Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

¡La derecha! ¡El derecho!

El Presidente de la República les pidió la renuncia a los directores políticos de ASSE, todos ellos compañeros frentistas.

El 28 de septiembre, el diputado Martín Lema dirigió al Dr. Vázquez una nota donde, acompañando documentos, le pidió al primer mandatario que se pronunciara sobre los descalabros de ASSE y que ejerciera los controles que le impone el art. 197 de la Constitución. Por delicadeza política, no divulgó la misiva y calló el hecho de haberla remitido.

El Presidente le contestó el 2 de octubre: por carta también, pero haciéndola pública en el portal de la Presidencia. Dejó estampado que no iba a hacer nada, alegando que "la Presidencia de la República caería en una exorbitancia si pretendiera tomar injerencia en dichos hechos". Y en tono de admonición —léase reto— estampó: "Se recuerda al Sr. Representante Nacional que no existe norma legal o constitucional que le autorice al legislador a excitar el celo de la Presidencia de la República —como parte del Poder Ejecutivo— para que se pongan en marcha los procedimientos establecidos en los artículos 197 y 198 de la Constitución".

Para escribir tal cosa ignoró olímpico las competencias que le impone el primero de los dos artículos constitucionales que citó, el cual reza: "197. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directorios o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. // En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá".

Y, otra vez olímpico, en esa respuesta ignoró también que todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir. La Constitución estatuye: "30. Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República". La regla no es casual: nace en 1216, con la Carta Magna, y consagra una libertad que nadie pierde por ejercer una función pública.

Ahora, después de todos estos remilgos inconstitucionales, agravado el bochorno, el Presidente terminó defenestrando —literalmente: echando por la ventana— a sus directores compañeros.

Ya en la vereda, despojada del poder para seguir cubriendo y sellando barbaridades, la expresidenta Muñiz raudamente divulgó el texto de su dimisión. No trasluce un adarme de arrepentimiento por el desbarajuste evidenciado. Ni alude a las acusaciones para, siquiera in extremis, intentar refutarlas. Nada de eso. Olímpica ella también, se despacha: "No ha sido posible cumplir con todos los objetivos que nos habíamos propuesto, en parte por dificultades propias sumadas a una campaña de la derecha descarnada y desleal destinada a desarticular el Sistema Nacional Integrado de Salud y condenar a ASSE a ser un prestador no competitivo. Una derecha entre cuyos intereses están los de algunas corporaciones…"

Igual que Sendic, la expresidenta de ASSE se va echando las culpas de su fracaso al fantasma de la "derecha", en busca de seguir cavando fosas en torno a interesas económicos.

Sin enterarse que no hay una "derecha", sino un Derecho republicano que ya nos está uniendo por encima de los programas económicos y de las afinidades políticas, compañeriles o de negocios.

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