Este domingo 1º de julio, la Justicia entrará en Feria Judicial Menor. Un hecho de rutina semestral, pero esta no es una Feria más.

No lo es, porque esta Feria entra con el Derecho Procesal Penal en estado de ebullición e insurgencia.

Y no ya por las pendencias interpretativas y litigios técnicos que siempre menudearon, sino por debates, asombros y perplejidades que salpican la vida nacional.

En el Uruguay, el Derecho Procesal tiene profunda raíz constitucional, no solo porque el Texto Magno define ejemplarmente los derechos de la persona sino porque desde el art. 12 hasta el 29 define, hasta con minucia, reglas que constituyen una malla de garantías que obligan a que los procedimientos judiciales estén a salvo.

En el Uruguay, el Derecho Procesal fue un orgullo con proyección internacional, desde que Eduardo J. Couture elaboró su doctrina de la acción, definió sus Fundamentos y abrió el aula a voces del más alto nivel internacional, como Goldschmidt y Carnelutti.

En el Uruguay, el respeto a los plazos y a las competencias y la autoridad de la Policía, los Fiscales y los Jueces se afianzaban solos, porque se alimentaban día a día como costumbres que se cumplían sin sentir.

Esa honrosa tradición procesal es alimentada hasta hoy por los múltiples juristas que siguen defendiendo principios, con fidelidad creativa a lo que enseñaron maestros procesalistas como Moretti, Gelsi Bidart, Barrios De Angelis, Tarigo y tantos.

Lastimosamente, es en este mismo país que hoy tenemos al Derecho Procesal en estado delicuescente. Con la ciudadanía indignada por el crecimiento de los delitos, el 1º de noviembre se echó a andar un Código del Proceso Penal que estuvo reformándose hasta minutos antes de entrar en vigencia, que amputó a los Jueces la facultad de controlar la verdad y que consagró el regateo transaccional en temas de Derecho Penal que, por esencia, son de orden público.

Hoy tenemos al Derecho Procesal constantemente entreverado en —o salpicado por— la crónica policial. A la crisis de autoridad del Ministerio del Interior y al amago de manejar la seguridad por la mano pescadora del Presidente de la República, les sumamos el estado de "¿quién sabe?" a que redujimos los procedimientos con que la Justicia debe tratar a los sospechosos y a los delincuentes y debe proteger a la sociedad y a las víctimas, azuzando polémicas sobre responsabilidades que inconcebiblemente se diluyen.

Está a la vista que si había muchas cosas para perfeccionar, el camino no debió ser remedar figurines importados para remendarlos enseguida, ni rebanar la independencia técnica de los señores Fiscales ni recortarle competencia al Poder Judicial.

En el craso error, participaron legisladores de todos los partidos. Por tanto, es hora de que todos los partidos sientan los imperativos que dictan los hechos.

Por cierto, la decadencia nacional no se refleja solo en los temas del Derecho Penal. Bien sabemos la crisis que sufrimos en Derecho de Familia y las incongruencias de Derecho Administrativo en que incurre el Estado cuando se pone chicanero. Y bien sabemos cómo la decadencia de los valores ambienta la crisis del Derecho.

Pero puesto que el Derecho Penal es el último bastión, debemos reclamar que sus procedimientos se hagan claros y precisos, en vez de servir de comidilla menor mientras nos atropellan las rapiñas y los asesinatos.