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El Derecho, en caída

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LEONARDO GUZMÁN
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Fijada la posición de cada sector, todo indica que el Senado va a rechazar el pedido de desafuero que el Fiscal Morosoli formuló respecto al Gral. (R.) Guido Manini Ríos por imputar delictiva la omisión de denunciar la confesión criminal de Gavazzo.

Como se sabe, esa confesión -que es tal y válida, aun cuando se haya producido en un proceso administrativo y no penal- le fue comunicada al hoy senador mientras era Comandante en Jefe del Ejército y él ordenó seguir el trámite normal del Tribunal de Honor, el cual elevó su fallo a la Secretaría de la Presidencia ejercida por Miguel Ángel Toma y terminó homologándolo sin chistar el ex Presidente Vázquez.

Para la coalición gobernante, victoria política. Para la oposición frentista, triunfo de la impunidad.

Con dos rasgos que no deben pasar inadvertidos.

El primero: los senadores de Ciudadanos -supérstites que dejó la Sucesión Talvi-, sin alharaca van a votar a favor del desafuero. Su actitud orejana confirma en el año 2020 un inmenso valor que desde los albores nacionales cultivaron los hombres libres que vibraron con partidos también libres: la independencia cívica a partir de la integridad de conciencia. Siempre hubo divergentes. Nunca hubo unanimidades automáticas. Orgullo uruguayo: nos criamos con partidos vivos, sin monolitos, acogedores para las diferencias. Y los precisamos así, para derribar muros mentales y acabar con la tentación de regimentarnos la cabeza con pensamiento único.

El segundo rasgo que singulariza a este episodio sin precedentes es que el tema se resobó, en el sentido mayor de la palabra: por tocarlo mucho, se estropeó. Surgieron interpretaciones absurdas que mostraron hilacha política por fuera y por encima de lo jurídico.

Y no solo se redujo el espacio, la profundidad y la razonabilidad de la meditación jurídica. Además, la propia política salió magullada, al cruzarse la amenaza, tan luego de Mujica, de un despojo de la banca -inicuo y violatorio de la Constitución- con el incumplimiento de la palabra empeñada ante el cuerpo electoral, tan luego por Manini.

Tratándose del desafuero de un legislador protagonista en un caso que mueve a la sensibilidad institucional mayor, es una desgracia que el pedido haya sido diligenciado con forcejeos de este nivel, y no por razones jurídicas que elevaran el clima de la República.

Sería para espantarse, si no fuera que a esa desgracia se suma la que viven todos los ciudadanos del país cuando los hechos les imponen denunciar delitos de que fueron víctimas. Hoy a partir de una denuncia no se arma un expediente ni surge un diálogo cara a cara con Comisario, Actuario o Juez. Se queda a la espera de que en la Fiscalía General de la Nación se pronuncie la DPA -Depuración, Priorización y Asignación-, cosa que puede durar semanas o meses.

Por lo cual la pregunta que deja flotando el episodio político-senatorial que revienta en la prensa desde hace meses es la misma que viene creciendo en las gargantas ante delitos que se silencian en ignotas carpetas que no se ascienden a expedientes y que puede archivarlas la Fiscalía casi a capricho.

Esa pregunta es: ¿en qué se está convirtiendo nuestro Derecho Penal, que por ser “ultima ratio” es la garantía final de la libertad y de todos los otros derechos de hijos, entenados y recién llegados a nuestra bendita República?

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