Tras recobrar la libertad, el Uruguay entregó sucesivamente el gobierno a los tres partidos mayores. Con tamaña experiencia, debimos haber construido una conciencia institucional digna de pasearse en triunfo por el mundo. Pero no.

Fue al revés: hoy tenemos nuestro sistema normativo sin músculo, sin nervio y yerto de inspiración. Lo cual debe preocupar no sólo a quienes batallamos ante Juzgados y oficinas, sino a la ciudadanía toda —por encima de banderas o convicciones— ya que es palpable que nuestro Derecho atraviesa una etapa signada por debilidades. Y eso rebaja nuestra cultura.

Hay disparates técnicos. Un ejemplo trágico lo constituyen los fallos contradictorios. Unos mandan al Estado a suministrar remedios caros a pacientes de alto riesgo y otros, ante el mismo cuadro y frente a la misma enfermedad, rechazan el pedido. Ello no depende de razones sino del Tribunal que le toque en suerte, por no decir en timba, al desahuciado convertido in extremis en "justiciable".

También hay agresiones públicas que por ser conceptuales siguen sangrando aun después de transadas, como la que se produjo cuando el Poder Ejecutivo, tras perder su pleito con los judiciales, forcejeó para derribar la cosa juzgada con la saña fascistoide de quien quisiera doblar el brazo al Poder Judicial.

A lo cual se suma el dislate legislativo mayor de haberle sacado a la Justicia la rectoría de la indagación penal, montando un régimen donde cada denuncia se investiga sólo después que una oficina distribuidora le encarga el caso a uno de los Fiscales posibles, dejándolo entretanto dormir días o meses. Y por si fuera poco, autorizando que los castigos del Derecho Penal —que son de orden público y deben aplicarse en pie de igualdad a todos los habitantes de la República— se negocien a la marchanta, en transacciones donde el Juez se reduce a mero registrador.

Todo eso ha carcomido el imperio y la imagen del Derecho. Y para peor, ha sido adornado con disparates teóricos como proclamar desde el Poder Ejecutivo-calidad-Mujica que la política está por encima del Derecho.

Pero no es sólo en el Estado que se debilita el orden jurídico. Además, las imprecisiones históricas y el relativismo conceptual han eclipsado los sentimientos normativos en todas las áreas, de los negocios al deporte.

La Constitución Nacional da por supuesto que las personas debemos propender hacia lo alto y mejor. Esa filosofía no ha sido superada. Pero se la ha eclipsado, convirtiendo al Derecho en instrumento átono de la resignación a "es lo que hay, valor".

Moverlo todo pensando sólo en los procedimientos hoy no es más una costumbre de los Juzgados sino de todas las actividades. Lo mismo en un Banco que en una mutualista, discutiendo una deuda o una intervención quirúrgica, si los protocolos están cumplidos nadie responde por la angustia del que está del otro lado del mostrador.

Hemos depravado el concepto de responsabilidad, reemplazando el sentimiento hacia el prójimo por la pregunta —egoísta, narcisista— ¿cómo quedo yo en esto?, planteada a la defensiva, en vez de interrogar la conciencia ¿para qué? ¿Cómo mejor?

Estas debilidades deberá enfrentarlas cualquier gobierno que busque el resurgimiento institucional de la República. De lo contrario, no habrá planes ni entreguismos a UPM que nos salven de la decadencia.