Julio María Sanguinetti
Julio María Sanguinetti

¿Qué está pasando?

Es imposible enfrentar una enfermedad sin un diagnóstico adecuado. Es más, si se la niega, cualquier ser humano pone en riesgo su vida.

No es distinto lo que le ocurre a las sociedades: si no reconocen sus males, difícilmente podrán superarlos.

Esto es lo que, en nuestro Uruguay, nos está pasando con la educación y, en estos días, de modo flagrante y explosivo, con la seguridad pública.

El año arrancó a razón de un homicidio diario y las balaceras parecen ser algo incorporado al paisaje urbano de nuestro país. No solo es Casavalle sino que hasta en Solymar caen asesinados dos jóvenes, a manos de un grupo agresor.

Todo indica que el narcotráfico está más activo que nunca y que bandas, más grandes o más pequeñas, actúan y rivalizan por el control de sus territorios. Esta es una palabra clave: controlar el territorio es lo que todos los especialistas que hemos oído hablar del tema consideran que es la primera prioridad en cualquier enfoque de seguridad ciudadana. Si la fuerza pública no es la dueña exclusiva de la situación, si no ejerce el "monopolio de la violencia" que Max Weber definía como condición esencial del Estado, estamos en serios problemas. Y no otra cosa es lo que ha pasado en Casavalle, donde una de esas bandas echó de sus casas, por la fuerza, a 110 personas. La noticia se publicó, fue comentada un día y desapareció de las candilejas. Conceptualmente, sin embargo, es lo peor que puede ocurrirle a un Estado de Derecho: que exista una fuerza que, de hecho, ejerza su propia violencia.

En otro plano, menos estridente pero revelador de la misma actitud de deserción del Estado, es lo ocurrido con el llamado "corralito" mutual. Como había una actividad ilícita de captación de clientes para el cambio de sociedad mutualista, simplemente se eliminó el derecho de los ciudadanos a elegir entidad. Dicho de otro modo: el Estado se declaraba impotente para prevenir y reprimir una actividad de esa naturaleza (que no refiere a gente armada ni peligrosa) y en consecuencia se privó del derecho a elegir a la generalidad. También la noticia pasó y poco o nada se dijo sobre esa confesión paladina de debilidad de la autoridad pública.

En estos fenómenos de violencia que estamos viendo, da la impresión de que hay una influencia importante del narcotráfico. No hay noticias fehacientes al respecto. La última encuesta oficial sobre consumo, publicada en 2016, recoge un trabajo de campo del 2014, o sea que no hay mayor idea de lo que ha ocurrido luego de la legalización de la marihuana. Aquella investigación considera que hay 147.000 personas que han consumido el cannabis una vez en el año y que unas 50.000 son consumidores habituales. Lo que nos estaría diciendo que la mitad de ellos no están habilitados, porque el registro de adquirentes está en 18.961, más los 7.844 autocultivadores y quienes integran los clubes.

En la encuesta se considera a mayores de 18 años, cuando el tema más grave es el de los menores de esas edad. Todos los estudios científicos mundiales son contestes en señalar los enormes daños para la salud que produce el consumo de marihuana, cuando se empieza a temprana edad. En el Uruguay de hoy la juventud no tiene la menor idea de esa situación de salud. Se sabe lo que ocurre con el tabaco o el alcohol, pero la información sobre el cannabis no solo es insuficiente sino que hoy día viene envuelta en una confusión publicitaria sobre sus usos medicinales que da la impresión de que es la nueva maravilla. Por otra parte, no hay información confiable sobre el consumo de otras drogas, especialmente las sintéticas, en aparente ascenso.

No se trata, entonces, de negar sino de investigar con más profundidad .Y no hacer lo que se hace oficialmente, que es festejar que aumenta el número de consumidores de marihuana, mientras —en el plano más amplio del delito— se celebran resultados inexistentes. O simplemente se miente, al decir que las rapiñas nunca bajaron desde el retorno a la democracia, cuando bajaron en 1988, 1998, 2001 y 2003. Y no se dice que luego de la crisis económica de 2002 las rapiñas eran 6.993, ya habían subido a 12.000 cuando se hizo cargo el Ministro Bonomi y hoy andan aproximadamente en 20.000.

No se trata de cuestionar el esfuerzo policial, sostenido por la población contribuyente: se están pagando 31 mil funcionarios, con un presupuesto anual sin precedentes, de 900 millones de dólares. A los que se agregan 23 mil guardias privados de seguridad y una red de 60.000 Vecinos Alerta, que contribuyen activamente. El dinero está pero la realidad sigue mostrando un problema tremendo, cuya raíz no se alcanza a develar. No se aclara el 40% de los homicidios ni el 90% de las rapiñas. Tiene razón, entonces, el Fiscal Zubía, cuando habla de una "cultura de la impunidad" que está instalada en los sectores marginales de la población.

Hasta asombra la facilidad con que se desprecian los homicidios "por ajuste de cuentas", como si fueran vidas de menor valor y como si no fueran el testimonio dramático de organizaciones delictivas que viven en la sombra de la clandestinidad.

El verano a todos los uruguayos nos agrada. El sol nos inspira. El país se llena de simpáticos turistas y como no hay Parlamento, pocos discusiones resuenan. Pero esta ola de asesinatos de estos días, está reclamando un debate a fondo e investigaciones más profundas, que realmente revelen la real radiografía de una sociedad uruguaya agrietada, en que el sector de marginalidad se profundiza día a día por los pésimos resultados de la educación pública.

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