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Zozobra en la justicia

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LEONARDO GUZMÁN
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Búsqueda publicó la denuncia de dos abogados ante la Suprema Corte. Sostienen que tenían ganada 3 a 2 una casación y que el fallo se revirtió en su contra, al haberse jubilado uno de los Ministros que les había dado la razón y haberlo subrogado una Magistrada que votó en su contra.

Los denunciantes acusan a sus contrarios de haber introducido dos recusaciones en cascada, amañadas para estirar el plazo hasta que se jubilase uno de los miembros que les molestaba. Según la versión, para eso habrían manejado datos confidenciales. Imputan a la asistente técnica del Presidente Dr. Tabaré Sosa, tener intimidad con uno de los beneficiarios del cambio y haber incurrido en infidencia. Las crónicas informaron que, además del planteo civil y administrativo ante la Corte, los pretendidos damnificados presentaron denuncia penal.

No recordamos jurisprudencia recaída sobre un planteamiento que se hubiera referido a una violación de la debida reserva en la vida interna de nuestro máximo órgano judicial. Esa falta de precedentes habla bien del modo nacional de vivir la Justicia, hasta hoy. Tan es así que daría para tener este caso como una acusación aislada, a despejarse en silencio por los procedimientos legales, si no fuera que su estruendo resonó en un contexto de crujidos y debilidades que afectan a nuestro Derecho en conjunto.

Hace años el Poder Judicial quedó arrinconado porque el Poder Ejecutivo frenteamplista le desconoció sus fallos y soportábamos a un Presidente macaneador que sostenía que la política estaba por encima del Derecho. Después, se le amputaron las facultades constitucionales en el proceso penal.

Y en estos últimos meses, el servicio de Justicia ha salpicado a la opinión pública con noticias de mal jaez: una Fiscal encargada de indagar abusos sexuales se despachaba ante las cámaras con palabrotas precisamente alusivas a la fisiología genital y, tras irse, es acusada de ocultar pruebas a la defensa; una Juez Letrada tuvo que ser destituida por mezclarse en los delitos de su pareja; la Corte debió recordar a los Jueces que tienen la obligación de comunicarle todo caso en que sometan a otro Magistrado a un proceso penal o a limitaciones ambulatorias.

En este marco -cuyos ejemplos podríamos multiplicar- esta denuncia de la semana pasada no constituye una nube negra en un cielo azul y despejado. Sea verdadera o falsa la imputación -que por ahora aparece sostenida solo por indicios- es bochornoso el tema entero, no solo para el servicio judicial en entredicho sino para el foro, es decir, para la abogacía, donde el Derecho Procesal aparece cada vez más vaciado y abusado y donde a dos por tres surgen procedimientos que no quedan a salvo.

Lo denunciado deberá aclararse, pues, raspando hasta el hueso y haciendo públicos los resultados. Está en juego el honor de las personas y el honor de una función esencial del Estado.

En una etapa de descreimiento, abulia y perplejidad, con hambre de valores, la tradición de integridad moral y eficacia funcional de nuestros Jueces está llamada a constituirse en herramienta de salvación pública. Y eso no lo podemos perder.

El Derecho no debe romper la arteria espiritual que lo liga al sentido común.

Por eso, ante tamaña denuncia no podemos silbar bajito y mirar para otro lado.

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