Argentina y Brasil están sacudidos por dramáticos episodios de corrupción. En Brasil está comprometida la continuidad del gobierno por un escándalo de proporciones nunca vistas, radicado en Petrobras, la gran empresa petrolera, perjudicada dolosamente en varios miles de millones de dólares a favor del partido oficialista. En Argentina, la actuación judicial encara los desmanes del gobierno anterior, con empresarios enriquecidos desde la nada a fuerza de favores gubernamentales.

La justicia actúa y ese es el saludable funcionamiento de la separación de poderes. Desgraciadamente, sin embargo, hay magistrados que no asumen a cabalidad que son un poder del Estado y episodios de esta naturaleza son algo más que un expediente. La magnitud institucional les obliga a manejarse con sentido de responsabilidad, alejados del vedetismo mediático que los transforma en vengadores sociales y factores de división social.

¿Qué necesidad había de citar compulsivamente al expresidente Lula

Argentina y Brasil están sacudidos por dramáticos episodios de corrupción. En Brasil está comprometida la continuidad del gobierno por un escándalo de proporciones nunca vistas, radicado en Petrobras, la gran empresa petrolera, perjudicada dolosamente en varios miles de millones de dólares a favor del partido oficialista. En Argentina, la actuación judicial encara los desmanes del gobierno anterior, con empresarios enriquecidos desde la nada a fuerza de favores gubernamentales.

La justicia actúa y ese es el saludable funcionamiento de la separación de poderes. Desgraciadamente, sin embargo, hay magistrados que no asumen a cabalidad que son un poder del Estado y episodios de esta naturaleza son algo más que un expediente. La magnitud institucional les obliga a manejarse con sentido de responsabilidad, alejados del vedetismo mediático que los transforma en vengadores sociales y factores de división social.

¿Qué necesidad había de citar compulsivamente al expresidente Lula y llevarlo a declarar como un acusado común? ¿No podía el juez constituir despacho en su apartamento y tomar allí, formalmente, su declaración? Haber actuado como lo hizo trasladó el debate al atropello personal más que a la responsabilidad delictiva del expresidente. Ambientó, además, una reacción popular motivada por lo que se sentía como un inútil manoseo. Un expresidente como Lula, líder político importante, no es un ciudadano común. Tiene los mismos derechos y obligaciones que todos, pero la sola repercusión pública de su presencia en el Juzgado, es inevitablemente una causa de turbulencia pública. ¿Por qué no se evitó, garantizando la serenidad y objetividad del trabajo judicial?

En Argentina, vimos el otro circo: la expresidenta llevada en andas por su adiestrada militancia, al bajar en el aeropuerto para presentarse al Juzgado y luego en este. ¿No hubiera sido mejor para la causa de la justicia que el magistrado hiciera el interrogatorio en Santa Cruz, en su domicilio, evitando todo ese peligroso alboroto?

El exceso debilita las buenas causas.

Algo análogo pasa con los publicitados “Panama Papers”. Es notorio que la tendencia administrativa y jurisprudencial en el mundo entero va en la línea de la mayor transparencia financiera. Se han hecho claros avances y nuestro país ha pagado un tributo a la transparencia con la derogación de las sociedades financieras de inversión y el acuerdo que nos obligó a brindar información a la oficina impositiva argentina (una verdadera Gestapo en tiempos del kirchnerismo). En ese cuadro, podría ser una contribución importante el que se detectaran claramente cuatro, cinco, diez casos, de políticos, dictadores, financistas con notorios ocultamientos de fondos. Era un modo efectivo de avanzar en la justicia y de barrer la impunidad de los poderosos.

Infelizmente, el camino no ha sido ese: se han lanzado miles y miles de documentos al barrer, donde se confunde lo lícito con lo ilícito, la constitución de una sociedad con su funcionamiento posterior y se lleva a la generalidad la impresión de que toda sociedad “offshore” es ilegal o por lo menos inmoral. Preguntamos: en los últimos quince años, ¿cómo hacía una sana empresa exportadora argentina para sobrevivir y mantener a sus empleados, cuando comprar dólares para pagar un insumo imprescindible dependería de la arbitrariedad de un funcionario?

El solo hecho de estar “mencionado” en cualquier documento o haber integrado una sociedad, es motivo de una condenación pública a través de los medios.

Se enlodan reputaciones y -lo que es peor- se debilita la acusación. Porque de todo ese fárrago resultará que los “mencionados”, en su inmensa mayoría, no van a ser acusados de nada porque no hay motivo de acusación, y que los sancionados por evadir impuestos o pretender el blanqueo de fondos espurios serán unos pocos. Con lo cual, la opinión pública, sensible ante el tema de la corrupción pero no bien informada jurídicamente, se sentirá defraudada.

Los colegas periodistas que han trabajado en este tema con embriaguez heroica, creyendo protagonizar una epopeya, no han ayudado a la buena causa. En el entrevero van a salir peor los mejores y seguramente algo mejor los reales defraudadores, hábiles para esconderse en medio de las nubes del escándalo.

Más allá de la hojarasca, lo que sí es fundamental es que los que han corrompido la vida pública de los países vecinos sean juzgados como corresponde. En el caso Petrobras, varios ministros y jerarcas han ido presos, pero está claro que quienes han conducido el Estado y su partido, no pueden asumir inocencia, alegar ignorancia y declarar desconocimiento de todo lo que se hacía en su nombre. Por supuesto, a cualquier gobierno puede escapársele de las manos un funcionario individualmente, pero cuando se trata de cientos de diputados sobornados, de enormes licitaciones amañadas, de las más grandes empresas reconociendo que han pagado millones de dólares para obtener contratos, estamos ante una corrupción del sistema. No es un enfermo contagiado, es una epidemia general. Como también se advierte en la Argentina, donde se exhibían sin pudor los manejos corruptos de una camarilla de empresarios que comenzaron operando en Santa Cruz y se transformaron en una enfermedad nacional.

De todo esto, las instituciones argentinas y brasileñas debieran salir fortalecidas. Dejar en claro para todos, que no hay impunidad para la corrupción y que la justicia no es una herramienta política o publicitaria, sino un fundamental poder del Estado, sin cuyo funcionamiento la democracia no puede consolidarse en el espíritu del ciudadano.