Mi maestra de sexto, Sofía Halty, nos recomendaba que cuando consiguiéramos el resultado de un problema, repasáramos el planteo, por las dudas que nuestra respuesta fuera un disparate.

Mi maestra de sexto, Sofía Halty, nos recomendaba que cuando consiguiéramos el resultado de un problema, repasáramos el planteo, por las dudas que nuestra respuesta fuera un disparate.

Su consejo vale no sólo para los números. Vale también para el Derecho, más cercano a las matemáticas que lo que se cree, pues con ellas comparte la lógica, como evidenciaron los grandes analíticos del siglo XX.

Me atropellaron estas ideas cuando -por El País- me enteré el domingo de que, por resultas de una sentencia del Poder Judicial dictada a partir de un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se ordenaría demoler en 90 días el complejo Balleneros. Es discutible la pertinencia de que un Juzgado del fuero común interprete y ejecute una resolución del Contencioso; pero parece indiscutible que para que un fallo pueda provocar semejante estrago, hay que citar a los copropietarios del edificio en persona y darles su día ante la Justicia. Y eso no ocurrió en el caso, según estableció ese gran jurista con autoridad moral e intelectual que es Daniel Hugo Martins.

Ajeno al asunto, uno augura que algún remedio desenrede la madeja e impida que se consume una destrucción impresentable. Pero más allá del desenlace que pueda venir, no hay que pasar de largo ante un nuevo caso que vuelve a colocar sobre el tapete las paradojas, contradicciones y aberraciones en que una y otra vez chapotea el Derecho, tornándose incomprensible para el común y anfractuoso para los iniciados.

Periódicamente, en la Justicia y en la Administración hay que toparse con resultados absurdos, revestidos con la apariencia de obediencia a la legalidad. El tema no es sólo nuestro. En la ejemplar Finlandia, Aulis Aarnio -“Lo racional como razonable”- escribió: “Quienes no tienen conciencia de su responsabilidad y practican ciegamente su profesión de intérpretes del Derecho, constituyen una amenaza para el desarrollo sensato de la sociedad… Ha sido el vicio dominante de esas personas buscar refugio en el texto estricto de la ley, cuando el problema que tenían ante sí hubiera requerido un enfoque valiente y, en sentido positivo, creador.” A lo cual agregamos: han contribuido a ese retroceso de la sensibilidad, el desinterés por el rigor interpretativo, la pereza ante la reflexión general y la desvalorización de los principios.

¡Y los principios no son cuestión para especialistas sino tema de base en la formación de las personas! Si en eso reparamos, nuestro asombro ya no se detendrá tanto en las sentencias extrañas como en opiniones y conductas impúdicas, esparcidas a los cuatro vientos.

¿Qué cultura personal puede esperarse de la prédica que deposita las culpas y las esperanzas en el colectivo?

¿Qué civismo puede surgir a partir de la violación del deber presidencial de callarse la boca ante las elecciones?

¿Qué ejemplo de lealtad al juramento exhibe un mandatario que se burla de sus correligionarios –Costanza Moreira- y de sus adversarios –todos- porque le recuerdan a coro que la Constitución no es para reírse?
El Derecho está zarandeado por dentro y por fuera. Pero vive en los innumerables rincones del espíritu personal y público que lo rejuvenecen, indignados ante los dislates que genera la caída de los sentimientos normativos.

Por eso, en la clase de Derecho que sepamos reconstruir se juega la laya de hombre y de país que nos proponemos ser.