Pablo Da Silveira
Si en la Universidad de la República existe el cogobierno, ¿por qué no debería existir en ANEP? ¿No se trata simplemente de generalizar lo que ya tenemos? La respuesta es negativa y es bueno entender por qué.
El régimen de cogobierno creado por la Ley Orgánica de 1958 no sólo asegura la representación de los docentes, sino también la de aquellos que se verán directamente afectados por el buen o mal funcionamiento de la universidad estatal. En primer lugar los estudiantes, que son quienes recibirán la formación de la que vivirán el resto de sus vidas. En segundo lugar las propias profesiones, cuyo prestigio a mediano plazo depende en buena medida de la calidad de los egresados.
Es posible criticar este sistema porque posterga a quienes sólo se ven afectados de manera indirecta por el buen o mal funcionamiento de la universidad estatal (típicamente los contribuyentes, que la financiamos con impuestos). También es posible criticar el estilo de representación que ha predominado durante décadas: los representantes de los diferentes "órdenes" parecen más inclinados a enredarse en la compleja política interna que a transmitir las necesidades de sus representados y buscar soluciones concretas. Pero al menos puede decirse que, se use bien o se use mal, los más involucrados tienen una oportunidad de hacerse escuchar.
Esto es justamente lo que no ocurriría en el modelo de cogobierno que se está proponiendo para ANEP. En este caso, los únicos que estarán directamente representados son los docentes, es decir, una parte sustancial de los funcionarios del propio sistema. Pero no habrá ningún representante directo de los alumnos ni de los padres, que son los inmediatamente afectados por las decisiones que adopten las autoridades educativas.
Los alumnos no pueden estar representados porque en su inmensa mayoría son menores de edad, de modo que es legalmente inviable que tengan alguna responsabilidad en el gobierno de un ente autónomo. En cuanto a los padres, el proyecto de Ley no propone incorporarlos de ningún modo. Y es bueno que así sea, porque todo intento de seleccionar a sus representantes conduciría a una sorda batalla entre fuerzas políticas para ganar cuotas de influencia.
Alguien podría decir que los alumnos y sus padres estarán representados por los miembros de los consejos que serán votados en el Senado. Pero la tarea de esos miembros no será representar a grupos específicos sino a la sociedad en su conjunto. Y en esa tarea se toparán con los representantes de una corporación específica que (según establece el proyecto del Poder Ejecutivo) tendrán poder de veto en las decisiones cruciales.
En el cogobierno que se propone para ANEP se escuchará muy fuerte la voz de quienes han hecho de la enseñanza su medio de vida, pero apenas se escuchará la voz de quienes son la razón de ser del sistema educativo. Las necesidades de los docentes estarán en el centro de la agenda, mientras las necesidades de los alumnos y sus padres ocuparán un lugar secundario. Se trata de una perfecta inversión de los medios y los fines.
Equiparar el cogobierno propuesto para ANEP con el que existe en la universidad es una equivocación. O peor aun, es un intento de presentar como familiar lo que en los hechos sería un profundo cambio de rumbo en nuestra historia educativa.