Martín Aguirre
Martín Aguirre

Amodio sí que importa

Es una pena. La semana que pasó estuvo pletórica de hechos jugosos para analizar, desde la pelea pública entre Astori y Sendic, la inquietante crisis en Brasil, la serie de eventos organizados por el MPP para reivindicar el reglamento de tierras de Artigas, o la nueva gira de Mujica por Europa, donde dio cátedra a los países “ricos” sobre qué hacer con los refugiados sirios. Así como lo oye.

Es una pena. La semana que pasó estuvo pletórica de hechos jugosos para analizar, desde la pelea pública entre Astori y Sendic, la inquietante crisis en Brasil, la serie de eventos organizados por el MPP para reivindicar el reglamento de tierras de Artigas, o la nueva gira de Mujica por Europa, donde dio cátedra a los países “ricos” sobre qué hacer con los refugiados sirios. Así como lo oye.

Hasta se podría haber dedicado alguna línea a comentar el removedor seminario organizado por la UdelaR, llamado “Saberes en diálogo: Poshegemonía, Pedagogía de la Madre Tierra, Ludopedagogía y participación popular en políticas públicas”. Esto mientras el rector Markarian denuncia que los fondos asignados a su casa de estudios no alcanzan para su funcionamiento básico.

Pero no. Seguimos atrapados por el pasado. Aunque el procesamiento del extupamaro Amodio Pérez genera más nervios por nuestro futuro, y es por ello que amerita este espacio.

El título de la pieza responde a un editorial publicado por El País previo al fallo, donde se alertaba que más allá de la situación del exguerrillero, esa definición judicial diría mucho sobre el estado actual de la Justicia. Y vaya si lo dijo.

No cometamos la infamia de entrar en los aspectos anecdóticos del fallo en sí. Es absurdo, por ejemplo, hacer escarnio de las faltas de ortografía en el mismo, cuando se sabe que si bien los jueces los firman y deberían leerlos antes, no suelen ser ellos quienes los redactan. Tampoco hagamos referencia a la inédita celeridad de la instrucción: una vez que la Justicia se toma su tarea a pecho, sería el colmo criticarla. Mucho menos a la voluntad de la jueza de meterse en una causa que, con el criterio adoptado, obligará al Ministerio del Interior a licitar una nueva cárcel (o compra directa, mejor), ya que serán cientos de personas que marcharán al calabozo. Una vez que un juez se anima a meterse con el poder...

Sí es interesante comentar la nueva teoría histórica que el fallo impulsa. Hasta ahora se había escuchado de todo sobre la dictadura; desde que había empezado en el 68, hasta la reciente versión de que solo terminó cuando cayeron los gobiernos “neoliberales” de blancos y colorados. Pero esta nueva versión de que los 10 años necesarios para prescribir un delito cometido en 1972 solo empezaron a correr 6 años después de la llegada del Frente Amplio al poder, es realmente removedora.

El fallo ha generado una catarata de comentarios en los medios, críticos con la liviandad de las pruebas, la falta de solidez de la acusación, la pobreza técnica, y hasta del espíritu de venganza que trasunta. En eso ha coincidido gente de variados perfiles ideológicos, desde Hoenir Sarthou, o Daniel Figares, hasta Nelson Fernández o Gabriel Pereyra. A favor del fallo, reaccionaron personalidades de profunda solvencia legal y humana como Fernández Huidobro o Mauricio Rosencof.

Tal vez lo más perturbador fue lo que dijo el ministro Eduardo Bonomi, que afirmó que Amodio “no sabe dónde está parado ni en qué tipo de país está”. Cosa que, para ser honestos, nos está pasando a muchos.

Por ejemplo, es llamativo que ante un fallo de este tipo, tan polémico y definitorio, no haya habido ni un solo catedrático de derecho penal que haya abierto la boca. Salvo el profesor de la Católica Gastón Chávez, ni uno de aquellos docentes que en facultad daban vigorosas arengas sobre el garantismo y las vergüenzas del proceso penal, ha sentido que debe opinar al respecto. Se dice que para ellos es peligroso porque mañana pueden tener una causa en ese juzgado. Lo mismo le puede pasar a cualquier periodista de los que ha opinado, ya que las causas por ley de prensa van por vía penal.

La realidad es que cualquiera sea la razón de fondo que desata un fallo tan polémico y cuestionable desde el punto de vista técnico, es reveladora de cosas dignas de quitar el sueño a cualquier ciudadano. Si hablamos de que el mismo tiene origen en aspectos ideológicos y políticos, señala que la Justicia ha perdido la venda que debería cegarle la vista y forzarla a tratar a todos por igual. Si hablamos de que tiene ancla en una falla técnica de los operadores que lo impulsaron, su alta jerarquía nos debería alertar sobre el nivel general de la Justicia en el país. Si cuestionamos que una persona pueda estar presa vaya a saber uno cuánto tiempo por la decisión de un solo juez, en una definición criticada (aunque sea sin dar la cara) por el 99% de quienes entienden del tema, queda clara la urgencia de modificar el proceso penal actual. Cosa que todos saben y por lo cual hay un proyecto que descansa en los cajones del Palacio Legislativo hace años.

Si todo este bochorno hace que alguien con peso político asuma de una buena vez la postura de cambiarlo, tal vez estos meses de revolcarnos en las miserias humanas de hace 40 años, habrán servido para algo.

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