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La confianza

Durante mucho tiempo en nuestro país nadie se interesó por las cuestiones militares ni se puso a pensar en esos temas. Cuando se produjo el golpe de Estado del 73 el elenco político del país se encontró con una situación que ni soñaba y, además, enfrentado a un mundo —el mundo castrense— que le resultaba completamente desconocido. Diez años después, sobre las fechas del restablecimiento de las instituciones, la necesidad nos llevó a estudiar ese mundo, sus códigos, su imaginario, sus reacciones. Había que restablecer un contacto con ese universo que era, a la vez, desconocido, temido y rechazado. Era menester restablecer una ubicación (subordinación) y, a partir de allí, un nivel adecuado de confianza.

En el primer período de gobierno después de la restauración democrática el Partido Nacional presentó en la Comisión de Defensa del Senado, de la cual yo era integrante, un proyecto para modificar el régimen de ascensos al grado de General. Era un proyecto igual al que hoy quiere hacer aprobar el Dr. Vázquez. El Partido Colorado, partido de gobierno en ese entonces, se opuso frontalmente y el proyecto fracasó. En aquel entonces yo estuve de acuerdo y suscribí el proyecto; hoy no lo estoy y no me parece aceptable.

La modificación propuesta —la de ayer y la de hoy— cambia el régimen vigente (que consiste en que el Presidente puede elegir para General a los coroneles que se encuentren en el tercio superior de la lista de los que están aptos para ascender) por otro régimen en el cual todos los coroneles que están aptos para ascender pueden ser designados por el Presidente. En el fondo la diferencia consiste en que un sistema permite a los militares (la estructura militar, sus jerarquías, los tribunales de ascenso, etc.) retener cierta injerencia en los ascensos y el otro sistema los excluye, dejándolo todo en manos del Presidente de la República. Es una cuestión de confianza.

El argumento de Doña Azucena Berrutti, la ministra de Defensa, de que lo que se pretende es darle mayor libertad al Presidente, no es más que un sofisma casero. Se trata de confianza o no tanto. Por ese motivo a mí me parecía bien la medida allá en 1985, porque en ese momento, recién abandonado el poder que habían usurpado, no teníamos confianza en los militares. Pasados treinta años las circunstancias son otras: no se puede seguir desconfiando, sobre todo tomando en cuenta que los mandos militares han dado muestras específicas y recientes de subordinación y de poner de su parte lo necesario para hacerse acreedores de confianza.

En ese mismo nivel de la confianza se inscribe el sonado episodio del subsecretario de Defensa Dr. Bayardi. Sus expresiones —públicas o en el cuartito, lo mismo da y; basta de justificar el doble discurso!— tienen un contenido no de censura sino de desconfianza. Da exactamente lo mismo que ese señor se quede en el cargo o se vaya: en cualquier hipótesis nunca más tendrá el respeto del personal militar.

El restablecimiento de la confianza —no sólo interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas sino entre los seres humanos de carne y hueso que componen la dirigencia política y los comandantes— es algo necesario. No sólo es necesario como asunto de buen funcionamiento institucional sino como estadio superior de maduración cívica en el seno de una nación que tiene un pasado vergonzoso en la materia. Aun si se considerase que los militares tienen alguna cuenta pendiente, es una infamia buscar saldarla a través de la humillación.

El restablecimiento de la confianza mutua es un requisito para empezar el estudio de una actualización de la doctrina militar. Apaciguados los ánimos se abren preguntas sobre las hipótesis de utilización de las Fuerzas Armadas, sobre el destino de los recursos presupuestales (el Ministerio de Defensa gasta más que la Fuerza Aérea o la Marina), sobre el tamaño relativo de cada una de las fuerzas (la protección del espacio aéreo y de las aguas territoriales es pobrísima mientras que la protección terrestre parece excesiva para los tiempos). En fin, que la política de defensa debe empezar a figurar en los debates políticos y en el discurso de los gobernantes.

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