Con las oficinas sin funcionar hasta el 24 de diciembre —inicio de la Feria Mayor, 38 días—, el Poder Judicial llegará a Nochebuena atendiendo a gatas algunas urgencias penales y de familia.

Con las oficinas sin funcionar hasta el 24 de diciembre —inicio de la Feria Mayor, 38 días—, el Poder Judicial llegará a Nochebuena atendiendo a gatas algunas urgencias penales y de familia.

Enfrentada a lo insólito, la Suprema Corte suspendió el cómputo de los plazos y habilitó presentar escritos en la Dirección de Servicios Administrativos, una ignota ventanilla que hasta ayer sólo funcionó para trámites no judiciales. Entrecruzándose paros de Jueces, Fiscales, actuarios y funcionarios, ha dejado de funcionar la Justicia.

La parálisis judicial llegó tras un fuerte reclamo en los Registros Públicos, también por el enganche, con colas a medianoche que se estiraban desde el Notariado hasta rebasar la histórica escuela Nº 5, José Pedro Varela. (En estas horas se dispuso levantar transitoriamente las medidas: mejor así, pero nada borrará el recuerdo de las humillaciones inferidas a la profesión de fe pública, sin la cual el Derecho queda mutilado.)

Semejante caos muestra la laya de infierno al que se va a parar cuando, por menospreciar la ley y descreer del valor justicia, un Poder Ejecutivo se empecina en tratar las sentencias —y los planteos salariales fundados en ellas- como si fueran meras cuestiones de caja y las maneja por pulseadas de poder y viveza criolla.

No es serio que el Estado deje de abonar sueldos legales arguyendo que el enganche de los funcionarios surgió de una inadvertencia. El art. 17 del Código Civil excluye ese argumento pues manda: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Tampoco es serio atribuir el tema a una chambonada cometida por la incómoda troja de asesores que cuelan y expurgan los efectos presupuestales de cuanto proyecto circula por los pasillos legislativos. ¡Y menos serio aun es ignorar que es estrictamente justo proporcionar los sueldos judiciales con los que se fijan los gobernantes pa’ellos!

La interrupción del servicio judicial duele no sólo por sus consecuencias prácticas: audiencias suspendidas, oficios sin firmar, presumarios en el limbo. Duele porque a todos nos ofende que en temas de orden público no haya hoy a quién recurrir ni cómo impulsar un trámite. Duele porque sentimos que hay servicios que no pueden suspenderse, no porque lo disponga un decreto de esencialidad sino porque lo exige la vida. Y duele desde el prójimo, cuyo sufrimiento debemos recibir como fuente de Derecho, antes y más allá de los códigos.

Si el Derecho es amparo, lo que nos duele es el desamparo: de todos; y también del Poder Judicial, que es tratado como uno más en la rebatiña y no como un Poder del Estado, por secuela infecciosa de la teoría de que la política está por encima de la ley.

En el combate contra esa superstición está comprometida la independencia del Poder Judicial, que vale mucho más que la diferencia salarial de su plantilla. Tanto es el riesgo que en medio del descalabro por los sueldos un Juez de Ejecución debió soportar la injerencia –léase insolencia- de ser llamado a un despacho de la Presidencia de la República para recibir el pedido de que, contra ley, decretase prisiones domiciliarias, motivando el dignísimo rechazo del Magistrado y de la Suprema Corte.

En vísperas de Navidad, ¿vamos a mirar distraídos cómo el Derecho se nos escurre entre un lío de pesos y una insolencia institucional?

¡Nos están llevando a donde no queremos ni debemos ir! ¡Y no iremos!