Ido abruptamente el Fiscal de Corte Jorge Díaz, lo subroga Juan Gómez, investido en marzo como Fiscal Adjunto propuesto por el ahora renunciado, según dispuso la ley 19.483, que creó el Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación.

Antes, al Fiscal de Corte lo subrogaban “los Fiscales de lo Civil por orden de antigüedad en el cargo”. El régimen era impersonal. Ahora el subrogante es el Adjunto que el titular seleccionó e hizo aceptar al Poder Ejecutivo y el Parlamento.

A pesar de que ese cambio legal no se justifica, en el caso tiene una gran virtud: devuelve el Servicio a alguien que lo conoció desde abajo, desde que, por distinguirlo Bayardo Bengoa entre sus alumnos, ingresó a la Fiscalía de la calle Maldonado y se codeó con maestros.

Provenir de los cuadros de Fiscalía es mérito que no debe pasar inadvertido, ya que en el último medio siglo se nombró dos veces Fiscales de Corte ajenos a la carrera. Y las dos veces terminaron muy mal.

A principios del siglo, un ex Juez llegado a Fiscal de Corte fue separado del cargo por armar un sistema que ampliaba ilícitamente sus facultades, recortándolas al Poder Judicial. Los excesos fueron visibles y el Poder Ejecutivo -que integrábamos junto al Presidente Jorge Batlle- por apego a la legalidad le abrió un sumario. Los dictaminantes coincidieron en que había ilicitudes y excesos manifiestos. Al final, el gobierno de Vázquez le permitió renunciar.

Ahora, otro Juez llegado a Fiscal de Corte acaba de irse antes de tiempo, apaleado por acerbas críticas. Fue el adalid de reformas que no purificaron ningún concepto del Derecho, y, en cambio, le degradaron su precisión en negociaciones brumosas, donde hasta las tipificaciones se tornan resbaladizas a partir de carpetas sin forma de expediente: un sistema que se enorgullece de que el 86% de los casos terminen en una transa.

El Dr. Juan Gómez conoció Fiscalías esclarecedoras, rotundas y con impronta personal. Recibió altísimo magisterio. Supo vivir sin las tensiones y formateos del nuevo régimen. Con esos antecedentes, cabe esperar que, aun desde la transitoriedad de sus nuevas funciones, sepa dar golpes de timón que rumbeen hacia la recuperación de los principios generales del Derecho Penal, la libertad del dictaminante y la eficacia de un servicio que, al encajonar las denuncias, le niega a las víctimas las seguridades que se le prometieron para ambientas las reformas.

También puede el nuevo Fiscal de Corte en funciones, inspirar la recuperación de las Fiscalías Civiles, cuya participación en temas de menores, incapaces y sucesiones, se rebanó por un injerto en una Ley de Presupuesto que violó los equilibrios de nuestro procedimiento tradicional y desamparó gente.

Debemos fincar esperanzas. Asumió la conducción un Magistrado que vivió una dolencia cardíaca pero no retaceó su denuedo ni pidió traslado. Siguió entregándose a la Fiscalía de Homicidios, fronteriza con el Infierno del Dante.

En verdad, el Uruguay necesita esas esperanzas. Tenemos en crisis no solo el proceso penal sino el Derecho entero, socavado por la caída de la conciencia normativa, la degradación de las costumbres y la indiferencia cultural sembrada a manos llenas.

En todo eso, va mucho más que el destino de nosotros los viandantes jurídicos. Entra en juego el porvenir de todos los habitantes que constituimos la asociación política de nuestra bendita República.