Las nuevas derivas del asunto Astesiano no pueden dejar tranquilo a nadie.

Que se encargue indagar intimidades de los senadores Bergara y Carrera -o de cualquier otro legislador- es un bochorno, que viola el art. 22 de la Constitución en cuanto declara “abolidas las pesquisas secretas”. Además de averiguar qué llegó a cumplirse de la fétida tarea, obliga a preguntarse quién financiaba ese atropello y para qué se requerían los datos. El hecho de que la empresa contratante sea privada no disminuye el atropello: a lo sumo, sirve para confirmarnos que los peligros para la libertad y la seguridad individuales hoy no radican sólo en las demasías de los Estados sino también en los métodos mafiosos que infectan la vida de los particulares.

Que el encargo se haya apalabrado con el Jefe de la custodia en quien confiaba el Presidente de la República representa una paradoja que nos columpia entre el vodevil, el drama de costumbres y la tragedia griega.

Que ese sea tan solo un nuevo capítulo de una crónica policial por entregas que, con más de dos meses en cartelera, gotea documentos sin fuente conocida -pero que nadie desmiente- es impropio de una vida republicana madura y garantida como la que supimos tener.

En verdad, la demora alimenta el rumor, la intriga y la maledicencia. Genera una melancolía nauseosa por la República, a cuya esencia siempre asquean los delitos perpetrados por desviación de la función pública.

Para peor, aparecen los enfoques sectoriales y las alineaciones partidarias. Alguno se apura a pedir que el Presidente se vaya, antes que haya certidumbre jurídica sobre lo que pasó. A su vez, el Dr. Lacalle Pou invoca los pronósticos apocalípticos que se usaron contra la LUC y luego no se cumplieron, y los coloca en pie de igualdad con las perplejidades y deducciones que hoy están en la boca de todos, a cuyo respecto acusó a “los que dan manija”.

Todo eso está fuera de tema. El asunto no es unos contra otros. Ni siquiera es quién gana y quién pierde. El meollo de lo que asedia a estas semanas interminables radica en un apetito por la verdad que está por encima de polémicas y partidos. Lo ofendido es la República. Y el dolor se transmuta en una sed de Derecho y una sed de sentido común que no se colman con el transcurso de las semanas. Al revés: nos abrasan cada vez más. Y nos espolean para salir de esta ciénaga, revitalizando un concepto del Derecho Público en el cual coincidamos todos los que amamos la libertad, cualquiera sea nuestro concepto sobre las políticas partidarias o económicas.

Esta crisis de confianza encuentra al Derecho débil de imagen, incierto en soluciones y pobre de imperio. Le ha hecho mella más de medio siglo rindiendo culto a las irracionalidades.

En este contexto, no es hora de confundir las instituciones del Estado y el Derecho con el posicionamiento electoral o con el arrastre polémico o con las encuestas de adhesión. Lo que está en juego no es lo que nos divide -muchas veces demás- sino lo que nos debe unir como personas, como ciudadanos y como República.

Si en semejante asunto se prolonga el estado de quién sabe, crecerá la cizaña sin necesidad de plantadores.

En cambio, si, aunque sea de a uno, se empieza ya a cerrar capítulos con luz definitiva, aprovecharemos esta gran desgracia para realzar el pensamiento público, el diálogo ciudadano y el Estado de Derecho. ¡Y vaya si lo necesitamos!