Hace pocos días en las calles de Montevideo empezaron a verse unos elegantes mojones indicadores del kilometraje, que vinieron a sembrar conciencia de las distancias e injertar paisaje carretero en el alquitrán gris de la ciudad.

Hace pocos días en las calles de Montevideo empezaron a verse unos elegantes mojones indicadores del kilometraje, que vinieron a sembrar conciencia de las distancias e injertar paisaje carretero en el alquitrán gris de la ciudad.

Pero ¡qué paradoja! Sin web que informe la marcha de los expedientes, con las demandas impedidas de inscribirse, con actuarios en paro y con la Suprema Corte de Justicia ocupada y con crespones, en la plaza que fue de la ONDA instalamos el kilómetro Cero de la In-Justicia. No lo hizo AFJU: lo desencadenó el gobierno. Y no es por la plata: es por quebrantarse la independencia y la majestad del Poder Judicial.

Para todo hombre que sienta las instituciones y la libertad, fue aciaga la jornada de anteayer, cuando -las puertas clausuradas, globos negros desde las ventanas y megáfono arengando en la escalinata- todo el país vio ocupado el edificio y profanada la autoridad de la Suprema Corte de Justicia. Se desbordaron los límites Se rompieron los moldes. Lo que vino reclamándose en todos los tonos y en todos los planos, pasó a decirse en el lenguaje duro de la confrontación abierta.

Se llegó a esto porque el Presupuesto Cero para la Justicia que se envió al Parlamento vino a llover sobre mojado. El insultante proyecto fue remitido hace tres meses y es sostenido ahora por el Poder Ejecutivo, tras haber acumulado años de reiteradas violaciones de la ley y contumaz desconocimiento de los fallos que declararon fundado y vigente el crédito salarial de la gente que entrega su vida al Poder Judicial.

Lo de anteayer fue deplorable: más aun que por el hecho y la imagen, por ser la culminación de un crescendo que empezó hace años como una muy educada queja pegada en los ascensores, donde cortésmente los judiciales anunciaban el pleito que iban a movilizar en reclamo de sus derechos. Cuando por la misma vía comunicaron haber logrado fallos favorables, la desatención inicial del gobierno se transformó en resistencia activa pero sin razones. Se fue elevando el cortejo de tensiones, tonos y medidas. Meses atrás ya pararon los actuarios y los Jueces. Ahora vamos en paros perlados, apagón de página web, veda de ingresar expedientes nuevos, todo ello salpicado de una clara conciencia de que se busca someter la supremacía del Poder Judicial, juez igualitario de gobernantes y gobernados.

La operación guarda paralelismo con los tiempos ominosos de Aparicio Méndez, en que la dictadura le quitó a la Corte el calificativo constitucional de “Suprema” y hasta lo hizo tachar con tinta negra en los membretes impresos de los sobres manila.

Pero hemos vivido lo suficiente para comprobar cómo renacen el Derecho y la libertad, incluso en quienes en algún rato histórico extravían el camino.

En el Uruguay, ya vimos cómo unos y otros, tras haber violentado la Constitución y haberse burlado de la libertad -unos motejándola de burguesa y otros acusándola de asesina-, salieron por turno a implorar el amparo de esa Constitución que transgredieron y esa libertad que menospreciaron.

Hoy, ante las ofensas inferidas en cascada al Poder Judicial, empezamos a ver cada vez más ciudadanos de todas las tiendas -incluso del gobierno- que se sienten llamados a reconstruir colectivamente los conceptos esenciales del Estado de Derecho para defender la división de poderes.

Es que el tema ya no es si en estos días funciona o no tal o cual Juzgado.

El problema es si en los años venideros seremos libres o no.