Martín Aguirre
Martín Aguirre

Las dos caras

No será éste, otro artículo que se queje por el tono de la campaña por la LUC. Si bien hay razones para el reclamo. Pero hay un aspecto menos grandilocuente que el momento político refleja, y que sirve para entender algunos trancazos que padece el Uruguay.

Un ejemplo bien claro es la polémica por el nuevo régimen de arrendamientos en la LUC.

Uruguay padece desde hace años un problema de vivienda. Problema cuyos dos costados más visibles son la proliferación de asentamientos, sobre todo en la zona metropolitana, y la cantidad de viviendas vacías en el casco urbano de la capital del país. El problema de la vivienda, como todos, tiene muchas causas. Pero hay una que acapara buena parte de las culpas, y es el complejísimo sistema legal de los arrendamientos urbanos.

Este caso es un ejemplo de manual de cómo una ley, un sistema, previsto para ser lo más protector posible de quien se asume la parte más débil de la ecuación (el arrendatario), termina provocando el efecto contrario al que se busca,

No vamos a entrar en detalles de leyes y plazos, pero a grandes rasgos la cosa funciona así: el sistema intenta proteger tanto al arrendatario, que hace que el propietario viva con terror meter a un mal pagador en su inmueble. Esto porque sabe que si llega a tener que sacarlo por la fuerza, pueden pasar años, y el proceso tener costos enormes.

De ahí que en Uruguay, para poder alquilar un inmueble, los propietarios le piden hasta una colonoscopía, para asegurarse que tendrá chance de pagar. Y ante la mínima duda, prefieren dejar la casa vacía y tapiada. Algo que no es una decisión irracional, de puro malvado egoísta neoliberal, sino que responde a los incentivos de la realidad del mercado.

Lo que busca el cambio en la LUC, es que en paralelo al sistema vigente, el propietario y un aspirante a inquilino, puedan pactar libremente un régimen diferente. Que requiera menos garantías, pero que en contrapartida, permita recuperar la posesión del bien de manera más rápida. A ver... es lo que funciona en una cantidad de países desarrollados: usted paga dos o tres meses por adelantado, y ese plazo es el que tendrá para dejar la casa, en caso de no poder seguir pagando el alquiler.

Los datos duros muestran que en este año y medio de la LUC, casi no se han concretado alquileres en este sistema. Y los crueles desalojos a patadas no han pasado jamás. Porque es un cambio cultural fuerte, porque la ley ha estado en cuestión y la gente no querrá arriesgarse, o porque los propietarios prefieren asegurarse plazos largos. Lo que guste.

Pero se trata de una alternativa racional, que existe en otros países, que busca solucionar un problema ineludible. Que podrá ser perfectible, pero que a nadie perjudica que exista. No es que va a haber un aquelarre de millonarios propietarios de inmuebles coordinados para imponer este sistema a todo buen pagador, con el único fin de disfrutar de ese momento anhelado en que se le podrá pegar una patada en las posaderas al que alquila, y lanzarlo con su familia, bajo la lluvia invernal, mientras se enciende habanos con billetes de 100 dólares. Pero esa es la imagen que viene dando el sector político que quiere revocar esta parte de la LUC.

Y ahí vemos lo que pasa cuando el “gran” debate político, conspira contra la solución de los problemas concretos del hombre de a pie. En el Frente Amplio hay cantidad de dirigentes y legisladores que entienden esto. Que han vivido y estudiado en el exterior. Que saben que este no es un régimen inventado para torturar gente. Entonces, ¿cuál es la razón de querer eliminarlo?

No la hay. Incluso un dirigente de Fucvam, entidad que se ha opuesto pasionalmente a estos cambios, lo único que pudo decir para defender su postura, es que con el sistema anterior, ya se podía alquilar sin garantía, y con las mismas protecciones que el resto. ¿Si? ¿Y quien conoce un caso? ¿Por qué proliferan entonces los sistemas de garantías ingeniosos para intentar compensar este tema?

La realidad es que el acceder a un alquiler, en Uruguay, es mucho más difícil que en la mayoría de los países comparables. No tanto por el precio, sino por las garantías. Por eso, la gente joven vive con los padres hasta tan tarde. Y en las zonas más humildes, las familias van arracimando, más y más gente, dentro de los mismos terrenos.

La única explicación racional a querer eliminar esta alternativa, es que se hace para generar un daño político al gobierno. Es parte de la estrategia de frenar el impulso reformista de esta administración, forzando una especie de elección de medio término, que lo deje “rengo” el resto del período.

En lo macro, esa puede ser una estrategia política válida, en una democracia. En lo micro, muestra que para un sector amplio de la política, mejorar la vida concreta de la gente, de los más necesitados, queda en segundo plano, cuando se trata de pelear por el poder.

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