LEONARDO GUZMÁN

Todo indica que esta vez habrá acuerdo para designar Fiscal de Corte, porque finalmente se está aplicando el procedimiento natural de ofrecer una tríada de alternativas.

Aleluya. Porque al año que insumió la separación del anterior titular por causa de sumario -concluido con 14 dictaminantes que le imputaron ilegalidad y una sola abstención-, se le agregaron -desde abril de hace dos años- tres subrogaciones: las dos primeras fueron dispuestas en el orden de precedencia que marca la ley; y la tercera, en cambio, se construyó como alarde malabar en la cornisa de la legalidad, con el cuerpo colgando afuera.

Salir de un trámite kafkiano, terminar con trascendidos y bamboleos, dejar de oír defensas de candidatos con el argumento -impertinente- de su filiación política y, en vez, conseguir la mayoría especial que dispone la Constitución, tiene el valor de lo normativamente debido.

Obviamente es necesario llenar la vacante, dejando de manejar nombres respetables. Es notorio que se acumularon temas por resolver, más por desatención global que por descuido de los subrogantes. Es deplorable que la funcionalidad y la imagen del servicio aparezcan hoy entreveradas con la noticia de que un artículo del Presupuesto permite el contrasentido de que un Fiscal Nacional reviste en la secretaría de un actor político y hasta ejerza la profesión, incluso con el Ministerio Público como eventual contraparte: lo cual puede parecerles aceptable a los que creen que los conceptos no contienen esencias, que los consensos pueden travestir la realidad y que la ley es sólo un arreglo de grupos e intereses, pero le cae horrible a todo hombre que, haya estudiado o se maneje con simples refranes, viva el Derecho como exigencia existencial.

Pero todo eso, que deberá resolverse bien y pronto, resulta instrumental frente al gran tema que tiene el Uruguay por delante: la reelaboración, para hoy y para las décadas venideras, de conceptos claros, que le restituya a las normas jurídicas su generalidad y su fuerza imperativa. No sólo entre los Magistrados y actores del pensamiento jurídico sino en todos y cada uno de los habitantes cuya asociación política constituye la República.

Hay quienes, por importar modelos ajenos, buscan que la autoridad de los precedentes anestesie el pensamiento creativo; musitan que el Derecho es el pronóstico de lo que puedan decir los Fiscales y los Jueces; y, en vez de construir la solución para el caso que tienen enfrente, la arman con el "cortar" y "pegar" del ratón electrónico, sobre textos que fueron escritos para situaciones que casi nunca se superponen entre sí.

El peligro conceptual de modas como ésa no puede medirse en palabras. Son gemelas de la mala praxis médica. Resultan de un achicamiento del horizonte de comprensión, que es anterior a -e independiente de- la ideología de izquierda o derecha que inspire a cada uno.

Ninguna custodia de la libertad será nunca más alta que la que habrá de resultar de las conciencias de los interlocutores restregando razones, enfoques, visiones diferentes. Sostuvimos en esta columna, cinco años atrás, que la libertad del dictaminante y la conciencia del decisor son las últimas garantías del Derecho y la justicia.

Cuando aún no se sabe quién haya de ser el portador -"trger"- de carga tan pesada como exigente de luz -puesto que debe ejercerse desde lo mejor de quien la asume-, mucho más que tristeza por todo lo que pasó, sentimos alegría por lo que vendrá.

La libertad del dictaminante y la conciencia del decisor son las últimas garantías del Derecho y la justicia.