Sí, es verdad. Esta se supone que es una columna de análisis semanal de la política uruguaya.

Pero el panorama de estos días, con Mujica agitando el cuco de su candidatura, con Astori vendiéndose como renovación, y los blancos pegándose tiros en los pies a uno por semana, el panorama es tan deprimente, que mejor mirar para otro lado.

Y hay un tema que parece menor, pero no lo es nada, y que cada vez que surge desata chispazos en la discusión pública. Se trata del mecanismo para que empresas y personas puedan hacer donaciones con parte del dinero que deberían pagar de impuestos. Esta ventanita que, tibiamente abrió el gobierno anterior, ha permitido el crecimiento de instituciones como el liceo Jubilar, Impulso, y otros emprendimientos educativos.

Se trata de un esquema que funciona en casi todo el mundo, particularmente en países donde funcionan impuestos a la renta reales, no como el nuestro que es una carga a los sueldos maquillada. Y donde las deducciones funcionan de tal manera que permiten descontar de esa renta los gastos esenciales para la vida, a la vez que destinar un porcentaje de lo que se debería pagar, a causas que la sociedad entiende son de beneficio general.

Hay pocas cosas que generen un nivel de histeria similar a este mecanismo en las cabezas puras de nuestra vanguardia "de izquierda". No pasa mes en que no surja alguna voz furibunda que reclame eliminar este timorato intento del sistema tributario uruguayo por parecerse al de un país serio. Según la visión de esta gente, se trata de una "renuncia" que hace el Estado, y que permite que los millonarios y las empresas (a ver quien peor) decidan el destino de recursos que serían del gobierno. Y que, además, se usan para financiar liceos y universidades privadas que comenten el pecado de dejar en evidencia los errores y miserias del sistema público. Los expertos ya han explicado que no es así, porque como está armado el esquema, los "donantes" terminan pagando más. Pero además el Estado no es una especie de padre que tenga un derecho natural sobre lo que producimos. Pero en fin...

La cuestión es que por estos días, este tipo de mecanismo que los países desarrollados tienen bien aceitados, están generando una revolución. Y beneficiando justamente a ramas de actividad que suelen ser defendidas a capa y espada por quienes en Uruguay reclaman terminar con este pecado.

Un caso interesante es lo que está pasando en EE.UU.. A raíz de la llegada de Trump a la Presidencia, se ha multiplicado exponencialmente el dinero que los contribuyentes deciden volcar, por ejemplo, a los medios de comunicación públicos. PBS, que es la cadena de broadcasting estatal, se financia en un 85% por recursos que le vuelca su audiencia, y apenas el 15% restante por dinero estatal.

Y gracias a esto, está produciendo contenidos de altísima calidad que están comiendo parte creciente de la audiencia a los medios comerciales. Algo parecido ocurre con las universidades públicas, las de mejor calidad del planeta, cuyos presupuestos se financian en porcentajes altísimos por donaciones de ex alumnos y fundaciones.

Es más, por estas fechas de crisis generalizada de los medios de prensa, EE.UU. vive un boom de ONG sin fines de lucro que hacen investigación de alta calidad, y que viven gracias al dinero que reciben del público y entidades filantrópicas. Muchos de los escándalos destapados recientemente en ese país son el fruto del trabajo de estas entidades.

Ahora bien, que esto funciona y funciona bien, no es discutible. La discusión que se podría iniciar es netamente ideológica, y parte de la base de qué sería mejor, que esos recursos los manejara centralizadamente el Estado, o que quede a decisión del contribuyente. Ya vimos antes cual es al postura crítica de esa "izquierda" desconfiada, pero veamos la opuesta.

El primer argumento a favor es que la planificación central es ineficiente, ya que es muy difícil que las decisiones se puedan dar a tiempo en momentos de cambios tan rápidos. Por eso, todos los partidos abrazan el mantra de la descentralización, que no es otra cosa que acercar las decisiones a niveles más próximos al ciudadano. El segundo, es que las burocracias tienden naturalmente a inflarse, y los recursos que se recolectan por impuestos para satisfacer un bien general de la sociedad, en forma creciente terminan consumidos por esa burocracia que se convierte en un fin en si misma. El Mides es un ejemplo clarísimo de esto.

Por último, hay una cuestión si se quiere filosófica. ¿Cómo puede ser que los ciudadanos tengamos capacidad para elegir a quién maneja el gobierno, pero no para definir a dónde va al menos una parte de lo que producimos y volcamos para financiar las cuestiones en común?

Para evitar el derroche del dinero de todos que tanta irritación está generando en la sociedad por estas fechas, nada mejor que dejar que esa misma sociedad tenga más autoridad a la hora redefinir a donde van sus impuestos.