Preguntado por diario El Observador si Venezuela es una dictadura, Ernesto Talvi respondió: “Este canciller no va a decir en este rol esa palabra”.

Agregó: “lo que yo piense personalmente respecto del régimen… dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo”. Y culminó: “Estoy usando un lenguaje respetuoso, que es lo que corresponde a mi cargo.”

Con sus reflejos ágiles, el presidente Lacalle confirmó públicamente enseguida qué tanto pensaba que Maduro es un dictador que por eso no lo invitó el 1º de marzo.

Después, Talvi declaró: “Con el Presidente estamos 100% alineados más allá de la semántica". Pero en las mismas horas el excanciller Nin Novoa espetó “Es la misma posición que teníamos nosotros” y “me congratulo de que siga ese camino”… y con esa mezcla de almíbar y sorna, la coincidencia evidenció que el asunto no es de palabras sino conceptual.

Ayer trascendió que el Canciller dejaría el cargo y regresaría al Senado. Episodio cerrado, pero no anécdota a sepultar, porque está cargado de enseñanzas, en un asunto por cierto ajeno a la gestión humanitaria de las repatriaciones, en que Talvi mostró denuedo y ganó prestigio.

Si hablando de Venezuela, siendo candidato en enero de 2019 dijo que le parecía "indigno" mantenerse neutral ante una "dictadura criminal que tortura, donde hay exiliados y presos políticos, represión, crisis humanitaria y alta emigración” y si hasta hoy mantiene ese texto en su página web “Coalición del cambio” -donde “busca organizar a su equipo para liderar la coalición 2024”-, resulta incoherente que rehúya usar la palabra “dictadura”.

Si al cuerpo electoral para pedirle el voto se le dijo una cosa, desde la posición a que se llega debe sostenerse lo mismo, salvo que aparezcan hechos nuevos que justifiquen cambiar la postura. Pero el hecho nuevo no puede ser el nuevo “rol” o “cargo”; debe ser un dato objetivo de la realidad.

Repárese que no está en juego la veda de opinar que, para garantir imparcialidad, se le impone a los decisores en el Poder Judicial, la Corte Electoral, etcétera.

Estamos tratando de la Cancillería del país que ayudó a edificar la garantía internacional de la democracia a partir de la Doctrina Rodríguez Larreta y de las reglas de juzgamiento recíproco emanadas de la ONU, la OEA, el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica e innúmeros tratados que exigen militancia humanista. Estamos refiriéndonos a un pueblo destrozado, ante cuyo destino no se puede ser tibio.

Por razones de Derecho y por tradición política, el Uruguay está obligado, pues, a no callar la clasificación que merece el réprobo que hunde a los venezolanos en el infierno. Tenemos el deber jurídico de erguirnos y hablar claro, sin tapabocas.

Entre democracia y dictadura la diferencia es de principios. Y en temas de Derecho Público, los principios claman desde la conciencia. Por tanto, tampoco es aceptable que no importe lo que piense un Ministro como persona. Al contrario: importa y mucho, para que se vuelque entero, actuando con tino diplomático, pero no imponiéndose un silencio de clausura.

Erizados de temas y ansiosos por volver a la normalidad -¡la espontaneidad!-, no por eso aceptamos pasar por alto el peso conceptual que conllevó este episodio.

Digno de olvidarse, aprendiendo.