Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

¿Vetando plebiscitos?

La Institución Nacional de Derechos Humanos dedicó siete apretadas carillas a insinuar que la Corte Electoral debería juzgar si los textos que le llegan para plebiscitarlos hacen retroceder, o no, algún derecho hasta ahora garantizado.

No cabe aquí glosar cada capítulo del documento, pero tampoco cabe quedarse callado ante la originalidad, el retorcimiento y los errores de la tesis que se blande en nombre de un órgano del Estado.

Según la Inddhh, cada vez que surgiere un proyecto con firmas que habiliten referéndum o plebiscito, la Corte Electoral tendría que decidir si considera que la iniciativa hace progresar los derechos humanos y entonces la mandaría a plebiscitar; o si, en cambio, la estima regresiva y entonces la haría abortar.

Se argumenta que los derechos humanos no son “decidibles” por mayoría, en lo cual estamos de acuerdo quienes defendemos la base de Derecho Natural y humanismo dinámico que palpita en el art. 72 de la Constitución. Pero enseguida se aduce que como en materia de derechos cada conquista está sometida al “principio de no regresividad” y como tal principio podría ser reclamado por las convenciones internacionales que obligan al Uruguay, entonces a todos los órganos del Estado les alcanza el deber de no prestarse a retrocesos.

A partir de esa construcción, la Inddhh plantea que la Corte Electoral debería evaluar si son progresistas o regresivas las adiciones constitucionales impulsadas por el honorable ciudadano Dr. Jorge Larrañaga, y el referéndum sobre la propuesta de derogar la ley que autoriza el cambio de sexo en menores sin consentimiento de los padres, combatida por los honorables ciudadanos Álvaro Dastugue y Carlos Iafigliola. (El numeral 3. de la resolución nombra los dos temas. No vale, pues, el argumento esgrimido por un Director de la Inddhh según el cual la resolución no aludía a la reforma constitucional.)

Ahora bien. ¿De dónde sacaría competencia la Corte Electoral para erigirse en juez de contenidos y hacer callar al pueblo? La Corte Electoral, orgullo por estructura e historia, no merece que se imagine convertirla en atropelladora de la Constitución.

Y hay más.

Se puede estar de acuerdo o no en aplicar cadena casi perpetua a los criminales aberrantes, ¿pero puede negar la Inddhh que aumentar las penas es uno de los recursos para defender los derechos a la vida, a la seguridad y a la libertad ambulatoria que tenemos amenazados todos?

Y en cuanto a la ley “trans” ¿se puede negar que es opinable que haya habido algún “progreso” en permitir operaciones cruentas e irreparables a quienes no han llegado a la adultez y al albedrío, llevándole la contra a los padres y a la naturaleza?

Las visiones lineales fatalmente desembocan en el inmovilismo. Impiden ensanchar el horizonte con nuevas respuestas. Le abren la puerta a la unilateralidad, el fanatismo y el totalitarismo.

El esperpento que denunciamos no es un caso aislado. Es una profanación más entre las que viene sufriendo nuestro Derecho. Se suma a silencios intolerables, como el que se guarda ante las ilevantables denuncias del Prof. Eduardo Lust Hitta respecto a los contratos con UPM.

Integra el cuadro de aflojamiento institucional y pérdida del rigor republicano, que termina por machacarnos el alma.

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