Desde la aprobación de la ley forestal en 1987 ese sector productivo ha crecido sin parar, llegando a cubrir una superficie de 1.5 millones de hectáreas plantadas en todo el país.

La idea original fue diversificar la economía agropecuaria, entre otras razones para minimizar las vulnerabilidades que el sector experimentaba cíclicamente por de la variabilidad climática (sequías agudas).

Llegaron las plantas de celulosa. En 2007 comenzó a funcionar la polémica Botnia (Finlandia) -hoy UPM- ubicada sobre el río Uruguay, en la zona de Fray Bentos. En 2014 fue el turno de Montes del Platas (chilenos y finlandeses) localizada en Punta Pereira, Colonia.

Parecía cerrado este capítulo de la industrialización forestal, pero en el período anterior de gobierno surgió el acuerdo con la multinacional finesa para construir su segunda planta en Uruguay (UPM-2).

Las negociaciones se llevaron adelante guardando el más estricto secreto, con la intención de evitar las grandes resistencias que esas negociaciones habrían generado a cada paso, si tomaban estado público. Tampoco se informó al Parlamento de todo lo que se estaba negociando y comprometiendo a corto, mediano y largo plazo, como correspondía ante un proyecto de esta envergadura. Finalmente Presidencia suscribió el acuerdo que incluía una larga lista de obligaciones para el estado uruguayo y ninguna para la empresa extranjera. Al momento de la firma ni siquiera se comprometía a instalar la planta; tenía bastante tiempo todavía para comunicarle al gobierno su decisión final.

Cuando se conoció el texto de lo firmado la indignación fue casi unánime.

El otro problema importante fue la localización elegida porque implicará someter al ya comprometido río Negro en materia ambiental, a una presión adicional de gran magnitud. Recordemos que las diferencias de caudal entre el río Uruguay y el Negro son enormes.

Una vez firmado este mal acuerdo por el gobierno anterior, solo resta su cumplimiento.

Con el cambio de mando y en plena crisis sanitaria, la coalición multicolor -que siempre estuvo a favor de esta inversión pero en contra de muchas de las condiciones firmadas- renegoció con la empresa extranjera algunos aspectos económicos, consiguiendo algunos ahorros significativos para las arcas públicas.

Y el cuarto capítulo de esta historia lo comienza a escribir el nuevo partido político Cabildo Abierto que integra la coalición de gobierno, al presentar un proyecto de ley en el cual se plantea algunos puntos contundentes. La prohibición de forestar en los mejores campos de aptitud agrícola del país, y la imposibilidad de que se construya una cuarta planta de celulosa en el territorio nacional. Su principal argumento es que al país no le conviene que se imponga el modelo celulósico, y sí fortalecer el de la producción agropecuaria para un mundo que se sabe será cada vez más demandante de alimentos.

Con esta iniciativa que ocurre en este momento tan particular, coloca sobre la mesa de discusión política y a nivel nacional un tema que es crucial: cuál debería ser el uso de la tierra más inteligente, sostenible y prioritario para la sociedad uruguaya, de cara a los enormes desafíos de este siglo.