Para rechazar las admoniciones que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dirigió al Uruguay reprochándole legalizar la marihuana, el Presidente Mujica proclamó: “A la ONU le vamos a dar tanta pelota como le dan las grandes potencias”. Lo grueso del lenguaje no sirve ni siquiera para disimular que el concepto espetado es más grosero aun.

Para rechazar las admoniciones que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dirigió al Uruguay reprochándole legalizar la marihuana, el Presidente Mujica proclamó: “A la ONU le vamos a dar tanta pelota como le dan las grandes potencias”. Lo grueso del lenguaje no sirve ni siquiera para disimular que el concepto espetado es más grosero aun.

Desde el Cabildo Abierto de 1808 y las Instrucciones del Año XIII, aprendimos el valor de los principios incondicionados. En la Banda Oriental, los afirmamos con intuición institucional mucho antes que llegasen las exigencias teóricas de Kant y asomasen los proyectos positivistas y místicos de Comte.

Con ese bagaje histórico y estando situada entre colosos, la República Oriental del Uruguay sólo podía erguir su personalidad si, con radical sinceridad, se empeñaba en defender como propios los grandes principios del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional: es decir, de las dos síntesis jurídicas de la filosofía del hombre en libertad. El entrenamiento se hizo con grandes sacrificios; por cierto, no sin desviaciones y renuncios, que, aun siendo propios de la imperfección humana, nos costaron caro como conciencia y memoria de desgracias irreversibles. Pero lo real es que el Uruguay supo abrirse camino desde su afirmación frontal de grandes ideales, corporizados en su obediencia al Derecho.

Pues bien. El Derecho tiene como el primero de sus principios la regla imperativa que le viene desde que Hugo Grocio —en la primera mitad del siglo XVII— empezó a sistematizar el Derecho de Gentes: los pactos deben cumplirse, pacta sunt servanda.

Si periódicamente las grandes potencias esquivan a las Naciones Unidas o violan sus mandatos, la obligación del Uruguay no es escudarse tras su mal ejemplo para hacer “lo que se le cante” sino defender la vigencia de las normas de la Organización Mundial de Paz.

Decir que “a la ONU le vamos a dar tanta pelota como le dan las grandes potencias” equivale a tirar por la borda el señorío esforzadamente construido por los grandes cancilleres que tuvo la República, desde Guani y Rodríguez Larreta hasta Iglesias y Opertti. En verdad, la respuesta a la JIFE proyectó a escala universal el recurrente error de abandonar la idealidad y los principios y reducir los planteos a una simple negociación oportunista, socorrida por una argumentación de boliche.

Ese error —hoy inveterado— resulta del empecinamiento con que se ha ignorado, desde las alturas, que el uruguayo como persona y el Uruguay como nación, buscaron desde siempre acompañar la modestia de sus dimensiones con la grandeza de su pensamiento y el señorío de su actitud.

Al desvalorizar a las Naciones Unidas como fuente de reglas imperativas, la respuesta proferida desde la Presidencia de la República viene a sumar otra expresión —¿y van…?— del relativismo normativo que hoy erosiona al Derecho y pone angustia allí donde debe haber luz.
A eso lleva la falta de rigor en los principios y en los conceptos.

Habiéndolo aprendido en carne propia, el deber de la hora es salir —como nación que es ciudadanía— al cruce del garrafal yerro, con toda el espanto que causa ver que el Uruguay menosprecie a la mismísima ONU donde otrora brilló, para defender un proyecto marihuanero que, bajo palio antiimperialista, se apalabró en Nueva York con el tal Soros.