Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

Derecho o descalabro

Un día los marginados van a ser mayoría: ¿cómo vamos a contenerlos?". "El Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo".

"El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia seguridad privada con barrios cerrados y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras".

Esto y más dijo, sin pelos en la lengua, el director nacional de Policía Mario Layera.

Estremece la confesión del fracaso proferida por el máximo jerarca de la Policía, en esta etapa de inamovilidad política del binomio Bonomi-Vázquez.

Estremece institucionalmente, porque si un grupo social se hace más fuerte que el Estado, por definición se convierte en el Estado mismo. Y esa verdad les habrá sonado esperanzadora a ciertos sectores afines al gobierno, pero si el grupo social que asciende está integrado por mafiosos, ¡adiós derechos y adiós libertad!

No se trata de un riesgo abstracto o eventual. Se conjuga en un indicativo concreto, conmovedor y humano. Sobre todo humano, ya que las fronteras entre la ley y el delito están en la Constitución y la filosofía —claro que sí—, pero donde realmente se sienten y se sufren es en cada familia víctima de un robo, una rapiña o un duelo, o en cada persona que enfrenta la degradación de los hijos que se hacen drogadictos y terminan enredados entre el malvivir y el estiércol.

En ese orden, detengámonos en la solidaridad moral que merece ese Jefe de Policía de Cerro Largo, a quien no conocemos personalmente pero nos merece respeto y piedad, pues le ha tocado vivir el Barranca Abajo de Florencio Sánchez sin más fortuna para defender que la limpidez del nombre y el cargo, mientras sufre el desgarrón de la hija presa por entreverarse con un rapiñador. Pero enseguida que nos detenemos en esta clase de dolores íntimos, la evidencia nos grita: ¡¿Acaso no es ese el cuadro que en el Uruguay se propaga hoy peor que la marabunta?!

Y no es sólo eso. Al avance de la delincuencia indeleblemente denunciado por el director nacional de Policía, le agregamos en estos meses la aventura insana de haber puesto en marcha un Código del Proceso Penal que en su letra fue un injerto insultante para la cultura jurídica, noblemente latina, en que nos criamos; y que en seis meses de vigencia probó, como en un laboratorio, todos los males que le pronosticaron los lúcidos que se opusieron a su promulgación.

A ello agregamos que está en crisis la manera de sentir y razonar el Derecho, no sólo a veces en los tribunales sino mucho más veces afuera de ellos. Y si no, ¿por qué hacen falta cada vez más juzgados de Violencia Doméstica? En un país donde los jueces penales no pueden controlar la verdad o falsedad de los hechos que se transan entre los fiscales y los defensores —porque el nuevo Código derogó el señorío procesal del Poder Judicial—, la Justicia de Familia no da abasto con las agresiones, los riesgos y la quiebra de los sentimientos.

Así las cosas, no es cuestión de solo seguir parchando el Código que ya nació con retazos y cicatrices, ni de continuar expandiendo el aparato judicial que se consume en temas de Violencia Doméstica mientras retrocede su imperio y se apagan las garantías de la Judicatura en lo que es propiamente penal.Es hora de darse cuenta: descalabro es precisamente lo contrario al Derecho.

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