Arrancaba por aquel entonces la segunda intendencia de Mariano Arana en Montevideo. Este autor tenía como misión, en sus primeros pasos en el periodismo, cubrir la Junta Departamental, donde revistaban ediles como Lucía Topolansky o Jorge Zabalza.

Un día toca hacer una nota sobre “asentamientos irregulares”, terminología nueva en un país donde lo común era llamar a esos barrios pauperizados “cantegriles”. Aquel joven de liceo privado, dando sus primeros pasos en la facultad de Derecho quedó impactado: 250 mil uruguayos vivían en asentamientos. Más fuerte aun es ver que hoy, después de décadas de programas públicos, proyectos privados, bonanzas, y eliminación de nombres estigmatizantes, sigue habiendo 200 mil personas en la misma situación.

El tema de los asentamientos copó titulares en los últimos días por dos motivos. Primero un sonado caso judicial a raíz de la ocupación de un terreno, que se ha dado en llamar “Nuevo Comienzo”. Y luego, por la propuesta del gobierno de derivar recursos del Instituto de Colonización para financiar un plan de vivienda. Las discusiones que generan ambos episodios, explican por qué un país como Uruguay, donde hay mucha tierra, poca gente, y el estado gasta cientos de millones en frivolidades, este problema sigue sin una solución real.

La del “Nuevo Comienzo” es la misma historia de decenas de ocupaciones iguales. Un campo “sin uso” o “vacío”, según las crónicas, (que no aclaran que sería un campo “lleno”, como si alguien pudiera tener animales o cultivos en esa zona sin tener un batallón de marines custodiando), que es invadido por gente desesperada por tener una vivienda. Aunque este caso tuvo cosas especiales.

Para empezar, el rumor de que en un inicio hubo elementos sospechosos, con modernas camionetas y organización que algunos asociaron a “narcos” o acción política. Luego la llegada de figuras a mitad de camino entre un Sebastiao Salgado, y la Madre Teresa, que convirtieron a los pobres ocupantes en figuras del jet set de la pornomiseria.

Y al final llegó la Justicia, en las botas de algún sufrido fiscal que intenta aplicar la ley, en medio de un manoseo mediático muy flechado. Por ejemplo, casi nadie aclara que uno de los denunciantes insensibles que ponen la propiedad por encima de la felicidad de los humildes es la muy solidaria intendencia de Montevideo.

La solución a este tema está lejos de ser fácil. Pero hay un aspecto que vale la pena recordar: la propiedad privada es un derecho constitucional que ampara a los más débiles. Los “ricos” nunca precisaron ley para defender sus propiedades. Cuando escuche argumentos sobre que la propiedad privada es el problema aquí, pregunte qué país dio mejor nivel de vida a su gente sin respetar eso.

Luego vino la reacción del gobierno, con la propuesta de los recursos de Colonización. Vale recordar que ese Instituto recibe dinero de un impuesto que se cobra a la venta de tierras, con el fin de asentar gente en el campo. Una idea desafiante, en un panorama de escasez general, pero que recibió una andanada de críticas. La oposición dijo que era enfrentar a “pobres del campo contra pobres de la ciudad”, y otros cuestionaron que es querer atacar las consecuencias de un problema, descuidando las causas.

Sobre lo primero... La realidad es que el perfil de los colonos está lejos de ser el de “pobres del campo”, y teniendo en cuenta el saldo en materia de vivienda dejado por un partido que gobernó 15 años con mayorías, recursos abundantes, y una ostentación de monopolio de la sensibilidad social en las antípodas de los frutos de la gestión... por lo menos dejá probar otra cosa.

Lo segundo es más complejo. Es verdad que históricamente los asentamientos se nutrían de gente que venía del interior profundo. Pero ese proceso se frenó hace años, y hoy la mayoría de quienes habitan asentamientos son gente expulsada por la ciudad. Un tema ahí son las complejidades de los arrendamientos urbanos, con sus garantías y requerimientos, pero eso es tema para otra columna.

Por otro lado, el campo parece ingresar en una fase de expansión, que hace difícil que alguien crea que sin formación o capital tendrá mejores ingresos viniendo a la ciudad. Por último, la tendencia global es que la gente prefiere vivir en lugares urbanizados, donde disponen de mejores servicios y confort. ¿Tiene sentido que una sociedad con tantas carencias gaste millones para convencer a gente de radicarse donde no quiere? ¿Es la manera más racional de invertir recursos escasos?

Son respuestas áridas, hay que admitirlo. Lo que irrita de todo esto, es que ante un problema real, que no ha tenido solución en décadas, pese a que no debería ser tan complejo para un país como Uruguay, cuando alguien propone un enfoque distinto, la maquinaria del freno (de todos lados) se indigna y dice que no se puede. Así, y a este ritmo, capaz que para 2050, solo vivirán en asentamientos unos 150 mil uruguayos.