Dos episodios ocurridos en los últimos días dejaron la impresión de que esta ciudad vive bajo la ley de la selva. Uno de ellos fue el turbulento festejo de los hinchas de Peñarol que causaron destrozos y saquearon comercios del centro. El otro fue el bloqueo de avenidas y calles céntricas con los autobuses de Raincoop, la cooperativa quebrada cuyos miembros eligieron esa forma de protesta. Con la salvedad de unos pocos hinchas detenidos, la constante fue la falta de control y de represión sobre los autores de ambas tropelías.

Dos episodios ocurridos en los últimos días dejaron la impresión de que esta ciudad vive bajo la ley de la selva. Uno de ellos fue el turbulento festejo de los hinchas de Peñarol que causaron destrozos y saquearon comercios del centro. El otro fue el bloqueo de avenidas y calles céntricas con los autobuses de Raincoop, la cooperativa quebrada cuyos miembros eligieron esa forma de protesta. Con la salvedad de unos pocos hinchas detenidos, la constante fue la falta de control y de represión sobre los autores de ambas tropelías.

En ningún lugar civilizado la autoridad, sea de izquierda o de derecha, puede permitir tales desmanes. En ninguno excepto aquí, en donde parece haber vía libre para los revoltosos. Aunque en el caso de los que celebraban un triunfo deportivo la policía tomó sus previsiones, apenas intervino en defensa de los propietarios de tiendas asaltadas o de las residencias y coches dañados por el malón. Para los que estacionaron los autobuses de Raincoop -en las esquinas de 18 de Julio, 8 de Octubre y Fernández Crespo- para provocar un embotellamiento colosal, hubo demasiada tolerancia.

Detrás de esa pasividad late esa concepción dominante en la izquierda de que reprimir, ordenar, disciplinar o poner límites a los desbordes callejeros son tareas impropias y censurables para un gobierno “progresista”. Sobre todo si los autores de esos atropellos pertenecen a un gremio en lucha y ni que decir a una cooperativa, dos categorías más que santificadas por el discurso oficial incluso cuando actúan al margen de la ley.

Está claro que la policía hace rato que recibió ese mensaje “político” de condescendencia compañera, lo que explica por qué suele mostrarse remisa a intervenir en casos en donde debería hacer valer su autoridad. Los que se llevaron la palma fueron los inspectores municipales de tránsito, pues, al tiempo que permitían el trancazo vehicular orquestado por Raincoop, uno de ellos multó a un angustiado comerciante por aparcar el auto ante su tienda saqueada para rescatar las pertenencias desdeñadas por los asaltantes.

Absurdos de esta naturaleza no son nuevos. Cuantas veces se ha visto la impunidad con que el sindicato del taxi, por citar un ejemplo, traba el tránsito o le pone sitio a un juzgado mientras declara ante juez alguno de sus dirigentes. O cuando en pleno verano un reclamo zonal lleva a un grupo de vecinos a cortar los accesos a la capital en perjuicio de cientos de automovilistas fastidiados. Ahí la respuesta policial suele oscilar entre la permisividad y la aquiescencia, fruto de una década de gobiernos de izquierda siempre dubitativos a la hora de aplicar medidas de orden público.

Esa blandura la paga el común de la gente, el ciudadano de a pie que el domingo de noche soportó las pedreas y los ataques de la patota (dentro de la cual había ladrones organizados) o que sufrió durante el lunes las molestias de un tránsito capitalino más caótico que nunca. Esa gente, no importa a quién vote, exige que se le brinde más protección y menos retórica burocrática, o sea lo propio de un país civilizado.

Es hora de que el gobernante Frente Amplio comprenda que el orden y la seguridad no son de izquierda ni de derecha sino de sentido común.