuelas y sal en los restaurantes, ahora el blanco es el alcohol. Una campaña que se vende lindo, pero que encierra un serio problema de fondo.

El anuncio lo hizo esta semana el presidente Tabaré Vázquez, quién aclaró que no se busca una Ley Seca, pero sí se controlar la publicidad, y disminuir la oferta, especialmente en estaciones de servicio. “Uno no va a la panadería a comprar nafta” explicó, mordaz, el Presidente.

Se dijo que preocupa el impacto del consumo abusivo de alcohol en accidentes de tránsito, violencia doméstica, y en el inicio en el consumo de drogas. Todo parece lógico y compartible, y hasta el dirigente sindical de la bebida estuvo de acuerdo con el plan. A fin de cuentas, ¿quién podría oponerse a un proyecto que busca enfrentar un vicio social tan extendido y negativo?

Bueno, los que ya mostraron su molestia fueron los dueños de estaciones de servicio. “Mi opinión es que hay gente muy amiga del presidente que tiene un problema contra nosotros. Y lo digo con nombre y apellido: Cambadu. En vez de preocuparse de algunas cosas, que se preocupen por darnos seguridad”, dijo el dirigente empresarial Daniel Añon.

Pero hay otro enfoque que también se rebela contra este tipo de campañas, y es el que toma como centro de sus desvelos a la libertad individual y el derecho de las personas a manejar su vida como mejor les plazca. Un enfoque no ha sido demasiado valorado en la historia reciente del país, pero que no deja de ser vital a la hora de analizar políticas públicas como la que ahora se plantea.

Por ejemplo, ¿cual es la real incidencia del consumo de alcohol en Uruguay? Más allá de que a muchos se hinchen de orgullo al comentar que somos el segundo país del mundo con mayor consumo de whisky per capita, la magnitud del abuso no parece tan extendida.

Somos el octavo país de toda América Latina en esa materia, uno de los continentes con menos consumo a nivel global, en un ranking donde las naciones de Europa del Este arrasan con holgura. De hecho el país donde más se bebe a nivel mundial es Moldavia. En Uruguay los consumidores problemáticos son un 9% de la población, y los alcohólicos declarados rondan el 4%.
A la hora de analizar el impacto del alcohol en los accidentes, tampoco ello parece algo tan chocante. Según cifras oficiales, solo el 6% de las personas que protagonizan accidentes dan positivo en los test de alcohol. Eso pese a que se bajó drásticamente el nivel permitido. Con estos datos parece claro que el mal estado de rutas o de los propios vehículos (cosas mucho más fáciles de solucionar por parte del Estado) tienen una incidencia bastante más importante que la bebida en los accidentes.

También sería bueno contrastar estas buenísimas intenciones del gobierno con las experiencias internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países donde se controla más el consumo de alcohol. A tal punto que su venta posee regulaciones que están al borde del ridículo, y que los menores de 21 años ni siquiera pueden entrar a un bar.

Hay estados donde el solo hecho de llevar una botella de alcohol abierta en un auto, significa una vacación en la cárcel. Sin embargo, cualquiera que haya tenido la chance de recorrer ese país (sobre todo los campus universitarios) sabe que el consumo no solo es mucho mayor que el de aquí, sino que los jóvenes tienen una relación bastante más perversa con el alcohol que ningún uruguayo.
Por supuesto que nadie duda que el consumo problemático es malo. Pero el intento de enfrentar el problema desde el “lado de la oferta”, como dirían los economistas, o sea desde el proveedor y no desde el consumidor, ha sido históricamente tan ineficiente, como causante de injusticias e incomodidades para la abrumadora mayoría de la gente.

Pasa con las drogas, pasa con el juego, pasa con el alcohol. ¿Alguien puede creer que cuando solo el 4% de la gente es alcohólica que la causa de su problema es la publicidad que ve el 100% de la población? ¿O que una persona decide emborracharse antes de manejar por el hecho de que al cargar nafta vio la heladera con cerveza fría? ¿El ciudadano está capacitado para elegir un gobierno pero no para resistir una tentación tan infantil?

El rol del estado ante estos temas debería ser dar información clara sobre los riesgos del consumo, castigar con extrema dureza al que viola normas (como las de tránsito), y aportar ayuda profesional y accesible a quienes tienen problemas. Pero vestirse de niñera y tratar a los ciudadanos como incapaces, por más que políticamente se vea bien, no solo es injusto sino que ha probado ser un enfoque ineficaz y muy peligroso.

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