Martín Aguirre
Martín Aguirre

Andrade, impuestos y mentiras

En otro país, Oscar Andrade hubiera tenido que abandonar la política. A ver... un senador, ex candidato a Presidente del partido que gobernó 15 años, que no pagó sus impuestos por una década, no tendría forma de volver a poner la cara para pedirle el voto a la gente.

No decimos llegar a los extremos del ex presidente coreano Roh Moo-hyun, que se tiró de un cerro cuando lo acusaron de recibir un soborno. Pero sí una salida exprés al estilo Michelle Suárez. ¿Se acuerda de Michelle Suárez?

Acá eso no va a pasar. Por varios motivos, pero hay uno poco mencionado, pero tal vez el más significativo. Un mito muy extendido en Uruguay de que los impuestos son algo que deben pagar “los ricos”, las empresas. Y que el resto de la gente, bueno, la va llevando...

La permanente referencia de Andrade y sus compañeros sobre que su casa no era un mansión en Carrasco, y por eso su omisión sería menos grave es muy explícita. Lo mismo que la obsesión por mencionar su sueldo “líquido”, obviando que la DGI extrae a la sociedad casi el doble de eso para pagarle. O ya cuando lleva la argumentación a nivel caricatura al decir que entre hacer el piso de la casa o pagarle 200 pesos por mes a su amigo Orsi, optó por lo primero, porque tiene un hijo asmático. Eso dicho por alguien que gana 250 mil pesos por mes, 14 meses al año.

A lo que vamos es que hay una ficción muy extendida de que la carga de sostener ese Estado benefactor que todo uruguayo anhela, siempre corresponde a otro. De hecho, no existe casi sanción social por “escapar” a los impuestos. En el fondo, porque todos sospechan que son injustos, y que la plata termina malgastada.

Es interesante contrastar este sentimiento, con el dato publicado esta semana por la DGI, donde se detalla la composición de los ingresos tributarios del Estado. Según este informe, la “torta” de dinero que se extrae a la sociedad para financiar el aparato público se compone de la siguiente manera: Un 55% viene de impuestos al consumo (46% de IVA y 9% Imesi), un 36% de impuestos a la renta, y un 6% la propiedad.

Un detalle importante es que de los impuestos a la renta, la mayor parte (18% del total) viene del IRPF, o sea, de la gente que gana más de 34 mil pesos nominales. Y un 14% viene de las empresas. Que no pagan poco, ya que la tasa es de un 25%, pero que si reparte ganancias son 7 puntos más.

O sea que si hacemos cálculos rápidos, nos damos cuenta que la parte del león de lo que ingresa al estado viene de gravar el consumo (donde paga lo mismo Paco Casal que el cuidacoche de la esquina), y el sueldo de los millonarios que ganan poco más de 30 mil pesos ¡nominales!

Antes de que salga algún paranoico a decir que esto es culpa de que las empresas evaden, vale señalar que la evasión en Uruguay es ínfima. Las empresas no pagan más, porque simplemente no tienen renta. ¿Y qué renta van a tener si a la gente común no lo queda nada en el bolsillo para consumir?

Otro detalle es que este menú de ingresos del Estado, a todas luces tan injusto y negativo, es el producto de la muy progresista reforma tributaria que llevó adelante el Frente Amplio en el año 2007. Sí, todo aquel eslogan de que “pague más el que tiene más”, una década después nos dejó este panorama. Y encima hay que escuchar cada tanto a alguno de los consultores internacionales que pergeñaron esto dando cátedra sobre el tema, incluso recientemente desde las páginas de este diario.

Pero hay más para este boletín. Como los impuestos al consumo son tan altos, y lo que se queda el Estado de lo que gana la gente es tanto, el costo de sostener una empresa es agobiante. Por lo cual para poder atraer a alguien que invierta acá, la única forma es ofrecerle zonas francas, o que no pague alguna cosa. El propio Frente Amplio es consciente de eso, y por ello le dio las ventajas que le dio a UPM. Porque si no, se hubiera instalado en Brasil.

Pasando raya, lo que nos queda es un sistema donde una mayoría muy amplia de los uruguayos parece querer un sistema que podríamos llamar “estado de bienestar”, con muchos servicios públicos gratuitos. Pero donde también se piensa que quien debe financiar ese sistema son las empresas o las grandes fortunas, que sabemos que en Uruguay son 4.

La realidad, por otro lado, es que tenemos un sistema con cantidad de servicios públicos gratuitos, pero de mala calidad, por lo cual el que puede los debe pagar de nuevo en forma privada (educación, salud, seguridad). Y donde el peso de sostener estos servicios y burocracia lo termina asumiendo la gente de a pie.

El problema es que si un senador da el ejemplo de que si no quiere, no paga, y no pasa nada, ¿cómo se sostiene un sistema de estas características? Tal vez el caso Andrade debería servir para repensar todo este esquema que, claramente, está haciendo agua por muchos lados.

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