Una Juez Letrada de Rivera acaba de ser sometida a proceso penal, imputada por un delito de peculado, varios delitos de abuso de funciones y un delito de violencia privada, todos en régimen de reiteración real. 

Es una situación insólita, personalísima, que no mancha la tradición honorable de nuestros señores Jueces de todo nivel.

Pero si ningún momento es bueno para noticias de esa laya -cuyos precedentes se cuentan con los dedos de una mano-, la realidad es que tamaña novedad saltó a la luz pública en una etapa de debilidad y hasta perplejidad de nuestro Poder Judicial.

Es que siendo un Poder esencial del Estado de Derecho y una herramienta irremplazable para las garantías, la Justicia desde marzo redujo su actividad a un mínimo basal, con sectores que llegaron a un estado vegetativo. De lo cual se empezó a salir por gradualidad, pero con algunos Juzgados tramitando los escritos que han vuelto a recibir y otros dejándolos campanudamente en bandeja hasta que se terminen los “días inhábiles”.

El teletrabajo actuarial se invoca como argumento para dilatar sin plazo pedidos urgentes. Las audiencias por zoom pisotean la inmediación entre los interesados, los testigos y los jueces, que se proclamó como el gran mérito de la oralidad consagrada por el Código General del Proceso. En vez de la presencia de todos, se está empezando a tramitar los juicios con la ausencia de todos.

A todo esto, hace dos semanas trascendieron disensiones dentro de la Suprema Corte de Justicia y una abrupta suspensión del diálogo del Presidente de la Corporación con el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay. No hubo rectificaciones ni aclaraciones.

Y por si fuera poco bamboleo, hasta ayer 24 de junio a las 18 horas el Poder Judicial no había resuelto si el jueves empezará su Feria Menor o va a suprimirla como el año pasado.

Desde afuera, algunas iniciativas no ayudan nada. Es el caso de quienes, políticamente interesados, manejan llenar la próxima vacante de la Suprema Corte nombrando Ministro al actual Fiscal de Corte. Lo cual agraviaría a la carrera judicial y premiaría al jerarca de un “Servicio Descentralizado” que desde mucho antes de la pandemia aprendió a cajonear denuncias y a defender que los Fiscales preparen a los testigos de cargo que ellos presentan.

Cada uno de estos hechos por separado acaso se explique, pero juntos exhiben la herrumbre de cimientos flojos en el edificio. Y eso es grave, porque en un país con principios debilitados y recelos mutuos puede provocar un relajamiento de la legalidad y un colapso de las autoridades que la representan.

En Montevideo, hemos ido habituándonos al peligro de derrumbe, proclamado con letreros o discretamente implícito en andamios como los que desde años se oxidan en sostén del Palacio Salvo y el Radisson, imprimiéndole al paisaje de la Plaza Independencia un marco de transitoriedad permanente que es todo un símbolo nacional.

Los signos del peligro de derrumbe se acompañan a veces por cobertizos protectores. A la duración sin plazo de esos fierros -más la mugre, más las cuchas callejeras- venimos contestando con un silencio resignado y culpable.

Ante las resquebrajaduras del Poder Judicial y el Derecho, no sea esa nuestra respuesta ciudadana. Es que fuera de la Justicia y el Derecho no hay andamios ni cobertizos que amparen a Juan Pueblo.