Martín Aguirre
Martín Aguirre

Jugando en el barro

Dos temas centraron las discusiones esta semana.

Las candidaturas en Montevideo, y los cambios que traería la ley de Urgencia. Como un gesto de caridad hacia las dirigencias de los dos bloques políticos, dejemos lo de las candidaturas para otro momento.

Pero la realidad mostró esta semana lo pertinente de algunos cambios que aporta la ley de Urgencia. Este proyecto incluye la prohibición de realizar “piquetes” gremiales, o sea la práctica de que un grupo de personas se atribuyan el derecho de impedir la libre circulación del resto de los ciudadanos. El dirigente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, defendió este tipo de medidas diciendo que toda acción sindical afectaba derechos ajenos, por lo cual si se aplica esta nueva norma, se limitaría de manera inconstitucional el derecho de huelga.

Y citó como ejemplo lo que ocurre cuando hay paro de transporte, y la gente que quiere trabajar, no puede hacerlo. Esto es lo que técnicamente se llama una falacia, o sea un razonamiento no válido con apariencia de correcto.

El derecho de huelga se basa en que nadie puede obligar a una persona a hacer lo que no quiere. O sea, que si un grupo de gente se niega a trabajar, ni el empleador ni el Estado pueden obligarlo. Eso sí, no le pagarán ese jornal. Pero, ¿se entiende? Es una medida pasiva, que implica un no hacer. El piquete, la ocupación es algo distinto, implica una acción ofensiva, por la cual se impide, apelando a la violencia o a la amenaza, a otra persona ejercer un derecho legal. La diferencia es demasiado clara como para que alguien inteligente como Pereira no la vea.

Al día siguiente de estas declaraciones, todo el país pudo comprobar esta diferencia, cuando una decena de gremialistas del transporte, trancó de pesado la salida de Tres Cruces, perjudicando a miles de uruguayos. Todo para defender un empleado de la empresa Nossar, que había sido despedido por un rosario interminable de malas conductas. Como suele pasar, realidad mata falacia.

Pero hubo otro tema que mostró hasta dónde se puede retorcer la realidad para ensuciar la cancha del debate público.

Resulta que los medios de comunicación y las redes se vieron copados por el debate en torno a la “apariencia delictiva”. Según dirigentes oficialistas, la ley de Urgencia incorporaba el concepto de “apariencia delictiva”, como herramienta a disposición de la policía para actuar en la vía pública.

Se gastaron ríos de tinta, horas de aire en radio y TV, los teclados achataron el símbolo del hashtag en una cruzada libertaria en contra de esta avanzada discriminadora de “la derecha” que buscaría estigmatizar al pobre, al diferente.

Como es su costumbre, el que llevó este debate a superar los límites del ridículo fue el intendente capitalino Christian Di Candia, que se sacó una foto con las uñas pintadas, rostro delineado, y piercings de filtro fotográfico, diciendo que si saliera así a la calle, seguro sería discriminado, pese a ser el segundo cargo electivo más alto del país. Porque es eso, aunque a veces no lo terminemos de creer.

Se ve que las noches en bares dominados por el cienciasocialismo veganopobrista nacional, le han hecho perder la visión real de la sociedad uruguaya a Di Candia. Porque si por ejemplo (¡Dios no lo permita!) llegara a aterrizar con ese look en el Comcar, lo más probable es que recibiera más afecto carnal que respeto tumbero.

Este debate es bastante tonto. Porque sin discriminar a nadie, todos hacemos valoraciones en función de la apariencia. Digamos que usted circula por Michelini y Durazno a las 2 de la mañana, cruza la calle y ¡zas!, se choca con un joven de camisa salmón, vaquero, zapatos leñadores, gomina de reglamento y bucito en los hombros. Hasta Di Candia sacaría la mano de la billetera y respiraría hondo ¿Significa que esa persona es honesta? No. Y capaz que si le confiás tus ahorros para un negocio, te entube como el mejor. Pero las probabilidades de que te ponga un corte en cogote y te lleve el celular son bajas. ¿O no?

Lo asombroso, o no tanto, es que toda la polémica fue estéril. Porque la ley habla de “hechos con apariencia delictiva”, no de personas. Y es un concepto que ya está en la ley hace décadas.

Más allá de que esto deja en claro el nivel de histeria de algunos ante el cambio de tono político en el país, el debate revela otra cosa. Cómo hay gente que de veras cree que la sociedad está partida en dos, y donde de un lado de la raya hay bondad, inclusión, dulzura... Y del otro, una cantidad de ogros fascistoides dispuestos a aplastar a los pobres y humildes. Esto aunque ese otro sector sea hoy más de la mitad del país, y esté integrado mayoritariamente por pobres y humildes.

La democracia funciona cuando distintas visiones políticas asumen que ninguno tiene la receta perfecta para el progreso, y que de su interacción y alternancia, sale lo mejor para el bien común. Con este nivel de mesianismo es difícil que se pueda lograr nada bueno para el conjunto de la sociedad.

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