La injusticia es tal vez la condición que más rebela al alma humana. Y cuando es acompañada de la soberbia de alguien que se siente poderoso frente a quien la padece, la reacción se vuelve mucho más visceral.

Pues todo esto hubo en abundancia en el trágico caso de la niña Blanquita Filippini, que acaba de ser “cerrado” por las jerarquías de ASSE, en lo que tal vez es la mejor noticia que ha tenido este país en lo que va del año, junto con el anuncio de las vacunas.

El caso es conocido. Una niña de tres años que empieza con fiebre alta y dolores, su padre la lleva al hospital público de Salto donde es tratada por una doctora y una practicante. Le dan un inyectable para el dolor y la mandan para la casa. Dos días después regresa, y los médicos “descubren” que tenía un avanzado caso de apendicitis con infección generalizada, que obliga a amputarle las dos piernas, un brazo, y tres dedos de la otra mano. Un horror total.

Pero recién ahí comenzaba el calvario de esa humilde familia. De manera razonable, se presentaron ante la Justicia para obtener una reparación justa ante un obvio caso de mala praxis, que ayudara a solventar los gastos de los tratamientos y apoyos que debía tener una niña en esa condición. Solo para conocer la verdadera faz del leviatán estatal.

Porque este tema se puede analizar desde muchos lados. Primero, desde el técnico-médico, y preguntarse cuál es el nivel de la medicina en ciertos estratos de este país, como para cometer semejante “error”. ¿Es tan complejo detectar una apendicitis bien entrado el siglo XXI? ¿Se manda para la casa a una chica de tres años, de una familia de escasos recursos, con esos síntomas, y no se le hace ningún tipo de seguimiento?

También se puede enfocar desde el punto de vista legal, como muy bien lo hizo el editorial de este diario el martes, y cuestionar que el Estado tenga privilegios jurídicos que no tienen los individuos, llamando a modificar reglas injustas e inhumanas.

También se puede analizar desde el lado político. Mencionar el contraste entre la gestión de la exministra María Julia Muñoz, cuya reacción más humana fue decir que “la medicina todavía no hace milagros”, con el de un gobierno al que se ha tachado una y mil veces de insolidario pero que agachó la cabeza y puso fin al litigio pagando la indemnización.

Pero hay una cuarta dimensión que parece todavía más desafiante. Sobre todo en un país que ha hecho culto de un estatismo exacerbado, y donde parece que todo lo público se asocia a solidaridad, y consustanciación con el bien común, mientras que lo privado es mezquino, egoísta y materialista.

Porque si algo cuestiona este caso, es la deshumanización que desarrolla el aparato estatal.

Blanquita y su padre, como todos quienes hayan seguido de cerca este caso, comprobaron en carne propia la forma aplastante, fría e impiadosa que puede tomar el Estado cuando es enfrentado por un individuo de a pie. La soberbia despectiva de Muñoz fue un cálido abrazo comparado con algunas cosas que debió padecer ese padre, al que se acusó de manera injusta de ser el responsable de la enfermedad de su hija por tenerla desnutrida.

Casi peor que eso, fue que en la pesadilla judicial que debió padecer, los abogados y peritos del Estado, o sea los representantes de la sociedad, de todos nosotros, llegaron a defender esa postura para evitar pagar unos miserables 150 mil dólares, tomando como insumo el peso de la chica comparado a su edad. Claro que no tomaron en cuenta que ese peso no incluía los miembros que habían sido amputados por culpa de la ignorancia de sus empleados en el hospital.

Más de 10 años de juicios, declaraciones, audiencias, agravios. Todo eso debió enfrentar esa pobre familia, a la vez que asumía los costos médicos y emocionales de apoyar la infancia de una niña en esas condiciones.

Una y otra vez la Justicia condenó con dureza a los abogados del Estado por su ligereza litigante, y la forma en que oponían chicana tras chicana para no pagar un dinero que -perdone el golpe bajo-, es igual al que se gastaba casi al mismo tiempo en la famosa fiesta de Ancap para agasajar a Cristina Kirchner y su séquito de militantes con bombos.

No se trata acá de calificar moralmente a los abogados y profesionales de ASSE que llevaron la causa. Ellos siempre podrán alegar que cumplían con su trabajo y que si no cuidaban el dinero de todos, serían ellos los responsables. Algo con tufillo a la famosa “banalidad del mal” de Arendt.

Pero, justamente, esa es la prueba de cómo el Estado y la burocracia pueden perder todo atisbo de humanidad. Por eso son tan necesarios los contrapesos institucionales, una Justicia y una prensa independientes que echen luz sobre estas miserias, Y, cada tanto, un cambio de caras en los gobiernos, que haga que quien llega lo haga “fresco” de los vicios que genera estar mucho tiempo a la sombra del poder. Porque cuando se lanza desbocado, el aparato estatal puede ser más vil e implacable que el peor “fondo buitre” de Wall Street.