Tras 14 años de gobierno, el legado del Frente Amplio es altamente deficitario.

Lo es desde el punto de vista de la economía, donde la bonanza vino de afuera mientras acá se autocolocaban las cucardas, y lo es en todas las materias del Estado: desde la política internacional hasta la asfixia productiva en el campo y en la industria.

Pero donde el deterioro fue mayor y ha dejado profundas secuelas es en todos los aspectos vinculados con valores y el rotundo fracaso en el manejo del Ministerio de Desarrollo Social en materia de inclusión y rescate de los sectores vulnerables de la población.

No es de extrañar; salvo unos años de Daniel Olesker (un socialista radical) estuvo siempre manejado por el Partido Comunista (Marina Arismendi, Ana Vignoli, Arismendi otra vez), una corriente ideológica que se ha caracterizado por su enorme fracaso en el mundo.

Fue creado en marzo de 2005 para enfrentar las consecuencias de la gran crisis (2002-2003) con un presupuesto inicial de US$ 65 millones. Hoy su presupuesto es de US$ 290 millones y en 14 años de funcionamiento el dinero asignado al Mides ronda los 2.000 millones de dólares.

El número de funcionarios del Mides pasó de 1.000 a 1.500, sin contar a las numerosas oenegés que se contratan y operan como un brazo extensivo del ministerio. Da la impresión de que en vez de disminuir la emergencia y las necesidades sociales, han aumentado o son eternas.

La tarea asistencial del Mides ha influido muy poco en materia de seguridad; los delitos se han disparado y el mercado de la pasta base también. Lo mismo en materia de educación, herramienta esencial de la inclusión social: si se carece de ella, los caminos que se les abren a los que quedan fuera, son tremendamente peligrosos. No se necesita ser muy pesimista para augurarles un destino lleno de problemas, que golpearán fuerte a toda la sociedad. Y ahí hay varios ejemplos sobre los hijos del Mides:

—Daysi Iglesias, titular del sindicato de magisterio, narró a Búsqueda que "hay niños que juegan en los recreos de la escuela con tizas rotas, molidas, a vender pasta base. ¡Juegan a vender droga! ¡Pasta base! No nos puede estar pasando. Este no puede ser el juego de nuestros niños... Es el rebote del consumo de drogas".

—A mediados del año pasado, en la escuela N° 385 del barrio Maracaná, dos niños de 10 y 13 años mantuvieron en vilo durante días a las autoridades y familias de los alumnos: consumían marihuana en el horario escolar y amenazaban a las niñas que las iban a violar si las veían solas en el baño. Tras las denuncias policiales, los padres de los dos menores fueron citados varias veces por la escuela, pero no hubo solución. Según una de las madres alarmadas, "la mamá de los chicos no vive con ellos y el padre le dijo a la directora que no sabía qué hacer, porque como la marihuana es legal…".

—A fines de la administración Mujica, un informe de la Junta Nacional de Drogas que recogiera "Búsqueda" sobre "la problemática del consumo de drogas en siete barrios de Montevideo: Flor de Maroñas, La Teja, Cerro, Colón, Casavalle, Malvín Norte, Lavalleja; y uno de Canelones: Vista Linda" contaba cómo los niños uruguayos jugaban a ser narcos.

"Nacidos y criados al borde del mapa de las ciudades en el Uruguay, la ley que allí impera es la que imponen los cárteles. Y ese escenario es el único que conocen… En las escuelas los niños juegan a ser narcos, a vender y comprar drogas". Y muchos menores de edad "ya trabajan en los esquemas de distribución como mandaderos, lo que en la jerga se llama perros".

"Para ellos es algo tan natural, lo tienen tan internalizado y tan naturalizado que a veces a los docentes nos asusta oírlos hablar entre ellos", se lamenta la directora de una escuela pública de Casavalle, porque sabe que es un problema que vive el barrio. Incluso "programan el ir a robar o el ir a drogarse o que vendieron cierta cantidad de droga".

—Pero no solo son los niños los que marcan el fracaso del Mides. Hay una multiplicación notoria y visible de gente durmiendo en las calles o en espacios públicos. Un censo de 2016 —último conocido— indicó que había 1.651 personas en situación de calle, mientras que en 2011 eran unas 500. Hasta el intendente Daniel Martínez se ha alarmado por esa situación y lo ha hecho público.

Hace poco más de un año, el senador Lacalle Pou planteó la necesidad de una auditoría en el Ministerio de Desarrollo Social. Pareció que el presidente Vázquez recogía el guante cuando respondió que "Nunca nos hemos opuesto a ninguna investigadora o auditoría", pero las palabras se las lleva el viento y quedó en eso.

Ahora es el diputado Martín Lema (que hizo 10 pedidos de informes y no se le contestó ninguno) que anuncia la convocatoria de Marina Arismendi al Parlamento "por la falta de transparencia y el sentimiento de impunidad en la gestión de los fondos públicos, e insistiremos en el pedido de Lacalle Pou de realizar cuanto antes una auditoría externa".

Sería muy bueno saber qué se hace con ese dinero, cómo y en qué se gasta. Todos los uruguayos financian el Mides.