En Ecuador hay 5 medios estatales, 8 gubernamentales, uno paraestatal y a estos se agregan los incautados, que suman hasta la fecha, 14. Un total de 27 medios que responden al gobierno, aparte de los que se vieron obligados a cerrar o vender por las persecuciones a periodistas y propietarios y las trabas de distinto tipo; legales, judiciales, de discriminación en la publicidad oficial.

En Ecuador hay 5 medios estatales, 8 gubernamentales, uno paraestatal y a estos se agregan los incautados, que suman hasta la fecha, 14. Un total de 27 medios que responden al gobierno, aparte de los que se vieron obligados a cerrar o vender por las persecuciones a periodistas y propietarios y las trabas de distinto tipo; legales, judiciales, de discriminación en la publicidad oficial.

Además de los que se financian exclusivamente con publicidad oficial, (con dinero de los contribuyentes) y editorialmente están alineados con el poder, existe una red de 300 emisoras y canales de TV que según la Secretaría de Comunicaciones, reproducen los mensajes y enlaces del gobierno a escala regional, provincial y cantonal. La ley Orgánica de Comunicación, aprobada en junio de 2013 redujo el espacio del sector privado y creó el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

Para tener una idea de lo que esto significa, basta mirar el último informe de Fundamedios, donde se indica que el 14 de marzo el Presidente Correa descalificó al diario La Hora y ordenó al Secom que actuara, para obligar al rotativo a rectificarse. El 13 de marzo Secom sancionó con multa a Radio Atalaya. El 12 de marzo, Secom multó de oficio a Radio Canela, el 11 de marzo sancionaron con amonestación escrita a la estación radial Ondas Asuayas. también el 11 de marzo, multaron a Radio Fútbol FM. El 12 de marzo el Cordicom, expresó su “inquietud” por el tratamiento informativo sobre una medida económica. El 6 de marzo, el Supercom amonestó por vía escrita al diario El Comercio por no respetar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, sobre derecho de réplica.

Se necesitarían varias páginas para seguir ampliando lo que ocurre en buena parte de nuestro continente como por ejemplo, en Venezuela, donde el gobierno cerró y expropió a Radio Caracas Televisión, así como a otros 5 canales de cable, 34 radioemisoras y echó a NTN 24 de Colombia. La que con admirable dedicación sigue poniendo esfuerzo e ingenio para continuar su misión de informar, gracias a una red de “ciudadanos periodistas” y la habilidad técnica de su equipo para sortear las barreras tecnológicas que les aplican para impedirles sus comunicaciones. El gobierno de Maduro maneja a los medios estatales financiados con fondos públicos, como meros aparatos de propaganda. Creó además, 238 radios, 28 televisoras, 340 medios impresos, 125 sitios de internet y 3 agencias de noticias. Otros cambiaron de propiedad y de línea editorial, colocándose a favor del poderoso, caso Globovisión y los diarios Últimas Noticias y el Universal. Es larga la lista negra, de gobiernos decididamente contrarios a la libertad de expresión, entre los que figuran también los de Argentina, Bolivia, Guatemala y varios países del Caribe. Y Cuba que merece un lugar aparte, por ser el decano con más de medio siglo de dictadura y absoluta censura.

Una vez más fueron denunciados con fundamentada documentación, en la reciente cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Panamá, donde el discurso del nuevo Presidente del país anfitrión cayó como un bálsamo, un canto de esperanza. Juan Carlos Varela, no solo firmó la Declaración de Chapultepec con su decálogo de principios esenciales para la libertad de expresión, hecho por la SIP en 1994, sino que se comprometió públicamente a ser portavoz de los reclamos e inquietudes de la prensa independiente en la próxima VII Cumbre de las Américas a celebrarse en esa ciudad en abril. El actual Presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme, le solicitó en nombre la institución, una intervención activa dirigida a los jefes de Estado, para que la discusión y el acuerdo que de allí surja lo haga en un marco de respeto y garantías para esas libertades, tal como lo estipulan los tratados internacionales.

Más allá de la tragedia que supone la cantidad de periodistas que mueren en cumplimiento de su trabajo, (10 personas perdieron la vida en los últimos 6 meses) y la indignante impunidad que suele rodear estos asesinatos, la libertad de expresión en Latinoamérica se encuentra doblemente jaqueada. Por un lado, el crimen organizado y su crueldad sin límites y por otro, los gobiernos populistas, que disfrazados con el ropaje democrático al haber pasado por las urnas, se han ido enquistando en esta región continental. Los cuales actúan con la misma impunidad que los maleantes, ya que los gobernantes vecinos que no comulgan en esa misma fe autoritaria, demuestran una tibieza lamentable. Tal como se vio con la reciente resolución de la Unasur que no tuvo ni un párrafo donde se expusiera una crítica explícita, a los abusos de poder en la actual Venezuela, con el encarcelamiento de políticos opositores, de manifestantes e inclusive las decenas de jóvenes muertos a manos de la represión.

Cobra extraordinaria vigencia lo expuesto por el canciller Eduardo Rodríguez Larreta en 1946, la Doctrina Larreta, así como los intentos del político venezolano Rómulo Betancourt, por procurar una política común entre los países, vía distintas presiones, contra estas seudo democracias.