Luciano Álvarez
Luciano Álvarez

Espionaje y política

En 1787, Alexander Hamilton sentenció que “la seguridad ante el peligro externo es la más poderosa directriz de la conducta nacional” y que las naciones, “para estar más seguras, finalmente se mostrarán dispuestas a correr el riesgo de ser menos libres.” He aquí uno de los dilemas de las sociedades democráticas, un problema por el que no tienen que preocuparse las dictaduras y los estados autoritarios. Este dilema tiene especial significación en la cultura política de los Estados Unidos. La discusión, reciente y actual, sobre la “USA Patriot Act”, la ley promulgada en 2001 para combatir el terrorismo, tiene más de un siglo de antecedentes.

En 1787, Alexander Hamilton sentenció que “la seguridad ante el peligro externo es la más poderosa directriz de la conducta nacional” y que las naciones, “para estar más seguras, finalmente se mostrarán dispuestas a correr el riesgo de ser menos libres.” He aquí uno de los dilemas de las sociedades democráticas, un problema por el que no tienen que preocuparse las dictaduras y los estados autoritarios. Este dilema tiene especial significación en la cultura política de los Estados Unidos. La discusión, reciente y actual, sobre la “USA Patriot Act”, la ley promulgada en 2001 para combatir el terrorismo, tiene más de un siglo de antecedentes.

En 1908 Theodore Roosevelt propuso la creación de un Servicio Secreto, dependiente del Departamento de Justicia (Ministerio del interior); la negativa del Congreso fue rotunda puesto que, en palabras del republicano George E. Waldo, sería “un gran golpe para la libertad y las instituciones libres que surgiera en este país tal clase de gran oficina central del servicio secreto como existe en [la] Rusia [de los zares].”
El resultado fue que, de todos modos, y de manera singularmente alocada, el Departamento de Justicia puso en marcha un sistema de agentes e informantes que alcanzaría una dimensión escandalosa, incapaz de distinguir entre socialistas, terrorismo anarquista o espías extranjeros.

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial el puerto de Nueva York era fundamental para el almacenaje y distribución de armas y alimentos para los aliados. Los alemanes organizaron grupos de emigrantes germanoparlantes para hacer propaganda y sabotear ese tráfico. Hubo varios atentados, pero el mayor sucedió en 1916 en la isla Black Tom donde funcionaba un inmenso depósito de municiones y explosivos destinados a Gran Bretaña y Francia. La destrucción fue total, incluso la Estatua de la Libertad resultó dañada y la onda alcanzó casas y edificios cercanos a la costa.

Cuando, en abril de 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra se dictó la Ley de espionaje cuya amplitud sobre el concepto era tan amplio que permitió procesar a 1055 personas, la mayoría disidentes políticos que se oponían a la guerra, entre ellos 165 líderes de la IWW (Industrial Workers of the World).

No se capturó a ningún espía real, pero algunos políticos utilizaron el temor colectivo. Un senador republicano, Lee Overman, anunció que había cien mil espías extranjeros, luego aumentó la cifra hasta cuatrocientos mil. Su fuente era la recién creada División Radical del Departamento de Justicia, cuyo director era un joven J. Edgar Hoover.
En 1918, el Congreso sancionó las Leyes de Extranjeros y Sedición: una imponía severas penas para cualquiera que estuviese dispuesto a “proferir, imprimir, escribir, o publicar algún lenguaje desleal, profano, difamatorio, o abusivo acerca de la forma de gobierno de los Estados Unidos.” La otra, permitía la deportación de extranjeros sospechosos.
Terminada la Guerra y con la conmoción producida por la Revolución Soviética, estas leyes fueron utilizadas contra los partidos de izquierda donde militaban una enorme porción de extranjeros. De la amenaza alemana se pasó a la roja en medio de una crisis producida por varios millones de obreros licenciados por la industria de guerra y otros tantos del ejército. Una serie de huelgas estallaron a lo largo del país y fueron reprimidas con severidad.

Quienes dieron la respuesta más dura a estas leyes fueron los galeanistas, anarquistas seguidores de Luigi Galleani (1861 - 1931). Si bien su periódico --Cronaca Sovversiva-- tenía unos tres mil suscriptores, el núcleo duro no pasaba de cincuenta individuos, autores de graves atentados a lo largo de dos décadas. La policía y los servicios de inteligencia prácticamente no lograron detener a ninguno de los galeanistas y cuando lo hicieron generaron uno de los crímenes legales más celebres: el de Sacco y Vanzetti.

En marzo de 1919 el presidente Wilson nombró al frente del Departamento de Justicia a Mitchell Palmer, de 47 años, cuáquero pacifista, experimentado legislador y uno de los promotores de Wilson a la presidencia. Era un político nato, gran conversador, componedor y sobre todo ambicioso, tanto como para creer que su destino era la Casa Blanca.

En junio de 1919, los galeanistas hicieron estallar nueve bombas en siete ciudades. Afortunadamente la impericia era su norma; ninguno de los destinatarios fue alcanzado pero murieron un sereno, una mujer que caminaba por la calle y uno de los terroristas, Carlo Valdinoci, quien voló en pedazos junto con el salón principal y la fachada de la casa de Palmer, en Washington. El Fiscal General decidió acabar con lo que definió como una conspiración comunista contra la nación y encomendó la tarea al joven J. Edgar Hoover. El mecanismo fue salvaje: entre 5 y 10 mil residentes extranjeros fueron arrestados sin una orden judicial en lo que se conocerían como “Las redadas de Palmer.”

Pero el rechazo no se hizo esperar. Hubo renuncias y protestas de numerosos miembros de la judicatura. Uno de los máximos responsables del sistema de inmigración informó que se había arrestado a incontables inocentes para encontrar a un puñado de sospechosos. El caso terminó en la corte del juez federal George W Anderson quien sentenció que la conducta del Fiscal Palmer era inconstitucional puesto que el gobierno había creado un “sistema de espionaje” que “destruye la fe y la confianza y propaga el odio.” […] Una turba es una turba tanto si está formada por funcionarios públicos que actúan siguiendo instrucciones del Departamento de Justicia como por criminales, holgazanes y otras gentes de mal vivir.”

Este fallo sepultó la carrera política de Palmer; la Convención demócrata lo confirmó cuando intentó vanamente presentar su candidatura. Se había impuesto el sistema institucional y el principio de las libertades individuales.

El 16 de septiembre de ese mismo 1920 una bomba anarquista estalló en Wall Street; fue el mayor atentado hasta entonces: 38 personas murieron y 400 fueron heridas, exponiendo una vez más el dilema: en las condiciones de vida civilizada el sistema de libertades y justicia independiente es tan necesario como vulnerable.

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