Rechazo que la Constitución baje el umbral de la imputabilidad. No sólo por conceptos clásicos sino por razones actualísimas, como las que esgrimió Washington Beltrán para concluir que “una omisión flagrante de un gobierno o su grosera ineptitud para cumplir con sus cometidos no significa que haya que cambiar la Constitución”.

Rechazo que la Constitución baje el umbral de la imputabilidad. No sólo por conceptos clásicos sino por razones actualísimas, como las que esgrimió Washington Beltrán para concluir que “una omisión flagrante de un gobierno o su grosera ineptitud para cumplir con sus cometidos no significa que haya que cambiar la Constitución”.

En las semanas corridas desde su rotundo alegato, los hechos confirmaron la conclusión: seis funcionarios del SER –INAU fueron procesados por maltratar internados, sin que perdiera su cargo ningún Ministro, ni por responsabilidad política ni por sensibilidad personal. ¿Puede alguien creer que la omisión, la ineptitud y el mal ejemplo que eso denota se arreglará con retoques constitucionales?
Conste: al discrepar con un proyecto de correligionarios, revivimos el valor supremo de la fe en la crítica transversal, fuente de libertad y base del devenir abierto que sigue honrando a los partidos históricos, gestores de la República.

Desde hace una década, bajo el Código de la Niñez y la Adolescencia los menores reciben trato judicial similar al de los mayores. En un inhóspito tercer piso de la calle Bartolomé Mitre —y en los Juzgados Letrados del Interior—, a los menores se les imputa delitos y se los juzga; y en procesos sumarios con Fiscal, defensor y Juez, se les imponen reclusiones de hasta 5 años. ¿Bajó por eso la delincuencia en la minoridad? No: aumentó. Entonces, ¿por qué redoblar la apuesta a lo penal, en vez de cambiar los métodos derivados de ideologías deterministas, que justifican los delitos por los contextos en vez de inspirar amores y valores que promuevan el triunfo de la persona sobre sus circunstancias?

El proyecto propone derogar el actual art. 43 de la Constitución que manda someter “la delincuencia infantil” a “un régimen especial en que se dará participación a la mujer”. En vez, propone:
“La ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito.

“Las personas mayores de dieciséis y menores de dieciocho años serán penalmente responsables y serán castigados de conformidad con las disposiciones del Código Penal… por la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley”.

Si lo punido son “personas”, está mal escrito “castigados” y debió decirse “castigadas”. Y más allá de la gramática, agrede a la proporción y la estética del Derecho que la Constitución incluya una ristra de delitos, mediante el injerto de una norma macarrónica, ajena al rigor de la Sección de “Derechos, deberes y garantías”, compendio de experiencia civilizadora, que equilibra derechos individuales con valores sociales en un plano superior que no debe tolerar toqueteos.

En las urnas de octubre, No a la baja pues. Pero no por las razones que invocan los gubernistas. En nuestro No, resuenan todos los No que pronunciamos a diario al toparnos con las bajas que nos degradan: educación, seguridad, salud, drogadicción, lenguaje oficial y mugre callejera.

¡No a la baja de la calidad de vida! ¡No a las campañas contra la violencia que no enseñan respeto! ¡No a la siembra de la guerra de clases, que ahoga la prédica universal del amor al prójimo! ¡No a la baja de la calidad del alma que pronuncia el voto!