Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

Fiscal mártir

La Dra. Susana Rivadavia murió en su despacho de la Fiscalía de Delitos Sexuales. 

Murió como vivió: así como no le daba el tiempo para atender los casos que se le acumulaban -igual que a sus colegas-, un paro cardio-respiratorio no le dio tiempo al desfibrilador ni a la emergencia móvil para salvarle la vida.

“Todos teníamos conocimiento del estrés a que estaba sometida por todo lo que no podía abarcar” dijo de ella la Fiscal Cecilia Sosa. ¿Cuestión personal? Sí: irreparable para quien se fue, irrepetible para su entorno de afectos.

Pero además, es asunto de orden público. Las razones para ello son diáfanas, pero las eclipsa el clima público que sufrimos, donde la reflexión profunda fue sustituida por parches, remiendos y apurones cuando se implementó el Código del Proceso Penal. Y donde el análisis público cede cada vez más a los intereses sectoriales, ya sean proclamados a voz en cuello o cuchicheados en ignotos lobbies.

Para el Uruguay, la persona es tema de orden público. Desde 1918 nuestra Carta Magna -artículo 72 del texto actual- declara que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana”. Con ello le otorga a los valores humanos un imperio normativo que es exigible más allá de la imperfección o la insuficiencia de las palabras. Y con ello impone que todos los servicios y todas las decisiones se personalicen cada vez más, en vez de disolverlos en el poder sin rostro de los algoritmos y las máquinas sin alma. Hace ya un año largo que los Fiscales penales vienen demostrando que no dan abasto y han planteado que la sobrecarga de trabajo les afecta la salud. Tras la desgracia de la colega, ahora anuncian que van a reclamar al Ministerio de Trabajo y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Paradoja impropia de la respetable condición de Magistrados que invisten los Fiscales por imperio del art. 10 de la Constitución, a pesar de que esa distinción se les haya suprimido adrede en las normas que rigen ahora. Paradoja agraviante para un cargo donde cada titular y cada adjunto, cualquiera sea su especialidad, está llamado a defender el Derecho entero.

Ahora bien: el mal del sistema no afecta sólo a los Fiscales hasta el límite de la inmolación. Afecta a los resultados y, por tanto, al sistema de garantías que -art. 7º de la Constitución- debe ampararnos a todos. ¿O acaso no se sabe que una vez llegada una denuncia -así sea por flagrancia-, se genera un vacío de DIEZ DÍAS para designar Fiscal y después hay que esperar de VEINTE a TREINTA DÍAS para que el denunciante o su abogado logren una primera audiencia con ese Fiscal? ¿Y acaso no es notorio que buena parte de lo que hoy se denuncia se archiva porque la Fiscalía no tiene tiempo de estudiarlo?

Es grave que esto ocurra.

Y es más grave aun que suceda en el contexto de despersonalización que invade a la Justicia, donde después de recortarle las facultades a los Jueces penales y encorsetar a los Jueces civiles con grabaciones inmanejables, ahora se proyecta rebanar la función de los actuarios.

¡A la vista de qué se pasó de la comedia al drama y hasta a la tragedia, es tiempo de acabar con la importación de remedos fracasados y de promover el Risorgimento de la conciencia nacional del Derecho, que tantas veces nos puso a la cabeza del continente!

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