La “gestión” de Cabildo Abierto es difícil de entender. Como mucho de lo que hace esa formación. 

Pero el planteo del partido de Manini Ríos de remover al fiscal Díaz generó una fuerte polémica, en la que se mezclaron ingredientes como para armar una preciosa novela: sexo, armas, poder, audios, intrigas políticas... Pero que cuando se mira con perspectiva, tiene poca chance de dejar nada concreto.

¿Por dónde empezar? Arranquemos por el final. Dos dirigentes de CA solicitaron al presidente Lacalle Pou que remueva a Díaz, por haber ordenado una investigación contra la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, a la que se acusa de haber archivado la causa contra el exintendente Carlos Moreira, por un supuesto abuso de poder. Todo porque aparecieron publicaciones en redes sociales de Charquero de tono bastante jugado en favor del Partido Nacional.

A partir de ese hecho concreto, se tejen todo tipo de teorías y conspiraciones, que merecen ser analizadas, aunque signifique meter la cabeza en el nido de abejas.

Primero, la decisión de Charquero, que tomó con su colega Paola Nebot, no se puede calificar como insensatez provocada por la pasión partidaria. Solo confirma lo decidido ya en otra instancia previa por otra fiscal, Eliana Travers, que también entendió que Moreira no cometió delito.

La mirada de estas tres profesionales no tiene nada de exótico. Si se escuchan los famosos audios, que siempre cobran vigencia cuando se acerca una elección, no hay allí ningún delito claro. Moreira recibe una llamada de una operadora política con la que había mantenido un vínculo sentimental, y es ella la que le pide renovar unas pasantías para poder “lucrar” políticamente con ellas. No es un caso de una mujer desesperada que cae en las manos de un depredador sexual inescrupuloso.

Es más, Moreira en los audios argumenta que es imposible, y recién al final abre la posibilidad de una negociación en caso de que se dé un encuentro, pero sin prometer nada. ¿Es algo reprochable? Probablemente sí, pero a nivel político, y lo tendrán que definir los colonienses en las urnas. A nivel penal, no hay evidencia de una promesa concreta de un beneficio ilegítimo a cambio de un favor.

Ahora también es verdad que las publicaciones en redes de la fiscal tiran sombras sobre su neutralidad. Podemos analizar si ameritan ordenar una investigación formal, y si eso no puede ser visto como un mensaje hacia el resto de los fiscales. Discutible. Lo que no es discutible es que muchos de los que hoy se indignan con Charquero, festejaban cuando una jueza que trataba causas contra militares, asistía a las marchas del 20 de Mayo. Y hasta hicieron una asonada contra la Corte cuando se la trasladó. ¿Doble discurso? Nooo.

Pero volvamos al eje central de toda esta polémica. El fiscal Díaz es un hombre que ha generado polarización en Uruguay, en algunos casos con motivos que pueden ser atendibles, en la mayoría no.

Se le acusa de ser poco menos que el inventor del nuevo proceso penal, y de haber casi fabricado el cargo que hoy ocupa, que lo convierte en una de las personas con más poder en el país. Con el cambio de proceso penal, los fiscales son ahora los grandes actores en materia penal, son quienes investigan y deciden si se acusa a alguien o no. Y de la forma que se configuró la estructura de la Fiscalía General, su jefe (Díaz) tiene una influencia mayúscula

Pero también es verdad que el proceso penal como estaba antes en Uruguay era una locura que no daba garantías a nadie. Un sistema anacrónico, donde el mismo juez que investigaba codo a codo con la policía, después decidía sobre la libertad de las personas. El sistema actual ha significado un cambio radical, y probablemente necesite ajustes. Pero es mil veces mejor que lo que teníamos.

Vale recordar que el nuevo proceso, así como el nombramiento de Díaz fueron votados por unanimidad en el Parlamento.

Hay otras dos cosas que se critican de Díaz. Una, su pasada militancia en el Partido Comunista, algo que comparte con buena parte de los politólogos, periodistas, y hasta algún dirigente del oficialismo. Dos, que tiene una forma de liderazgo personalista, que suele avasallar la independencia de los fiscales, y que habría generado un ambiente tóxico en la repartición. Eso es más complicado, y puede ser que la propuesta del diputado Zubía de convertir la Fiscalía en un colegiado sea una solución. Aunque la historia de Uruguay con los colegiados es medio complicada.

Sobre el Caso Feldman, eso ameritaría una columna entera, dejémoslo para otra ocasión.

Pasando raya, todo en esta situación luce entreverado, y menos claro de lo que quieren hacer ver de un lado y del otro del espectro. Con una salvedad: hoy el gobierno no tiene votos para remover a Díaz, y a este le quedan menos de dos años en el cargo. Entonces ¿es realista de parte de Cabildo Abierto pedir su remoción? ¿Cuál es la intención al embretar al presidente de esta manera?

Se aceptan sugerencias.