Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

Estados Generales

El 5 de mayo de 1789, Luis XVI inauguró en Versalles los Estados Generales del Reino de Francia. No sabía que con ellos abría la Revolución Francesa, que tres años después iba a segarle la vida.

Los Estados Generales eran la reunión de todos los franceses, pero no representados por personas, ni proporcionalmente ni por partidos, que aún no los había.

Lo era por estamentos corporativistas y medievales: los nobles tenían 330 diputados, el clero 326 y el tercer estado -el pueblo común- 660.

Un mes y medio después de asumir funciones, el 17 de junio, los representantes de los tres órdenes se declararon Asamblea Nacional y en seguida Constituyente. El 14 de Julio el clima público estalló con la toma y la demolición de la Bastilla.

El 26 de agosto se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El tumulto de los hechos iba a arrastrar brutalidades: a fines de 1792 fueron llevados a la guillotina el Rey -“el ciudadano Luis Capeto”- y su esposa María Antonieta y se instauró el terror del ’93.

Más allá de lo episódico, de la sangre que corrió y de la desembocadura en el imperio de Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa no fue el espasmo producido por un borbotón económico sino el fruto maduro de una larga construcción de fe en la libertad creadora del pensamiento y fe en la fraternidad con el prójimo. No quiso ser la respuesta a una coyuntura. Buscó levantar la condición humana.

Ese anhelo tenía precedentes en la vieja Inglaterra y en los novísimos Estados Unidos. Y lo habían anticipado Ministros de Hacienda pensadores, como Turgot y Necker, abiertos a cambios que no llegaron a tiempo, pero cuya voluntad de apertura se reflejó en la propia convocatoria a los Estados Generales, cuando el Rey escribió: “Necesitamos el concurso de nuestros fieles súbditos para ayudarnos a sobrellevar las dificultades de nuestras finanzas”, “aconsejarnos en todos los temas que se pongan bajo nuestros ojos” y “hacernos conocer los deseos y los dolores de nuestro pueblo, de modo que por mutua confianza y amor recíproco entre el soberano y sus súbditos se aporte remedio eficaz a los males del Estado” y que “los abusos de todo género sean prevenidos por sólidos medios que aseguren la felicidad pública y nos devuelvan la tranquilidad de la cual estamos privados desde hace largo tiempo”.

230 años después, esas palabras -cambiando súbditos por ciudadanos- podría hacerlas suyas el Presidente de la República Oriental del Uruguay, si en el desempeño de su cargo, leyera los expedientes, se asomara al déficit del 4,5% del PBI -el doble del que dejó el gobierno de Jorge Batlle tras la peor crisis nacional- y, sobre todo, recorriera las calles a pie y sin custodia, como lo hicieron grandes mandatarios batllistas y blancos. O, al menos, correteara boliches “pa’que se vea” como lo hizo su deslenguado predecesor.

Para enfrentar sus calamidades, hace más de dos siglos Francia acabó con el corporativismo, abriéndose a la conciencia ciudadana por encima de tabiques entre clases sociales.

Aquí, en cambio, tenemos un gobierno que no se entera, un Ministro del Interior atornillado y una insistencia sin frenos en la lucha de clases.

Un combo que jamás podrá devolvernos “la tranquilidad de la que estamos privados desde hace largo tiempo”.

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