Mala semana para el sindicalismo. Por un lado se concretó la renuncia de Eduardo Burgos, responsable del Plan de Vivienda del Pit-Cnt, luego de que se presentara una tercera denuncia por estafa a raíz de contratos firmados a nombre de la central sindical. Un escándalo que sigue tirando sombras sobre un negocio millonario y que puede generar nuevos títulos a medida que avancen las instancias judiciales.

Mala semana para el sindicalismo. Por un lado se concretó la renuncia de Eduardo Burgos, responsable del Plan de Vivienda del Pit-Cnt, luego de que se presentara una tercera denuncia por estafa a raíz de contratos firmados a nombre de la central sindical. Un escándalo que sigue tirando sombras sobre un negocio millonario y que puede generar nuevos títulos a medida que avancen las instancias judiciales.

Pero la "bomba" de la semana fue sin dudas el procesamiento del director de ASSE, Alfredo Silva, junto con otras 9 personas, por cargos que implican corrupción y manejos abusivos de dinero e influencias en la entidad que controla todo el aparato de la salud pública en el país. La caída en desgracia de Silva tiene implicancias que van bastante más allá del caso en cuestión, ya que pone en entredicho uno de los pilares de estos dos gobiernos del Frente Amplio: la relación "carnal" con el poder sindical.

Una de las primeras medidas cuando Tabaré Vázquez llegó al Gobierno, parecido a lo que hizo en la IMM, fue un acuerdo con este poder sindical que implicó tres ejes centrales; los Consejos de Salarios, la ley de Fuero Sindical, y la participación de representantes de los trabajadores en los principales entes del Estado.

El pacto era beneficioso para ambas partes: el gremialismo conseguía un crecimiento exponencial en capacidad de presión y de solvencia financiera (la ley de fueros habilita a descontar directamente de los salarios la cuota sindical en condiciones prioritarias), y el Gobierno se aseguraba un apoyo en la calle y en los organismos públicos casi absoluto.

Pero la relación se fue desgastando con el paso del tiempo, y con la irrupción de intereses corporativos que no siempre coinciden con las necesidades de un partido político. La presión sindical frustró planes centrales del primer gobierno de Vázquez como la reforma del Estado. Y con la llegada de Mujica los choques fueron más notorios en cuestiones como el plan para reflotar AFE, la crisis en la educación, y las tensiones en salud pública. Tan es así que Mujica se vio obligado a acordar con la oposición el tema del doble voto en los organismos de la educación para posibilitar algunos proyectos que llenaran el ojo a una opinión pública furiosa por los resultados educativos, y la remoción del primer director de ASSE, Mario Córdoba, el "poeta de la medicina", por su debilidad ante el poder de los representantes gremiales.

En ese marco la figura de Alfredo Silva fue siempre un paradigma. Histórico dirigente de los tiempos más duros de los gobiernos anteriores, su llegada a puestos de dirección lejos estuvo de apaciguar sus fuegos combativos. No dudó en tomar partido por el gremio en algunos conflictos, adquirió un rol de peso en el enfrentamiento con el sector médico, y ahora parece comprobarse que usó su puesto para montar una red empresarial "cooperativa" en varios de los mayores hospitales del país. Esto con un tono y unas formas prepotentes que le ganaron enemigos entre propios y extraños. De hecho las denuncias que han generado su crisis actual provienen de exfuncionarios y miembros de la propia cooperativa, que se sintieron maltratados por Silva.

También en el oficialismo el perfil de Silva fue generando problemas. El senador Rubio llegó a reclamar su renuncia por considerar "que no se puede estar de los dos lados del mostrador", al igual que el diputado de la 609 Walter De León, que lo calificó de "chanta" y "falto de capacidad". Pero tal vez lo más significativo fue lo del senador de Asamblea Uruguay Luis Gallo, que dijo que ante la ola de denuncias contra Silva "el Frente no quiso o no pudo ir más allá en la investigación" debido a la defensa que hizo del mismo el Pit-Cnt.

La primera pregunta que cabe hacerse es por qué no alcanza la representación política surgida de las urnas, que es necesario dar espacio a dirigentes gremiales. La segunda es hasta dónde esta participación no otorga un poder desmedido a los gremios, como queda claro en este caso donde se denuncia que parte de los convenios implicaban "paz sindical" a cambio de beneficios económicos, y que el oficialismo no se animara a investigarlo.

Con un panorama que muestra una caída fuerte en la imagen de la dirigencia gremial, que es desaprobada por un 48% de la población y un 36% de los frenteamplistas, vale preguntarse si la exitosa alianza entre el oficialismo y el establishment sindical podrá mantenerse inamovible. O, si en una campaña electoral cerrada no se convertirá en un lastre demasiado pesado para el candidato que pugna por volver a la residencia de Suárez.