Pasada la LUC en el Senado, vuelve al tapete el pedido de desafuero formulado por un Fiscal contra el senador Guido Manini Ríos.

De inmediato afloran improvisadas reacciones que, por razones políticas o de preferencia personal, desencuadran el enfoque y transforman una situación institucionalmente muy seria en una farsa de debate sobre simpatías o antipatías hacia el senador Manini.

Ante todo, digamos que el fuero parlamentario es una institución universal, que viene desde Roma para proteger la independencia de los parlamentos. No es un privilegio personal del legislador, como muchas veces se suele pensar, sino una garantía para que la voluntad del Parlamento no pueda coaccionarse por un abuso de autoridad de los demás poderes, sea el Poder Ejecutivo o aun el Judicial.

Hay quienes dicen que esto ya es antiguo y se equivocan. Vivimos tiempos, en el mundo entero, de judicialización de la política y, por lo tanto, más que nunca, hay que preservarle al Parlamento garantías que pueden ser fácilmente vulneradas. Para entenderlo, basta observar situaciones bien recientes que se han dado en Argentina o los caracoleos que tuvo que hacer el propio Maduro para atropellar a su Parlamento y no quedar así expuesto, co-mo quedó, a la condición formal de dictador.

Por eso nuestra Constitución, desde 1830, dice que el legislador no puede ser arrestado ni acusado criminalmente, salvo que los dos tercios de su Cámara entiendan que “hay lugar a formación de causa”. No basta el requerimiento de un Fiscal o un Juez, sino que una mayoría especial es la única que puede levantar el fuero.

Por lo mismo, no es relevante que la persona acusada diga, como en el caso, que él “no se ampara en el fuero”. Puede entenderse como una reacción ética personal pero sin valor, porque el dueño del fuero es el cuerpo y no él. Pasa a ser ya un error mayor cuando se dice que si los legisladores afines al senador Manini se suman a ese criterio y votan el desafuero, entonces el resto quedamos obligados a hacerlo. Sería gravísimo que esos Senadores renunciaran a su juicio independiente, como Senadores, por una solidaridad política o personal no bien entendida. Ni hablar de que el alineamiento político de partidos, que también se escucha, es muy lamentable.

Aun un pronunciamiento muy personal de nuestro colega Mujica, contrario al desafuero, no se ajusta al concepto cuando dice que no quiere generar una “víctima”.

El tema, como dice Óscar Bottinelli, Profesor Grado 5 de Sistemas Políticos, es algo muy grave porque “un país cuyo parlamento se instala borrando un noveno de la representación de la ciudadanía, ensucia su calidad de democracia plena”. Podríamos matizar este juicio, pero lo que es evidente es que un Senador recién electo por 268 mil ciudadanos, y que no hay duda que lo votaron a él personalmente, solo por causas delictivas muy claras podría ser privado del mandato que, nos guste o no, le dio la ciudadanía.

El Partido Colorado ha actuado siempre con objetividad y por eso, en agosto de 2011, votó en contra el pedido judicial de desafuero del senador Nin Novoa, exvicepresidente de la República, acusado de omisiones en las declaraciones juradas de su patrimonio. Las tales omisiones estaban comprobadas, pero estimando que no se evidenciaba una real intención delictiva, nuestros Senadores votaron en contra, con una sólida intervención del senador Ope Pasquet, inspiradas en nuestro maestro Justino Jiménez de Aréchaga

En el caso, la cuestión nace de que el procesado y preso José Gavazzo, en el curso de las sesiones de un Tribunal de Honor, reconoció un delito repudiable, sin que se diera cuenta de inmediato a la Justicia. El Fiscal le atribuye responsabilidad al entonces Comandante del Ejército por una demora en la denuncia, que en todo caso no tenía ninguna consecuencia porque el imputado estaba condenado y preso para años de años. No se produjo un ocultamiento, pues esas actas del Tribunal de Honor fueron elevadas al Ministerio que, a su vez, las envió a la Presidencia de la República. Así consta por la declaración pública que hizo el titular de la cartera al elevar personalmente los antecedentes, con expresa referencia a la situación. La denuncia la recibe el Secretario de la Presidencia y luego el Presidente de la República aprueba, con su firma, el laudo del Tribunal, sin informar a la justicia. O sea que el “ocultamiento”, la omisión de denuncia, se consumó allí.

De todo esto nos enteramos por la denuncia de un periodista, el Sr. Leonardo Haberkorn. Y de no mediar, cuando la Comisión reciba la documentación respectiva, modificaciones esenciales de este relato, estaríamos ante una situación en que, si alguna responsabilidad le cabe al entonces Comandante en Jefe del Ejército, sería incuestionable la del Secretario de la Presidencia y la del propio Presidente. Que el Fiscal pida solo la “formación de causa” para el hoy senador Manini debiera llevar a meditar mucho a los señores Senadores. Si la pidiera para todos, podría ser discutible (porque no se advierte una clara intención delictiva), pero cuando ostensiblemente desnivela las responsabilidades de un modo arbitrario, nos deslizamos a una situación por lo menos inexplicable.

Volvamos al principio. Esto no es más o menos repudio a Gavazzo, ni simpatía o antipatía al General Manini. Es otra cosa, institucional. Como dice Bottinelli, “no hay dudas que rechazar el desafuero puede no ser lo políticamente correcto ante una gran parte de la opinión pública. La encrucijada del sistema político en este caso es si buscar el aplauso circunstancial de la tribuna o jugar a la defensa de las bases de la institucionalidad”.